La negociación salarial entre el Gobierno y los principales sindicatos del sector público se ha estancado tras el rechazo de CC OO, UGT y CSIF a la propuesta oficial. Aunque el Ejecutivo ofrece un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028, la distribución de ese aumento —con un tope del 4% para los dos primeros años— ha generado fuertes resistencias. Los sindicatos consideran que esta estructura compromete el poder adquisitivo de los empleados públicos en 2026, lo que ha llevado a posponer la decisión hasta una nueva reunión el miércoles.
El núcleo del conflicto radica en la limitación impuesta por el Ministerio de Función Pública y Hacienda: solo se permitirá un aumento máximo del 4% acumulado en 2025 y 2026. Para mantener el poder de compra en 2025, sería necesario aplicar una subida retroactiva del 2,5%, lo que dejaría apenas un 1,5% para 2026. Este escenario, según los sindicatos, conllevaría una pérdida real de ingresos en el próximo ejercicio, algo inaceptable para los representantes de los 3,5 millones de trabajadores públicos.
La secretaria de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, ha explicado que las centrales han propuesto redistribuir parte del aumento previsto para 2027 y 2028 —un 7% acumulado— para reforzar el 2026. Concretamente, han solicitado trasladar medio punto porcentual al segundo año del acuerdo. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado esta modificación, manteniendo su postura inicial. A cambio, ha ofrecido una garantía importante: el 11% total no estará condicionado a variables como el IPC o el PIB, lo que asegura que el incremento se aplicará íntegramente al final del periodo.
Desde CSIF, el sindicato de funcionarios, han señalado que, aunque el acuerdo actual no es satisfactorio, existen elementos positivos en el texto negociado. Entre ellos, mejoras en permisos, promoción interna, atención en Muface, empleo y clasificación profesional. Además, el Gobierno ha comprometido la eliminación total de la tasa de reposición, una medida que facilitaría la estabilidad en la plantilla pública. CSIF ha anunciado que consultará a sus órganos de dirección antes de tomar una decisión definitiva.
La presión del Ejecutivo ha sido intensa. Fuentes cercanas a la negociación revelan que el objetivo era obtener el respaldo sindical este lunes para aprobar el acuerdo en el Consejo de Ministros del martes y abonar la subida de 2025 retroactivamente, con efectos desde el 1 de enero, en las nóminas de diciembre. Incluso se instó a los representantes sindicales a consultar con sus direcciones durante la noche si fuera necesario, con el fin de dar una respuesta antes de la reunión ministerial.
Sin embargo, los sindicatos han rechazado categóricamente la limitación del 4% en los dos primeros años. Consideran que hay margen para mejorar el acuerdo y confían en lograr un reparto más equilibrado en las próximas negociaciones. En caso de no alcanzar un consenso, el Gobierno ha dejado entrever una alternativa poco atractiva: no aplicar ninguna subida salarial en 2025 ni en años posteriores, dejando el futuro de los salarios atado a unos Presupuestos Generales del Estado cuya aprobación es incierta. Ante esta posibilidad, los sindicatos han advertido que convocarían una huelga general en el sector público en diciembre.
El optimismo que se percibía el viernes por la tarde, tras una reunión previa, no se ha traducido en un acuerdo. El Ministerio de Función Pública había dado un ultimátum a los sindicatos el jueves anterior: aceptar el 11% acumulado hasta 2028 con el reparto propuesto o no haber acuerdo. La respuesta ha sido negativa, y ahora se abre una nueva ventana de negociación con el objetivo de encontrar un equilibrio que garantice la estabilidad salarial sin sacrificar el poder adquisitivo en los próximos años.
En resumen, el conflicto no es sobre la magnitud del aumento —el 11% es aceptado como objetivo final—, sino sobre su distribución temporal. Los sindicatos exigen que el esfuerzo retributivo se reparta de forma más equitativa, especialmente en los años iniciales, para evitar una erosión del poder de compra. El Gobierno, por su parte, insiste en mantener un control presupuestario estricto, lo que ha generado un impasse que solo podrá resolverse con nuevas concesiones de ambas partes. La próxima reunión del miércoles será clave para determinar si se logra un acuerdo o si el sector público se encamina hacia una movilización masiva.