La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha tomado medidas contundentes tras los incidentes registrados durante el derbi sevillano del pasado 30 de noviembre. El organismo ha propuesto sanciones para un total de 51 aficionados pertenecientes a ambos clubes, el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, por diversas infracciones que oscilan entre conductas violentas y el incumplimiento de normas de seguridad establecidas para eventos deportivos de alto riesgo.
El derbi de Sevilla, conocido por su intensidad en el terreno de juego y en las gradas, ha vuelto a ser escenario de comportamientos que las autoridades deportivas y de seguridad consideran inaceptables. En esta ocasión, las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y los informes presentados ante la comisión especializada han desembocado en un paquete de sanciones que busca ejemplarizar y prevenir futuros altercados en el ámbito del fútbol profesional español.
Sanciones por enfrentamientos previos al partido
El capítulo más grave de estos incidentes se refiere a una pelea multitudinaria que tuvo lugar en las horas previas al encuentro. Según la investigación policial, 14 seguidores del Real Betis participaron activamente en esta confrontación contra radicales del Sevilla FC. La violencia callejera, que ha sido objeto de un expediente detallado por parte de las fuerzas de seguridad, ha motivado que la Comisión Antiviolencia solicite para estos aficionados una multa de 5,000 euros y la prohibición de acceso a cualquier estadio o recinto deportivo durante un año completo.
Esta medida se enmarca dentro de las denominadas infracciones graves, contempladas en la legislación deportiva española para aquellos comportamientos que ponen en riesgo la integridad física de las personas o generan un clima de violencia generalizada. La Policía Nacional no solo identificó a estos individuos, sino que procedió a su arresto en el momento de los hechos, manteniendo una investigación abierta que podría derivar en consecuencias penales adicionales.
Castigos por lanzamiento de objetos
Durante el desarrollo del partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se registraron episodios de lanzamiento de objetos desde las gradas hacia el terreno de juego. Las cámaras de seguridad del estadio y los dispositivos de videovigilancia permitieron a las autoridades identificar con precisión a cuatro aficionados del Sevilla FC como responsables directos de estos actos.
Para estos casos, la Comisión ha solicitado una sanción económica de 3,001 euros y la prohibición de entrada a recintos deportivos durante seis meses. Aunque la gravedad es menor comparada con los enfrentamientos físicos, el lanzamiento de objetos representa una amenaza directa para jugadores, cuerpo técnico y árbitros, además de deteriorar la imagen del espectáculo deportivo. La identificación precisa de estos hinchas demuestra la capacidad de los sistemas de seguridad modernos para individualizar responsabilidades en eventos masivos.
Infracciones por ubicación indebida en el estadio
El tercer bloque de sanciones afecta a un grupo de seguidores del Real Betis que, según la investigación, adquirieron entradas para sectores del estadio que tenían vetados por motivos de seguridad. Esta práctica, conocida popularmente como "saltarse el vallado", consiste en comprar localidades en zonas asignadas al rival para mezclarse con la afición contraria, generando potenciales focos de conflicto.
Para estos casos, considerados infracciones leves, la Comisión ha propuesto multas de 150 euros por cada uno de los afectados. Aunque la cuantía es significativamente inferior a las otras sanciones, esta medida busca disuadir a los aficionados de incumplir las normas de segregación de aficiones, un elemento fundamental en el protocolo de seguridad de los estadios españoles.
Contexto jurídico y deportivo
La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad en eventos deportivos a nivel nacional. Sus propuestas de sanción, una vez aprobadas, tienen carácter ejecutivo y son de obligado cumplimiento para los clubes, que deben colaborar en la identificación y control de los aficionados sancionados.
Este tipo de medidas responde a una política de tolerancia cero con respecto a la violencia en el fútbol, impulsada tanto por las autoridades deportivas como por el Ministerio del Interior. La colaboración entre cuerpos policiales, clubes y la propia Comisión ha permitido en los últimos años una mayor efectividad en la persecución de conductas violentas, aunque episodios como los del derbi sevillano demuestran que aún queda trabajo por hacer.
Repercusiones para los clubes
Aunque las sanciones recaen directamente sobre los aficionados, tanto el Sevilla FC como el Real Betis Balompié pueden verse afectados indirectamente. La normativa vigente establece que los clubes son responsables de la conducta de sus seguidores dentro y en los alrededores de los estadios, pudiendo enfrentarse a sanciones económicas o partidos a puerta cerrada si se demuestra una falta de control o colaboración con las autoridades.
En este sentido, ambas entidades han reforzado en los últimos años sus departamentos de seguridad y sus protocolos de colaboración con las fuerzas del orden. La identificación de los infractores ha sido posible gracias a la revisión de las bases de datos de abonados y a la entrega de imágenes de videovigilancia por parte de los clubes, demostrando una voluntad de cooperación que las autoridades han valorado positivamente.
Perspectiva de futuro
El caso del derbi sevillano del 30 de noviembre se suma a una lista de incidentes que han marcado la temporada en diferentes estadios españoles. La respuesta institucional, sin embargo, muestra una tendencia hacia el endurecimiento de las sanciones y la mejora de los mecanismos de identificación de violentos. La utilización de tecnologías como el reconocimiento facial y la interconexión de bases de datos policiales con los sistemas de acceso a los estadios están permitiendo una mayor precisión en la aplicación de la normativa.
Para los aficionados de ambos equipos, estas sanciones sirven como recordatorio de que la pasión por los colores no puede justificar comportamientos que atentan contra la convivencia y la seguridad. El fútbol sevillano, con una rivalidad centenaria y una afición reconocida por su fervor, debe encontrar el equilibrio entre el apoyo incondicional y el respeto a las normas que garantizan que el deporte siga siendo un espectáculo seguro para todas las familias.
La resolución final de estas sanciones dependerá de la confirmación por parte del Consejo Superior de Deportes, que suele ratificar las propuestas de la Comisión Antiviolencia. Mientras tanto, los 51 aficionados afectados disponen de un plazo para presentar alegaciones y recurrir las decisiones, aunque las pruebas recabadas por la Policía Nacional y los informes técnicos del estadio dificultan la posibilidad de éxito de estos recursos.