Nuevas revelaciones sobre la gestión en Adif durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera sacuden el panorama político y empresarial español. Documentos internos a los que ha tenido acceso la prensa demuestran cómo la entonces presidenta de la empresa pública ferroviaria y su secretario general, Ángel Contreras, coordinaron una estrategia de comunicación para justificar reducciones presupuestarias del 15% en mantenimiento sin mencionar el impacto potencial en la seguridad del sistema ferroviario.
La trama se desvela a través de una serie de correos electrónicos intercambiados en mayo de 2020 entre altos cargos de Adif, el Ministerio de Transportes y la patronal de la construcción Seopan. Estas comunicaciones surgieron como respuesta a la inquietud manifestada por las principales empresas constructoras del país ante los "ajustes" anunciados por Adif, que afectarían directamente a los contratos de conservación y explotación de la red ferroviaria.
El origen de la crisis se remonta al 14 de mayo de 2020, cuando Julián Núñez, presidente de Seopan, dirigió un correo a Sergio Vázquez Torrón, entonces jefe de Gabinete del ministro José Luis Ábalos. En su mensaje, Núñez confirmaba que los ajustes ya habían sido comunicados oficialmente a las empresas y solicitaba una reunión urgente con el titular de Transportes para abordar la situación. Vázquez Torrón, sin demora, reenvió la petición a Pardo de Vera con una lacónica pregunta: "¿Qué hacemos con esto?".
La respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente, la presidenta de Adif contactó con Ángel Contreras, quien posteriormente la sucedería en el cargo, para preparar una respuesta conjunta que calmase los ánimos de la patronal. Sin embargo, las instrucciones de Pardo de Vera revelan una preocupación peculiar: "Necesitaría un borrador de contestación en términos de que por encima de cualquier línea de acción está la seguridad..., y no se hará ningún ajuste que la comprometa", escribió, para inmediatamente añadir: "Pero por otro lado es necesaria una revisión, por si hubiera alguna ineficiencia de gasto".
La paradoja entre la retórica de la seguridad como prioridad absoluta y la necesidad de recortes quedó patente en las directrices que Pardo de Vera marcó a su equipo. En un revelador correo interno, advirtió expresamente: "Por supuesto, no remitáis a nadie este correo ni el escrito", evidenciando el carácter sensible de la información que manejaban.
Ángel Contreras, por su parte, elaboró un borrador de respuesta que sigue las directrices recibidas pero introduce matices interesantes. En su propuesta, se sugiere "transmitir que lo que proponemos es adaptarnos a la nueva realidad del escenario ferroviario" y se "ofrece" un aumento de las bandas de mantenimiento para mejorar la productividad de las empresas, como contrapartida a la disminución de equipos. Esta redacción cuidadosamente calculada buscaba presentar los recortes como una oportunidad de eficiencia más que como una reducción de servicios.
El documento final entregado a Seopan, pergeñado por Contreras, reconocía sin ambages el recorte del 15% en las actividades de mantenimiento, aunque lo enmarcaba dentro de una supuesta optimización de recursos. La estrategia de comunicación diseñada en ese gabinete de crisis tenía como objetivo principal desvincular la reducción presupuestaria de cualquier posible afectación a la seguridad operativa de la red ferroviaria.
Estas revelaciones cobran especial relevancia cuando se contextualizan dentro del caso Koldo, la trama de corrupción que investiga presuntas irregularidades en la contratación pública durante la pandemia. Isabel Pardo de Vera, actual presidenta de Renfe, fue implicada en esta investigación y tuvo que abandonar su puesto en Adif. Por su parte, Ángel Contreras fue cesado en septiembre de 2024 tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le vinculaba a presuntos amaños en la adjudicación de contratos.
La conexión entre los recortes de mantenimiento y el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido recientemente, añade una capa de gravedad a estas revelaciones. El contrato de mantenimiento del tramo donde tuvo lugar el siniestro fue licitado durante la presidencia de Pardo de Vera y adjudicado cuando Contreras ya ocupaba la máxima dirección de Adif. Esta cronología ha encendido las alarmas sobre las posibles consecuencias de las políticas de ajuste implementadas en aquella época.
Los correos electrónicos desvelan una metodología de gestión basada en la comunicación estratégica más que en la transparencia operativa. La preocupación por la imagen y las relaciones con la patronal constructora parecía superar la prioridad de garantizar la máxima seguridad en la red ferroviaria. La instrucción de evitar hablar de seguridad, mientras se reconocía implícitamente que los recortes podrían afectarla, dibuja un escenario preocupante para la gobernanza de infraestructuras críticas.
Expertos en gestión ferroviaria consultados señalan que una reducción del 15% en mantenimiento no es trivial y puede traducirse en menor frecuencia de inspecciones, dilatación de intervenciones preventivas o reducción de personal especializado. Aunque las empresas públicas tienen la obligación de optimizar recursos, en sistemas de transporte de alta velocidad y alta densidad como el español, los márgenes de seguridad son estrechos y cualquier ajuste debe ser evaluado con extremo rigor técnico, no solo contable.
La opacidad en la que se gestó esta decisión también llama la atención. El carácter confidencial de las comunicaciones, las advertencias sobre no compartir la información y la búsqueda de una narrativa que minimizase el impacto real de los recortes sugieren un ejercicio de responsabilidad pública alejado de los estándares de transparencia que deben regir las empresas estatales.
Desde el ámbito político, estas revelaciones han provocado un nuevo terremoto. El partido en el gobierno se ve obligado a explicar por qué sus altos cargos diseñaron estrategias para ocultar la realidad de los recortes a la vez que se vinculaban a casos de presunta corrupción. La oposición ha exigido comparecencias urgentes y una investigación exhaustiva sobre cómo se tomaron estas decisiones y cuáles fueron sus consecuencias reales en la seguridad ferroviaria.
El caso pone de manifiesto los riesgos de una gestión pública donde las presiones económicas y políticas pueden comprometer estándares de seguridad. La red ferroviaria española, una de las más extensas y modernas de Europa, depende de un mantenimiento riguroso y continuo. Cualquier degradación en este ámbito no solo afecta a la calidad del servicio, sino que pone en riesgo la vida de los viajeros.
Las investigaciones judiciales y parlamentarias que se avecinan tendrán que esclarecer no solo las responsabilidades penales en el caso Koldo, sino también las responsabilidades políticas y técnicas en la toma de decisiones que pudieron comprometer la seguridad de la red. Los correos ahora publicados son solo la punta del iceberg de una forma de gestionar que parecía más preocupada por la percepción pública que por la seguridad real.
La lección que emerge de esta crisis es clara: las infraestructuras críticas no pueden ser objeto de ajustes arbitrarios sin un análisis técnico transparente y sin que la seguridad sea el eje central de toda decisión. La tentación de presentar los recortes como eficiencia no puede ocultar el riesgo que conllevan. La confianza ciudadana en el transporte público de alta velocidad, uno de los logros tecnológicos más importantes de España en las últimas décadas, depende de una gestión ejemplar que estos hechos ponen en entredicho.
En un contexto donde la sostenibilidad del transporte ferroviario es clave para la descarbonización de la economía, garantizar su seguridad y eficiencia debe ser una prioridad irrenunciable. Los ciudadanos merecen no solo un servicio moderno y puntual, sino sobre todo un sistema donde la seguridad no se negocia en correos internos ni se subordina a intereses partidistas o empresariales. La investigación del caso Koldo y sus ramificaciones en Adif debe servir para refundamentar los principios de gestión de las infraestructuras estratégicas del país.