La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia que condena a dos años de prisión a los productores televisivos Óscar Cornejo y Adrián Madrid, fundadores de La OSA Producciones. La resolución judicial, que ha trascendido este martes, les considera "autores criminalmente responsables" de un delito de revelación de secretos por haber difundido en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva un episodio protagonizado por Rocío Flores cuando aún era menor de edad.
La condena, además de la pena de prisión, incluye una indemnización de 200.000 euros a favor de la joven y una inhabilitación especial de dos años para el ejercicio de su profesión. Este castigo afecta directamente a los responsables de programas como Malas lenguas y Directo al grano en La 1, además de No somos nadie en TEN, consolidando su posición en la televisión pública tras el fracaso comercial de La familia de la tele.
Los hechos se remontan a la emisión del polémico documental en Telecinco durante 2021, donde se expuso una sentencia judicial de Rocío Flores Carrasco correspondiente a su etapa de menor. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores interpuso una demanda contra ambos productores, argumentando que se había vulnerado su derecho a la intimidad y a la protección de datos sensibles de su minoridad de edad. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid decidió archivar la causa, pero la determinación de Flores Carrasco de recurrir ante la Audiencia Provincial ha culminado en esta condena firme.
Desde La OSA Producciones han emitido un comunicado mostrando su sorpresa y desacuerdo con la resolución judicial. "Nuestros fundadores se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia", afirman en la nota, subrayando que la sentencia "no es firme" y que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo legal de diez días. La empresa defiende que los hechos "no constituyen un delito de revelación de secretos" y recuerda que tanto el archivo inicial como otros procedimientos similares contra diferentes medios fueron desestimados.
La confianza de La OSA en una futura revisión judicial se basa en que consideran que la difusión de la información estaba amparada en el interés periodístico del documental, que marcó un punto de inflexión en la programación de Telecinco y contribuyó a la desaparición de Sálvame, el programa estrella creado por ambos productores en su etapa en La Fábrica de la Tele. Sin embargo, la Audiencia ha estimado que la protección de la intimidad de un menor prevalece sobre ese interés informativo.
La responsabilidad no recae únicamente en los productores. La sentencia también ha condenado a Mediaset España, titular de Telecinco y responsable de la emisión, y a Radical Change Contents, la productora encargada específicamente del documental y creada por Cornejo y Madrid. Ambas entidades deberán asumir responsabilidades civiles, aunque también podrán interponer recursos en los próximos diez días.
El caso ha generado debate en el sector audiovisual sobre los límites entre el interés público y la protección de datos de menores. Joaquín Prat, actual rostro de las tardes de Telecinco, reconoció en una entrevista con este medio que el documental provocó "un ambiente casi guerracivilista" en la cadena, refiriéndose a las tensiones internas generadas por la defensa que algunos profesionales hicieron de la decisión editorial.
La condena supone un precedente significativo en la jurisprudencia sobre derecho al honor e intimidad en el ámbito de la producción de contenidos televisivos. Mientras La OSA prepara su recurso, la industria contempla con atención las implicaciones de esta resolución, que podría afectar a futuros proyectos documentales que manejen información sensible de personas protegidas.
El futuro inmediato de Cornejo y Madrid pasa por la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, mientras continúan al frente de sus programas en la televisión pública. La sentencia, sin embargo, ya ha dejado su marca en un sector acostumbrado a navecar en la fina línea entre la libertad de información y los derechos individuales, especialmente cuando estos protegen a menores de edad.