La declaración judicial de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional ha generado una seria de repercusiones políticas tras las afirmaciones que habría realizado sobre el ministro Ángel Víctor Torres. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, el comisionista vinculado a la empresa Soluciones de Gestión habría manifestado que el titular de la cartera de Política Territorial mantenía una supuesta obsesión por acceder a un puesto en el Gobierno central durante el año 2020, utilizando como moneda de cambio los contratos públicos de material sanitario gestionados desde Canarias.
El empresario, que este miércoles prestó declaración durante aproximadamente una hora en el marco de la investigación por el caso de las mascarillas, salió del tribunal con escasas declaraciones para los medios de comunicación. Ante las preguntas de los periodistas, se limitó a indicar que había respondido a todas las cuestiones planteadas por el juez, el fiscal y las diferentes partes implicadas en el proceso. No obstante, fuentes consultadas por esta redacción confirman que su testimonio ha aportado nuevos elementos de juicio sobre la presunta trama de influencias que operaba durante la pandemia.
Uno de los aspectos más controvertidos de su intervención judicial habría sido la descripción de cómo Torres presuntamente presionaba al entorno del exministro José Luis Ábalos para conseguir una promocien ministerial. De Aldama habría indicado que estas presiones incluían el recordatorio constante de los supuestos favores realizados en la adquisición de mascarillas y test desde el archipiélago canario hacia empresas relacionadas con la trama bajo investigación.
La estructura de pagos mensuales que la investigación atribuye a la organización también ha sido confirmada por el comisionista en su testimonio. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa de De Aldama entregaba 10.000 euros cada mes a Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes, a cambio de acceso privilegiado a adjudicaciones públicas en diferentes administraciones, incluida la canaria. Este sistema de comisiones habría facilitado la consecución de varios contratos millonarios para la provisión de material sanitario en plena crisis sanitaria.
El empresario habría justificado estos pagos como una inversión para que el círculo de influencia del exministro Ábalos le abriera las puertas de todas las instituciones públicas relevantes. La investigación señala que esta red de contactos le permitió participar en múltiples procesos de contratación urgentes derivados de la emergencia sanitaria, obteniendo beneficios sustanciales a través de intermediaciones opacas.
Otro de los puntos clave que habría ratificado De Aldama en su declaración es el encuentro personal mantenido con Torres en Madrid el 15 de julio de 2020. Esta reunión tuvo lugar justo antes de una cena programada entre el entonces presidente del Gobierno de Canarias y el exministro Ábalos en el conocido restaurante de comida vasca Jai Alai. La UCO ya había recogido en su atestado un mensaje electrónico enviado por el comisionista al día siguiente, en el que le ofrecía ponerle en contacto con Megalab, laboratorio que posteriormente habría resultado vinculado a la trama.
Las fuentes jurídicas consultadas destacan que el testimonio de De Aldama ha sido especialmente relevante por la presión ejercida por la Acusación Popular y el Ministerio Fiscal, quienes han llevado el grueso del interrogatorio. Sin embargo, existe discrepancia sobre si el empresario ha aportado documentación física en esta comparecencia. Mientras su entorno inicialmente sugirió la presentación de pruebas documentales, varias fuentes presentes en la sala han desmentido esta versión, asegurando que no se ha incorporado ningún papel al sumario.
Esta contradicción ha generado cierta expectación sobre la estrategia defensiva de De Aldama, quien ha preferido mantener un perfil bajo tras salir del tribunal. Su declaración se enmarca en una investigación más amplia que ya ha provocado graves imputaciones para exaltos cargos del Gobierno y empresarios intermediarios en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El caso ha puesto de manifiesto las presuntas irregularidades en la contratación urgente llevada a cabo por diferentes administraciones, donde la falta de controles rigurosos habría permitido la instalación de redes clientelares que se lucraron con la emergencia sanitaria. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas comparecencias que podrían arrojar más luz sobre la estructura de influencias y los beneficiarios finales de estos contratos.
El ministro Torres, por su parte, no ha realizado declaraciones públicas sobre este nuevo giro en la investigación, aunque fuentes de su entorno han trasladado su tranquilidad respecto a la presunta falta de pruebas documentales. No obstante, la gravedad de las acusaciones realizadas en sede judicial y la supuesta confirmación de reuniones y contactos con el comisionista mantienen la incertidumbre sobre su posición en el Gobierno.
El desarrollo de esta causa judicial demuestra la complejidad de las redes de influencia que se tejieron durante uno de los momentos más críticos de la reciente historia española, cuando la urgencia por adquirir material sanitario se convirtió en una oportunidad para estructuras opacas que operaban al margen de la legalidad. La declaración de De Aldama, con sus luces y sombras, representa una pieza más en el puzzle que la justicia está intentando recomponer para esclarecer los hechos.