El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha cuestionado públicamente la decisión del Tribunal Supremo de anunciar la condena contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de hacer pública la sentencia con sus fundamentos. En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, Garzón calificó de "irregular" este procedimiento en un caso de tanta relevancia institucional.
La polémica se desató el pasado martes cuando el alto tribunal comunicó que condenaba al máximo representante del Ministerio Fiscal a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros para Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. Sin embargo, la resolución aún no ha sido plasmada por escrito y los motivos que justifican la condena permanecen desconocidos.
Garzón explicó a la periodista Silvia Intxaurrondo que existen únicamente dos circunstancias excepcionales en las que podría justificarse adelantar un fallo antes de su redacción completa. "Uno, cuando es absolutorio y, consecuentemente, si estuviera privado de libertad hay que ponerlo en libertad desde el momento que se sabe que está absuelto", detalló el jurista. La segunda excepción se produce "cuando estando en libertad va a ser condenado, para evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia".
El exmagistrado recordó que en la Audiencia Nacional "se comunicaba que había condena por telegrama, informalmente, y se condenaba para que no se fugue". Sin embargo, en su opinión, ninguna de estas situaciones se aplica al caso del fiscal general, que permanece en libertad y cuya condena no implica riesgo de fuga.
Irregularidad en un caso de trascendencia
"La polémica se ha hecho generalizada llegando incluso a la renuncia del fiscal general sin conocer todavía los motivos por los cuales ha sido condenado. Es irregular", sentenció Garzón con contundencia. El exjuez considera que la gravedad institucional del caso exigía un procedimiento más riguroso y transparente.
La periodista le interrogó sobre el procedimiento habitual en el Tribunal Supremo, recordando las palabras del jurista Joaquim Bosch, quien había explicado que normalmente se delibera sobre un borrador, luego se redacta la sentencia y finalmente se da a conocer la decisión. Garzón confirmó esta secuencia y profundizó en los detalles del proceso.
"Siempre se convoca para deliberación y fallo. Probablemente se ha ido deliberando parte a parte durante las sesiones, se hace cuando los juicios son amplios y se van tomando decisiones", explicó. Sin embargo, lo habitual es que tras la deliberación se proceda a la redacción de la sentencia, especialmente cuando existen discrepancias entre los magistrados.
La cuestión de la ponencia en minoría
Garzón puso especial énfasis en un escenario particularmente delicado: cuando la ponencia queda en minoría. "Mucho más si la ponencia es la que se queda en minoría, es decir que la magistrada que iba a redactar la sentencia tenía una idea absolutoria y la mayoría cambia a una sentencia condenatoria, hay que dejar un margen para que los razonamientos se puedan redactar", argumentó.
Esta situación, según el exmagistrado, implica "una mayor dilación" en la elaboración de la sentencia, pero es necesaria para garantizar la calidad y fundamentación de la decisión judicial. El hecho de que el Supremo haya adelantado el fallo sin esperar a esta redacción minuciosa es, en su opinión, un signo de irregularidad.
El argumento de las filtraciones
Uno de los razonamientos esgrimidos para justificar el adelanto del fallo habría sido evitar posibles filtraciones. Garzón rechazó tajantemente esta justificación: "El argumento que parece ser que se ha dado, de que con esto se evitaban filtraciones, es revertir hacia el acusado una obligación del propio tribunal".
El jurista fue contundente al señalar que "el tribunal tiene la obligación de que no se filtre. Parece que se da por hecho que ellos mismos los van a filtrar. Que entonces tomen las medidas correspondientes para que no se filtre". En otras palabras, la responsabilidad de mantener la confidencialidad recae exclusivamente sobre el tribunal, no puede trasladarse al procesado.
Impacto institucional
La decisión del Tribunal Supremo ha generado una crisis institucional sin precedentes, con la renuncia del fiscal general antes de conocerse los fundamentos de su condena. Garzón considera que este hecho demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de que el alto tribunal explique su procedimiento.
El exmagistrado, conocido por su defensa de la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia, insiste en que la confianza en las instituciones se construye mediante procedimientos claros y rigurosos. La comunicación prematura de un fallo sin sus motivos, especialmente en un caso que afecta al máximo representante del Ministerio Fiscal, erosiona esa confianza.
La polémica ha llegado incluso a provocar la renuncia del fiscal general sin que se conozcan los motivos de su condena, lo que para Garzón es el síntoma de una "irregularidad" procesal que debería haberse evitado. El exjuez insta al Tribunal Supremo a asumir su responsabilidad y a garantizar la confidencialidad del proceso sin sacrificar la transparencia que exige una sociedad democrática.
El caso ha puesto de manifiesto las tensiones entre los poderes del Estado y ha reabierto el debate sobre los procedimientos del alto tribunal. La comunidad jurídica espera ahora que se publique la sentencia completa para poder evaluar si la condena está debidamente fundamentada y si el procedimiento seguido, a pesar de las críticas de Garzón, respetó los principios del debido proceso.
Mientras tanto, la imagen de la justicia española se ve afectada por una polémica que, según el exmagistrado, podría haberse evitado con un procedimiento más cuidadoso y respetuoso con las garantías procesales. La lección, concluye Garzón, es que la transparencia y la rigurosidad no son opcionales en asuntos de tanta trascendencia institucional.