El 3 de enero se ha convertido en una fecha ineludible para la historia política de América Latina. Hace exactamente 35 años, las tropas estadounidenses capturaban en Panamá al general Manuel Antonio Noriega, poniendo fin a su régimen de más de dos décadas. En la actualidad, esa misma fecha vuelve a resonar con fuerza en el contexto venezolano, donde altos funcionarios de Washington no han dudado en trazar paralelismos explícitos entre ambos escenarios.
La coincidencia temporal no es mera anécdota. En noviembre de 2024, congresistas y miembros de la Administración Trump ya manejaban en los corrillos de la capital estadounidense la posibilidad de una intervención similar a la que sacudió Panamá en 1989. El objetivo: propiciar para Nicolás Maduro un final comparable al de su antecesor panameño. La operación que culminó con la captura de Noriega el 3 de enero de 1990 ha pasado a formar parte del imaginario político como precedente viable, algo que el senador republicano Lindsey Graham dejó claro en sus declaraciones públicas.
El legislador, una de las voces más autorizadas en materia de política exterior dentro del entorno trumpista, no anduvo con eufemismos: «Bush padre se cargó a Noriega en circunstancias parecidas. Hay un califato de la droga en nuestro vecindario que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para Venezuela y para Estados Unidos». Esta contundencia refleja una línea de pensamiento que gana terreno en determinados sectores del establishment estadounidense, donde la guerra contra las drogas se entrelaza con objetivos geopolíticos de primer orden.
Las similitudes entre ambos casos resultan evidentes, pero también es preciso analizarlas con matices. Noriega gobernaba Panamá con puño de hierro desde 1983, tras acumular poder en la Guardia Nacional. Su relación con Washington había sido compleja: colaborador de la CIA durante años, su utilidad decayó cuando los escándalos de corrupción y narcotráfico se hicieron insostenibles. En 1988, dos tribunales de Florida lo acusaron formalmente de tráfico de drogas, sentando las bases para lo que vendría después.
La operación «Just Cause», lanzada el 20 de diciembre de 1989, representó uno de los episodios más controvertidos de la política exterior estadounidense en la región. Más de 26.000 soldados desembarcaron en territorio panameño con la misión oficial de «proteger a los ciudadanos estadounidenses, defender la democracia y combatir el narcotráfico». El saldo humano sigue siendo objeto de debate: documentos desclasificados posteriormente hablan de 202 civiles y 314 militares fallecidos, aunque organizaciones de derechos humanos cifran las víctimas en cientos más.
Noriega logró eludir la captura durante varios días, refugiándose en la sede de la Nunciatura Apostólica hasta que las presiones diplomáticas y psicológicas —incluida la tortura sonora con música rock a todo volumen— le obligaron a entregarse el 3 de enero de 1990. Su juicio en Miami y condena a 40 años de prisión marcaron un antes y un después en la percepción de la soberanía latinoamericana.
El caso Maduro, aunque comparte elementos comunes, se desarrolla en un contexto geopolítico radicalmente distinto. Las acusaciones de narcoterrorismo contra el líder chavista provienen del Departamento de Justicia estadounidense, que ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. La Administración Trump ha identificado repetidamente a Venezuela como pieza clave de una supuesta alianza criminal regional que incluiría a Cuba y a grupos insurgentes colombianos.
Sin embargo, las diferencias son sustanciales. Mientras Noriega gobernaba un país de cuatro millones de habitantes con escaso respaldo internacional, Maduro mantiene el control de un Estado con recursos petroleros estratégicos y el respaldo explícito de potencias como Rusia y China. La Venezuela de 2024 no es la Panamá de 1989, y el contexto internacional ya no es el de una Guerra Fría que justificaba intervenciones unilaterales bajo la doctrina de la seguridad nacional.
El documento desclasificado de la CIA en 2013 sobre Noriega resulta especialmente revelador. Bajo el título «Panamá: Noriega en control», el texto reconocía que «varios miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá participan o protegen operaciones de narcóticos en el país. No tenemos una pistola humeante [pruebas rotundas], pero Noriega está estrechamente asociado con el tráfico de drogas». Esta falta de evidencia irrefutable contrasta con las acusaciones formales que pesan hoy sobre funcionarios venezolanos de alto rango.
La escalada militar previa a cualquier operación real también presenta matices. En Panamá, la presencia estadounidense era constante debido a la Zona del Canal. En Venezuela, cualquier movimiento similar requeriría una movilización logística sin precedentes y enfrentaría resistencia no solo interna, sino también de aliados extrarregionales. El régimen chavista, además, ha demostrado una capacidad de resistencia política que Noriega nunca desarrolló, manteniendo lealtades clave dentro de las fuerzas armadas a pesar de la crisis económica.
La retórica de «califato de la droga» empleada por Graham refleja una estrategia comunicativa que busca simplificar un problema complejo. Venezuela enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, con más de siete millones de desplazados y una economía devastada. Sin embargo, reducir su situación a una mera cuestión de narcotráfico ignora factores históricos, sociales y políticos que explican la actual crisis.
El precedente de 1989 sigue generando controversia. Para algunos, representó la defensa de la democracia y el fin de una dictadura corrupta. Para otros, constituyó una violación flagrante de la soberanía panameña y un ejemplo de intervencionismo imperial. Esta división de percepciones persiste hoy, y cualquier acción similar contra Venezuela enfrentaría una oposición considerable tanto en la región como en la comunidad internacional.
La captura de Noriega no resolvió automáticamente los problemas de Panamá. El país atravesó años de inestabilidad antes de consolidar su democracia. La lección sugiere que los cambios impuestos desde el exterior raramente generan transiciones duraderas sin un proceso interno sólido. En Venezuela, la oposición liderada por Edmundo González Urrutia ha ganado reconocimiento internacional tras las elecciones presidenciales de 2024, pero enfrenta un impasse institucional sin solución clara a corto plazo.
La sombra de 1989 planea sobre Caracas, pero el escenario es diferente. Las redes de apoyo internacional de Maduro, la complejidad de la crisis venezolana y el coste político de una intervención militar en la actualidad hacen improbable una repetición exacta del caso panameño. No obstante, la mera existencia de este paralelismo en el discurso político estadounidense revela una continuidad en la forma de entender la región desde Washington.
La historia no se repite, pero rima, escribió Mark Twain. La coincidencia del 3 de enero entre Noriega y Maduro es una de esas rimas que obligan a la reflexión. Mientras tanto, Venezuela continúa sumida en una crisis que demanda soluciones políticas, económicas y sociales, donde la retórica intervencionista sirve más como herramienta de presión que como plan operativo real. El legado de 1989, con sus aciertos y sus sombras, permanece como advertencia y como precedente en el complejo tablero geopolítico latinoamericano.