Joan Gaspart, quien ostentó la vicepresidencia del FC Barcelona entre 1978 y 2000 y posteriormente la presidencia de 2000 a 2003, ha salido al paso del escándalo que sacude al club azulgrana. En su comparecencia como testigo ante la jueza instructora del caso Negreira, el directivo ha dejado claro su posicionamiento: el Barça jamás ha cometido una ilegalidad en sus relaciones con José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
La declaración de Gaspart se enmarca en una investigación judicial que busca esclarecer si los pagos realizados por el club catalán a Negreira y a su hijo Javier, que superan los 7 millones de euros entre 2001 y 2018, constituyeron una retribución ilegítima con el objetivo de obtener favores arbitrales. Esta cifra millonaria ha levantado sospechas sobre la transparencia en la gestión deportiva del club durante varias décadas.
Durante su intervención ante los medios de comunicación tras salir de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, Gaspart ha querido dejar constancia de su desconocimiento sobre los contratos que el club suscribía en esa época. No conocía a Negreira personalmente, afirmó tajantemente, y añadió que no estaba al corriente de todos los acuerdos comerciales y de servicios que el FC Barcelona establecía durante su gestión.
La cronología de los hechos resulta especialmente relevante. La relación contractual con Negreira se inició precisamente en 2001, bajo el mandato de Gaspart como presidente. Sin embargo, los pagos continuaron durante las posteriores presidencias de Joan Laporta (en su primer período al frente del club), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, extendiéndose hasta mayo de 2018, cuando finalmente cesaron.
El actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que acaba de convocar elecciones para el próximo 15 de marzo, también ha tenido que presentarse ante la justicia en calidad de testigo. En su caso, la prescripción de un posible delito le ha eximido de mayores responsabilidades penales, pero no de la obligación de prestar declaración en esta investigación que ha puesto en entredicho la reputación del club.
El caso Negreira ha generado un terremoto mediático en el mundo del fútbol español. Las acusaciones apuntan a que el club blaugrana habría estado pagando durante años a un alto cargo del organismo encargado de designar y evaluar árbitros, lo que podría suponer una ventaja indebida en la competición deportiva. La justicia investiga si estos pagos se justificaban con informes técnicos sobre arbitraje o si, por el contrario, eran una forma encubierta de influir en las decisiones arbitrales.
La defensa del club siempre ha mantenido que se trató de un servicio de asesoramiento técnico sobre arbitraje, una práctica común en el fútbol profesional. Sin embargo, la cuantía de las cantidades desembolsadas y la posición de poder de Negreira dentro del CTA han hecho que la justicia dude de esta versión oficial.
Gaspart, en su declaración, ha intentado desmarcarse de cualquier responsabilidad directa. Su argumentación se centra en que la gestión de contratos específicos no pasaba necesariamente por su conocimiento directo, especialmente en una entidad de la magnitud del FC Barcelona. Esta línea de defensa, sin embargo, choca con el hecho de que fue durante su presidencia cuando se inició la relación contractual con el entonces vicepresidente arbitral.
El expresidente ha aprovechado su comparecencia para reiterar su confianza en la legalidad de las actuaciones del club que dirigió. El Barça es una institución seria y rigurosa, ha manifestado, tratando de preservar la imagen de la entidad que tanto daño ha sufrido en los últimos meses por este y otros escándalos.
La investigación judicial continúa su curso, y se esperan nuevas declaraciones de otros directivos y exdirectivos del club. La Fiscalía Anticorrupción mantiene una postura firme, considerando que los hechos podrían constitucer delitos de corrupción en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.
El impacto mediático de este caso ha trascendido las fronteras deportivas, convirtiéndose en un tema de debate nacional sobre la transparencia y la ética en la gestión de las grandes entidades deportivas. La opinión pública está dividida entre quienes consideran que el club debe asumir responsabilidades y quienes creen que se trata de una persecución mediática y judicial sin fundamentos sólidos.
Mientras tanto, el FC Barcelona intenta mantener el foco en la competición deportiva, aunque las sombras del caso Negreira planean sobre cada partido y cada decisión institucional. La convocatoria de elecciones por parte de Laporta busca, precisamente, dar una imagen de normalidad democrática en un momento de turbulencia judicial.
La declaración de Gaspart, aunque no aporta nuevos elementos concretos al caso, refuerza la línea de defensa del club de desconocimiento y buena fe. Sin embargo, la justicia tendrá que valorar si esta estrategia es suficiente para explicar una relación contractual que se prolongó durante 17 años y generó pagos millonarios.
El futuro inmediato del club pasa por resolver no solo esta crisis judicial, sino también por reconstruir su credibilidad institucional. La sentencia que eventualmente se dicte en el caso Negreira marcará un antes y un después en la historia reciente del fútbol español y en la gobernanza de las grandes entidades deportivas del país.
La comunidad futbolística espera con expectación el desenlace de esta investigación, que podría establecer precedentes importantes sobre la relación entre clubes y organismos arbitrales. Mientras tanto, las declaraciones de directivos como Gaspart continuarán siendo piezas clave en el complejo puzzle judicial que rodea al FC Barcelona.