La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha elevado esta semana su voz de protesta contra el Tribunal Supremo por el retraso en la publicación de la motivación jurídica de la sentencia que condena al fiscal general del Estado, García Ortiz. A través de un comunicado oficial, la organización que agrupa a miembros del Ministerio Público ha expresado su "preocupación" por el hecho de que, transcurridos más de ocho días desde el anuncio del fallo condenatorio, la ciudadanía y el propio afectado desconozcan aún los argumentos que fundamentan una decisión de tal calibre.
El texto, difundido este viernes, pone de manifiesto lo que considera una anomalía procesal que afecta a los cimientos del Estado de derecho. Según la UPF, la ausencia de fundamentación pública mantiene a la sociedad española en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia. La asociación, que precisamente contó con García Ortiz como portavoz antes de su nombramiento en Madrid, no oculta su malestar ante una situación que califica de sin precedentes.
Uno de los argumentos centrales del comunicado radica en la naturaleza procesal de este caso. La UPF establece una clara distinción entre los procedimientos de casación, donde el Supremo revisa sentencias ya motivadas de tribunales inferiores, y el actual, donde el alto tribunal actúa como juez de primera y única instancia. En casos como los de Asunta, la Manada o los ERE, el Tribunal ya contaba con una resolución previa que había valorado pruebas y expuesto razonamientos. Sin embargo, en el proceso contra el fiscal general no existe tal antecedente.
"En un recurso de casación el Tribunal Supremo revisa una sentencia previa que ya está motivada y ha valorado las pruebas. Pero en este procedimiento no existe ninguna resolución anterior: el Supremo es el único tribunal que juzga, condena y motiva", subraya el comunicado. Esta particularidad convierte la publicación inmediata de la motivación en un requisito esencial, ya que no hay instancia superior que pueda corregir o revisar la decisión. La falta de transparencia, por tanto, deja sin respuesta la pregunta fundamental: ¿por qué se condena?
La gravedad del caso no radica únicamente en su singularidad procesal. La UPF recalca que este es el primer proceso penal en la historia democrática española contra un fiscal general del Estado en activo, una circunstancia que confiere a todo el procedimiento una trascendencia institucional excepcional. La persona que encabeza una institución constitucional tan relevante como el Ministerio Público merece, según el razonamiento de la asociación, el máximo respeto a las garantías procesales.
Precisamente por esta razón, la UPF insiste en que una condena debe dictarse exclusivamente conforme a la ley, no influenciada por percepciones externas ni presiones mediáticas o políticas. El comunicado advierte que cualquier desviación de este principio erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia y establece un precedente peligroso para futuros procesos contra altos cargos del Estado.
El término "violencia institucional" aparece con contundencia en el texto. La asociación de fiscales sostiene que privar al condenado y a la ciudadanía del conocimiento de los fundamentos de la sentencia constituye una forma de violencia ejercida desde las propias instituciones. "Quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional", afirma el comunicado.
Esta expresión, de gran potencia simbólica, implica que se está atribuyendo la máxima responsabilidad penal posible en el ámbito del Ministerio Público sin que se hayan hecho públicos los argumentos que justificarían tan excepcional severidad. La UPF considera que este hecho genera un daño institucional y personal difícilmente reparable, tanto para el afectado como para la credibilidad del propio sistema judicial.
La petición final del comunicado es clara y directa: la Unión Progresista de Fiscales solicita públicamente al Tribunal Supremo que de a conocer de inmediato la sentencia completa con su correspondiente fundamentación jurídica. Solo así, argumentan, podrá restablecerse la normalidad institucional y recuperarse la confianza en la transparencia del proceso.
La identidad de la UPF cobra especial relevancia en este contexto. No solo porque García Ortiz formara parte activa de esta asociación antes de su designación como fiscal general, sino también porque entre sus miembros se encuentra Teresa Peramato, quien precisamente asumirá el relevo al frente del Ministerio Público. Esta circunstancia añade una capa adicional de complejidad al posicionamiento, ya que la organización habla tanto en defensa de un excompañero como de la futura titular de la institución.
El debate sobre los plazos de publicación de sentencias en el Tribunal Supremo no es nuevo, pero adquiere una dimensión distinta cuando afecta a un alto cargo del Estado. Los expertos en derecho procesal coinciden en que, si bien el alto tribunal tiene margen para redactar sus resoluciones, la transparencia y celeridad son esenciales en casos de máximo interés público. El silencio prolongado puede generar especulaciones y alimentar teorías que, justificadas o no, dañan la percepción de imparcialidad del órgano judicial.
Desde la óptica de la UPF, el daño ya está hecho. Cada día que pasa sin la publicación de la motivación se agrava la incertidumbre y se profundiza la sensación de que el proceso no ha seguido los estándares democráticos exigibles. La asociación deja entrever que esta situación podría sentar un precedente preocupante para futuros procesos contra altos funcionarios, donde la presión mediática y la opinión pública ejerzan una influencia indebida en el ritmo y la forma de las resoluciones judiciales.
La respuesta del Tribunal Supremo a esta petición pública será un indicador importante de su disposición al diálogo con el colectivo de fiscales. Mientras tanto, la UPF mantiene su posición firme: sin la publicación completa de la sentencia, no puede darse por concluido un proceso que, por su naturaleza, exigía extremar las garantías desde el primer momento. La institución que representa a los fiscales en España ha marcado así una línea roja en lo que considera una cuestión de principios básicos para la salud democrática del país.