La madrugada del sábado ha quedado grabada como un punto de inflexión en las turbulentas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. En una operación sorpresa que ha tomado por sorpresa a la comunidad internacional, unidades militares estadounidenses penetraron en territorio venezolano ejecutando una misión cuyo objetivo principal era la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
El primer indicio público llegó de manos del senador republicano Mike Lee, quien a través de su cuenta en X reveló que había recibido confirmación directa del secretario de Estado, Marco Rubio. Según el legislador, Maduro se encuentra actualmente bajo custodia estadounidense y será procesado por cargos que aún no han sido detallados públicamente en jurisdicción norteamericana.
La confirmación oficial no tardó en llegar desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ratificó los hechos mediante una declaración donde enfatizó que fuerzas especiales de elite habían ejecutado con éxito la misión. La operación, que habría durado menos de dos horas, se centró en instalaciones militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, provocando víctimas fatales entre las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Desde Moscú, donde se encontraba en visita oficial, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció una versión contradictoria. En un audio distribuido a medios venezolanos, admitió desconocer el paradero exacto del presidente y la primera dama, instando a Washington a proporcionar evidencia de supervivencia. Sus declaraciones reflejan la confusión en la cadena de mando venezolano.
El gobierno de Caracas respondió con rapidez. A través del Ministerio de Defensa, decretó un estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, activando protocolos de emergencia y movilizando tropas. Las autoridades confirmaron daños significativos en instalaciones estratégicas y reportaron bajas militares, aunque sin especificar cifras exactas.
La comunidad internacional reaccionó con cautela pero firmeza. El Ministerio de Exteriores alemán expresó su profunda preocupación por la escalada militar. Un portavoz indicó que Berlín monitorea la situación en tiempo real y mantiene contacto constante con su embajada en Caracas. Además, anunció la convocatoria urgente de un comité de crisis para evaluar las implicaciones regionales.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la desescalada inmediata. El líder socialista instó a todas las partes a respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, evitando una escalada mayor que podría desestabilizar toda la región latinoamericana.
La operación representa una inflexión en la política exterior de Washington. Durante años, las sanciones económicas y el reconocimiento de Juan Guaidó habían sido las herramientas preferidas. Con este movimiento militar, Trump introduce un componente de fuerza directa que redefine las relaciones hemisféricas.
Analistas advierten que las consecuencias podrían ser impredecibles. La detención de un jefe de Estado por parte de otro país, sin declaración de guerra previa, constituye una violación del derecho internacional que podría generar respuestas de otros actores globales. Rusia y China, principales aliados de Caracas, han condenado la operación calificándola de golpe de Estado militar, aunque se han abstenido de anunciar contramedidas concretas.
En el interior de Venezuela, la situación es de incertidumbre total. Las fuerzas armadas nacionales, leales históricamente al chavismo, se encuentran en una encrucijada. Altos mandos han emitido comunicados contradictorios, algunos llamando a la resistencia nacional y otros guardando silencio. La posibilidad de una fractura en la cúpula militar es el escenario que más temen observadores internacionales.
La población civil, ya agobiada por años de hiperinflación y escasez, ahora debe enfrentar la posibilidad de un conflicto armado. Las organizaciones humanitarias se preparan para una potencial crisis de desplazados masivos. Las fronteras con Colombia y Brasil podrían verse desbordadas por una ola migratoria sin precedentes.
El proceso judicial que aguarda a Maduro en Estados Unidos será un espectáculo legal sin paralelo. Acusado formalmente por narcoterrorismo, con una recompensa de 15 millones de dólares, el líder venezolano se enfrentará a un sistema judicial que no reconoce inmunidad de jefes de Estado por crímenes internacionales. Su defensa probablemente argumentará inmunidad soberana, planteando un precedente que afectaría futuros casos.
El vacío de poder en Caracas crea un escenario propicio para múltiples actores. Juan Guaidó ha emitido un comunicado ambiguo que ni apoya ni condena la operación, posicionándose para potencialmente liderar una transición. Los colectivos armados chavistas han amenazado con guerra de guerrillas si la oposición intenta tomar el poder.
La dimensión simbólica es innegable. Al capturar a Maduro en suelo venezolano, Estados Unidos envía un mensaje contundente a otros gobiernos de la región críticos con Washington. La doctrina Monroe, que considera América Latina como espacio de influencia exclusiva, parece haber resurgido con fuerza.
En las próximas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia. Rusia y China ejercerán probablemente su veto a cualquier resolución que legitime la acción estadounidense. La Asamblea General podría convertirse en un foro donde la mayoría condene la intervención, aislando diplomáticamente a Washington.
Las implicaciones económicas son inmediatas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Las empresas occidentales con inversiones en la Faja del Orinoco han activado protocolos de emergencia. Los precios del crudo han experimentado volatilidad extrema en los mercados globales.
Para los historiadores, este evento evoca intervenciones pasadas: la invasión de Panamá en 1989, el derrocamiento de Allende en 1973. Cada una dejó secuelas de inestabilidad que perduraron décadas. La comunidad internacional observa con tensión cómo se desarrolla esta crisis, consciente de que sus repercusiones trascenderán las fronteras venezolanas.