Un nuevo incidente de violencia ha sacudido la capital estadounidense este miércoles, cuando dos miembros de la Guardia Nacional fueron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido a escasos metros de la residencia presidencial. El suceso, que tuvo lugar alrededor de las 14:15 hora local en una vía pública de Washington D.C., ha desencadenado una inmediata reacción política y una revisión de las políticas migratorias hacia ciudadanos de Afganistán.
El autor de los disparos, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, fue neutralizado y detenido en el acto. Tras el enfrentamiento, el joven fue trasladado a un centro hospitalario de la capital con pronóstico reservado. Según información de la cadena CNN, Lakanwal llegó a territorio estadounidense en 2021 mediante un programa de acogida establecido durante la administración Biden, y recientemente, en abril de 2025, había obtenido el estatus de refugiado bajo el gobierno actual de Trump.
Las circunstancias del ataque sugieren una acción premeditada contra el personal militar. Las autoridades locales han confirmado que el arma utilizada fue un rifle, no una pistola, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a considerar la hipótesis de un ataque deliberado. Testigos presenciales relataron que el agresor apareció repentinamente al doblar una esquina, levantó el arma de forma inesperada y abrió fuego contra los guardias, quienes aunque iban armados, no pudieron reaccionar a tiempo.
Jeffrey Carroll, responsable del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, detalló en una comparecencia que los guardias nacionales, a pesar de estar armados, resultaron heridos antes de poder responder. Aún se investiga quién efectuó el disparo que hirió al atacante. La alcaldesa de la ciudad intervino tres horas después del incidente para confirmar que la principal línea de investigación apunta a un crimen premeditado contra los efectivos militares.
La reacción del presidente Donald Trump no se hizo esperar. Aunque se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, celebrando la festividad de Acción de Gracias, el mandatario emitió un comunicado en el que calificó al agresor de "animal" y aseguró que "pagará un precio muy alto". El mensaje, publicado en redes sociales, expresó: "El animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!".
Tras conocerse la nacionalidad del detenido, Trump intensificó su retórica antimigrante. En un video oficial, el presidente calificó el suceso como "un acto de terror" y culpó directamente a su predecesor, Joe Biden, de haber permitido la entrada de Lakanlal en septiembre de 2021. "Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán", declaró Trump, anunciando una revisión exhaustiva de los ciudadanos afganos residentes en Estados Unidos.
La respuesta gubernamental fue inmediata. Apenas diez minutos después del mensaje presidencial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció mediante sus canales oficiales la suspensión de todas las solicitudes de inmigración procedentes de ciudadanos afganos. La medida, efectiva de inmediato, representa un endurecimiento significativo de la política migratoria hacia este colectivo.
El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad nacional y los programas de reasentamiento de refugiados. Durante la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, la administración Biden implementó un programa especial para evacuar y acoger a ciudadanos afganos que habían colaborado con las fuerzas estadounidenses. Este programa, diseñado para proteger a aquellos en riesgo por su cooperación, ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de Trump y sus aliados, quienes cuestionan los procesos de verificación.
La localización del ataque, a pocos metros de la Casa Blanca, ha generado preocupación sobre la seguridad perimetral de las instituciones federales. Aunque el presidente no se encontraba en el complejo, las autoridades activaron el protocolo de alerta roja de inmediato, movilizando unidades adicionales y reforzando los perímetros de seguridad. Expertos en seguridad nacional han señalado que este incidente expone vulnerabilidades en la protección de zonas de alto riesgo, incluso cuando los objetivos no son directamente el presidente o el complejo presidencial.
El estado de salud de los dos guardias nacionales heridos ha sido calificado como grave, y ambos permanecen ingresados en centros hospitalarios diferentes de la capital. El atacante también se encuentra en estado crítico, aunque bajo custodia policial. Las fuerzas de seguridad continúan investigando los motivos exactos del ataque y posibles conexiones con redes extremistas, aunque por el momento no se han encontrado vínculos con organizaciones terroristas conocidas.
Este suceso se suma a una serie de incidentes que han marcado el segundo mandato de Trump, caracterizado por una retórica dura contra la inmigración y la promesa de medidas de seguridad drásticas. La suspensión de trámites para ciudadanos afganos marca un precedente en la política migratoria estadounidense, que podría extenderse a otros grupos según la evolución de las investigaciones. La administración ha indicado que esta medida es temporal, pero no ha establecido un plazo para su revisión.
La comunidad internacional ha observado con preocupación la reacción estadounidense. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la posible estigmatización de los refugiados afganos, mientras que aliados de Estados Unidos en la región han instado a no generalizar la culpa sobre un colectivo entero por las acciones de un individuo. La ONU ha recordado que los acuerdos internacionales sobre refugiados protegen contra las deportaciones colectivas y las discriminaciones basadas en nacionalidad.
El tiroteo del miércoles no solo ha puesto en riesgo vidas humanas, sino que ha desatado una crisis política que cuestiona los fundamentos de las políticas de asilo y refugio. Mientras las investigaciones continúan, la administración Trump parece decidida a utilizar este incidente como justificación para una reforma migratoria más restrictiva, especialmente hacia aquellos provenientes de zonas de conflicto como Afganistán. Expertos legales advierten que tales medidas podrían enfrentar desafíos en los tribunales si se demuestra que discriminan por origen nacional.
La respuesta de los líderes del Congreso ha sido dividida. Los republicanos han respaldado la postura de Trump, exigiendo una investigación exhaustiva de todos los afganos admitidos desde 2021. Por su parte, los demócratas han advertido contra reacciones xenófobas que culpabilicen a toda una comunidad por el acto de una persona. El líder de la mayoría en el Senado ha anunciado que convocará audiencias para examinar los procedimientos de verificación de refugiados, mientras que los comités de seguridad nacional analizarán las implicaciones para la protección de instalaciones militares y gubernamentales.
El impacto emocional en la comunidad afgana estadounidense ha sido significativo. Múltiples organizaciones comunitarias han condenado el ataque, pero también han expresado temor a una reacción en cadena que pueda afectar a miles de familias que huyeron de la persecución talibán. Muchos de estos refugiados trabajan en sectores críticos, incluyendo las fuerzas armadas y la seguridad nacional, lo que complica aún más el debate sobre su estatus.
Las implicaciones a largo plazo de este incidente podrían redefinir el programa de refugiados estadounidense. La administración ha ordenado una revisión completa de los antecedentes de todos los afganos admitidos desde la caída de Kabul, un proceso que podría tardar meses y afectar a decenas de miles de personas. Mientras tanto, las solicitudes pendientes quedan congeladas, dejando en la incertidumbre a familias que esperan reunificación o protección internacional.