El Gobierno de Cantabria ha adquirido un inmueble en la localidad de Cartes para destinarlo a centro de atención a menores migrantes. La propiedad, ubicada en el Camino Real de este municipio cántabro, será reformada para ofrecer 20 plazas a jóvenes que llegan a la comunidad desde puntos como Canarias, Ceuta y Melilla. La decisión se produce en un contexto de presión creciente sobre el sistema de acogida regional, que actualmente cuenta con una única plaza disponible.
La Consejería de Inclusión Social ha confirmado la operación, que se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo español de redistribución de menores no acompañados desde las zonas fronterizas hacia el resto de comunidades autónomas. Según datos oficiales, Cantabria ya ha recibido a 16 jóvenes en las últimas semanas y espera la llegada de 15 más en el corto plazo, con una previsión total de 156 menores que deberán ser atendidos en la región.
El edificio, que ya es propiedad del Gobierno cántabro, se encuentra en buen estado estructural, lo que facilita su conversión en centro de acogida sin necesidad de obras mayores. Las autoridades regionales han indicado que los trabajos se limitarán al acondicionamiento de espacios interiores, lo que permitirá una puesta en marcha rápida del servicio. Esta celeridad responde a la necesidad urgente de ampliar la capacidad del sistema, saturado por el incremento de llegadas.
La ubicación en Cartes no es casual. El municipio, situado en la zona oriental de Cantabria, ofrece infraestructuras adecuadas y accesibilidad para el desarrollo de este tipo de iniciativas sociales. Sin embargo, la falta de comunicación previa con el Ayuntamiento ha generado fricciones institucionales que han salido a la luz pública.
La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, miembro del PSOE, ha expresado su malestar a través de redes sociales y declaraciones a los medios. La regidora asegura que el Consistorio no recibió ninguna notificación oficial sobre la compra del inmueble ni sobre los planes de apertura del centro. Según Cueto, tampoco se ha solicitado la correspondiente licencia de obra ni de actividad, algo que considera "especialmente grave" desde el punto de vista administrativo.
En su mensaje en redes sociales, la alcaldesa concluía con una frase contundente: "Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno". Con estas palabras, Cueto defendía la capacidad de su municipio para acoger a los jóvenes migrantes, pero cuestionaba la forma en que el Gobierno regional ha gestionado el proceso, sin diálogo previo con las autoridades locales.
La polémica pone de manifiesto los desafíos de coordinación entre administraciones en momentos de crisis. Mientras la Consejería de Inclusión Social trabaja para identificar nuevos inmuebles en "varios municipios" a precios "razonables" para crear más Centros de Atención a la Infancia y Adolescencia (CAIF), la falta de transparencia con los ayuntamientos genera tensión y desconfianza.
El sistema de acogida de menores en Cantabria está gestionado por una fundación especializada, que actúa como intermediaria entre el Gobierno regional y los jóvenes. Fue esta entidad la que informó al Ayuntamiento de Cartes sobre la adquisición, no el propio Ejecutivo cántabro, lo que ha agravado la situación.
Desde la Consejería se defienden argumentando que la urgencia de la situación justifica la celeridad en las decisiones. Las fuentes consultadas indican que se continúa trabajando en la búsqueda de recursos para atender a los menores que vayan llegando, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos con el Gobierno central.
La previsión de 156 menores para Cantabria, según los cálculos del Ejecutivo español, obliga a la región a multiplicar su capacidad de acogida. Actualmente, el sistema apenas puede absorber más casos, lo que convierte la apertura del centro de Cartes en una medida crítica para evitar el colapso.
El debate generado en Cartes refleja una tensión común en muchas comunidades ante la redistribución de menores migrantes. Por un lado, la solidaridad interterritorial y el cumplimiento de obligaciones legales; por otro, la necesidad de procesos participativos que incluyan a las administraciones locales y a la ciudadanía.
Expertos en políticas migratorias señalan que la eficacia de estos programas depende no solo de la capacidad material, sino también de la cohesión social y el apoyo comunitario. La falta de comunicación puede generar rechazo y dificultar la integración de los jóvenes, mientras que la transparencia facilita la comprensión y el apoyo vecinal.
El caso de Cartes ilustra cómo la gestión administrativa puede convertirse en un obstáculo incluso cuando existe coincidencia en los objetivos. Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento comparten el compromiso con la acogida, pero la forma de proceder ha generado fricción innecesaria.
Mientras tanto, los trabajos de acondicionamiento en el inmueble del Camino Real continúan su curso. Se espera que en las próximas semanas el centro esté operativo y pueda recibir a los primeros residentes. La fundación gestora ya trabaja en el desarrollo de programas de integración y apoyo educativo para los jóvenes que ocuparán las plazas.
La situación en Cantabria es un reflejo de la presión migratoria en el conjunto de España. La llegada masiva de menores no acompañados a las fronteras sur ha desbordado las capacidades de Canarias, Ceuta y Melilla, forzando una redistribución que no siempre está acompañada de los recursos necesarios ni de la planificación adecuada.
Para Cartes, la apertura del centro representa una responsabilidad compartida pero también una oportunidad de demostrar su capacidad de acogida. La alcaldesa Cueto ha dejado claro que su municipio no rechaza la solidaridad, pero exige respeto a los procedimientos democráticos y diálogo con las instituciones locales.
El Gobierno regional, por su parte, mantiene su compromiso con la búsqueda de nuevos espacios. La identificación de inmuebles en varios municipios a precios asequibles es una prioridad para crear una red de CAIF que pueda absorber la demanda prevista. Sin embargo, la experiencia de Cartes sugiere que deberá mejorar su estrategia de comunicación para evitar conflictos similares.
La coordinación interadministrativa es esencial en políticas de acogida. La falta de información no solo afecta a los responsables políticos, sino también a la ciudadanía, que necesita conocer y comprender estos procesos para poder apoyarlos efectivamente.
En las próximas semanas, la llegada de los 15 menores previstos pondrá a prueba la capacidad de respuesta del sistema cántabro. El centro de Cartes será clave, pero representa solo el primer paso de una ampliación más amplia que requerirá múltiples ubicaciones y una gestión más transparente.
El tiempo dirá si la polémica inicial se convierte en un aprendizaje para futuras actuaciones o si, por el contrario, marca el inicio de una tensión prolongada entre el Gobierno regional y los ayuntamientos. Lo que está claro es que la necesidad de atender a estos jóvenes es urgente y requiere de consenso y colaboración entre todas las administraciones implicadas.