El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado a través de su plataforma social Truth Social la detención y extradición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera del territorio nacional. La operación, ejecutada durante la madrugada, incluyó también la aprehensión de la cónyuge del líder chavista, quienes serán procesados en territorio estadounidense por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y posesión ilícita de armamento.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha ratificado la información mediante un comunicado oficial en el que detalla los cargos imputados contra el mandatario suramericano y su esposa. Las acusaciones se centran en una presunta conspiración para el tráfico internacional de drogas y la adquisición de armas, actividades que, según la investigación norteamericana, habrían sido gestionadas desde las más altas esferas del poder venezolano.
La operación militar desplegada por Washington no se limitó únicamente a la captura de los líderes políticos. Testimonios presenciales y reportes oficiales confirman la ocurrencia de múltiples explosiones en instalaciones civiles y militares ubicadas en diversas regiones del país. Los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la propia capital, Caracas, registraron detonaciones que causaron alarma entre la población y movilizaron a las fuerzas de seguridad locales.
Fuentes gubernamentales consultadas por la cadena estadounidense CBS revelaron que Trump autorizó la acción militar días atrás, tras recibir informes de inteligencia que, según la administración republicana, justificaban una intervención inmediata. La naturaleza y alcance exacto del operativo aún generan interrogantes, pues las autoridades venezolanas han denunciado una "gravísima agresión militar" sin precedentes en las últimas décadas.
La respuesta del Gobierno venezolano no se hizo esperar. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, compareció ante los medios de comunicación para expresar su desconocimiento sobre el paradero exacto del presidente Maduro. En su intervención, Rodríguez solicitó formalmente "pruebas de vida" que confirmen la situación del mandatario, mientras instaba a la población a mantener la calma ante lo que calificó como una acción ilegal e injustificada.
Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, uno de los principales referentes del chavismo, fue avistado en las calles de Caracas rodeado de un amplio dispositivo de seguridad. Portando chaleco antibalas y casco protector, Cabello intentó transmitir un mensaje de fortaleza institucional: "Estamos desplegados. Confíen en nosotros para atravesar esta situación", declaró ante las cámaras, en un evidente gesto de mostrar control sobre la situación interna.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, emitió un comunicado en el que calificó el ataque de "ruin y cobarde", asegurando que las fuerzas armadas nacionales se encuentran en estado de máxima alerta. Padrino confirmó que equipos de emergencia están evaluando posibles víctimas mortales o heridos como consecuencia de las explosiones, mientras se activan los protocolos de defensa territorial.
Ante la escalada de violencia, el Ejecutivo venezolano decretó estado de emergencia nacional, medida que otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad y limita ciertas libertades ciudadanas. La decisión fue anunciada como una respuesta necesaria para preservar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional ante lo que consideran una agresión extranjera directa.
En el ámbito internacional, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, se apresuró a desvincular a su nación de los eventos. A través de su cuenta en X, la mandataria caribeña afirmó categóricamente que Trinidad y Tobago no participó en ninguna operación militar contra Venezuela ni en la captura de Maduro. Persad-Bissessar reiteró el compromiso de su gobierno con la paz regional y las relaciones diplomáticas constructivas con el pueblo venezolano.
La declaración cobra relevancia dado que el país insular, ubicado a escasos kilómetros de las costas venezolanas, había autorizado desde octubre del año pasado la realización de ejercicios militares estadounidenses en sus aguas territoriales. Estas maniobras, oficialmente destinadas a combatir el narcotráfico en la región del Caribe, habían generado especulaciones sobre una posible coordinación para acciones contra objetivos venezolanos, especulaciones que la primera ministra ha negado rotundamente.
El contexto geopolítico de la región se complica con esta nueva escalada. La administración Trump ha mantenido una postura de máxima presión contra el régimen de Maduro desde su primer mandato, imponiendo sanciones económicas severas y reconociendo a líderes opositores. Sin embargo, esta intervención directa marca un punto de inflexión sin precedentes en las relaciones bilaterales.
Analistas políticos consultados advierten que la captura de un jefe de Estado en ejercicio, aun bajo acusaciones de narcotráfico, establece un peligroso precedente en el derecho internacional. La operación desafía principios de soberanía territorial y no intervención, fundamentos del sistema de relaciones entre naciones establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
La comunidad internacional permanece expectante ante posibles reacciones de organismos multilaterales como la ONU o la OEA. Hasta el momento, no se han registrado pronunciamientos oficiales de estos cuerpos, aunque diplomáticos consultados indican que se convocarían reuniones de emergencia en las próximas horas.
En el interior de Venezuela, la población muestra una mezcla de incertidumbre y temor. Testimonios de ciudadanos en Caracas describen escenas de pánico durante las explosiones nocturnas, con largas filas en estaciones de servicio y comercios cerrados anticipadamente. Las redes sociales se han convertido en el principal canal de información, aunque también en terreno fértil para rumores y desinformación.
La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ha emitido un comunicado cauteloso en el que exigen transparencia total sobre los eventos y llaman a la calma ciudadana. Sin embargo, no han celebrado la captura de Maduro, posicionándose en una línea de prudencia diplomática que busca evitar confrontaciones internas adicionales.
El futuro político de Venezuela se presenta más incierto que nunca. Con su líder máximo bajo custodia estadounidense y una estructura de poder en evidente tensión, el país enfrenta una de las crisis institucionales más graves de su historia reciente. La capacidad del chavismo para mantener la unidad sin su figura central será puesta a prueba en las próximas horas, mientras la comunidad internacional evalúa las consecuencias de una acción militar unilateral que redefine los límites de la intervención extranjera en asuntos internos de Estados soberanos.
La situación requiere vigilancia constante, pues las repercusiones podrían extenderse más allá de las fronteras venezolanas, afectando la estabilidad de toda la región latinoamericana y las relaciones hemisféricas en un momento de creciente polarización geopolítica global.