La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha presentado una dura denuncia contra la dirección de Euro Seating, empresa ubicada en Ezcaray (La Rioja) y especializada en la fabricación de butacas para espacios públicos. El sindicato denuncia la existencia de un clima de acoso y persecución sistemática contra delegados y afiliados que recuerda a las peores épocas del siglo pasado.
El secretario general de FICA-UGT, Juan Carlos Alfaro, ha calificado la situación como propia de "un régimen de terror laboral" y ha señalado directamente al propietario de la compañía, Gonzalo Robredo, a quien ha definido como "el amo" de la empresa. Esta descripción enfatiza que en Euro Seating no existe un jefe o patrón tradicional, sino una figura de autoritarismo absoluto que controla todos los aspectos de la relación laboral.
Antecedentes: los despidos masivos de 2021
Uno de los episodios más graves ocurrió en 2021, cuando cinco trabajadores que integraban la candidatura de UGT para las elecciones sindicales fueron despedidos de forma improcedente en un plazo muy breve. Según el sindicato, estos despidos respondían a una estrategia clara de intimidación para evitar la representación sindical en la empresa y disuadir a otros trabajadores de participar en la organización colectiva.
La compañía, según afirman los representantes de UGT, no dudó en asumir el coste económico de estas decisiones, que ascendió a 200.000 euros en indemnizaciones. Este hecho demostraría, en su opinión, que la empresa prefiere pagar cuantiosas sumas antes que permitir la presencia de un sindicato crítico en su centro de trabajo.
El conflicto del convenio del metal de 2025
La situación se agravó considerablemente tras la firma del convenio del sector del metal en La Rioja en 2025. Este acuerdo, negociado entre representantes patronales y sindicales, establecía el pago de una paga extraordinaria de 450 euros para los trabajadores de Euro Seating, compromiso que la dirección ha rechazado sistemáticamente cumplir pese a tener carácter obligatorio.
José María García, responsable del sector del metal en UGT, ha explicado que este impago no es una mera discrepancia entre partes, ya que los tribunales han reconocido la razón al sindicato mediante sentencia firme. Sin embargo, la empresa continúa incumpliendo la resolución judicial, lo que constituye un desafío a la autoridad de la justicia laboral.
Irregularidades en el plus de transporte
Otra de las prácticas más cuestionadas es la relativa al plus de transporte. UGT acusa a la empresa de falsificar las direcciones de los trabajadores en los registros oficiales para evitar el pago de este complemento salarial. Concretamente, habrían registrado Ezcaray como lugar de residencia de todos los empleados, independientemente de donde realmente vivan.
Esta manipulación documental tiene graves consecuencias para la seguridad de los trabajadores. En caso de accidente durante el trayecto de ida o vuelta al trabajo, no se consideraría "in itinere" y el trabajador perdería la protección correspondiente, quedando desprotegido ante una contingencia laboral.
El sindicato ha citado el caso concreto de un empleado que fue despedido por solicitar que se corrigiera su dirección real en Santo Domingo de la Calzada, demostrando así la intolerancia ante cualquier reivindicación de derechos.
Situación actual: nuevos despidos y bajas médicas
Desde octubre, la tensión ha escalado con dos nuevos despidos de afiliados a UGT. Además, el sindicato ha documentado otros casos de presunto acoso laboral que han generado graves consecuencias para la salud de los trabajadores: dos trabajadores están de baja por ansiedad y estrés, y otro empleado ha visto denegada la adaptación de su puesto pese a tener necesidades específicas derivadas de su situación personal.
Estos casos ilustran cómo el supuesto clima de terror afecta no solo a la estabilidad laboral, sino también a la salud mental y física de la plantilla.
Acusaciones a CC OO
UGT ha lanzado duras acusaciones contra tres delegados de Comisiones Obreras (CC OO) a los que califica como "brazo ejecutor de la dirección". Según el sindicato, estos representantes actúan en complicidad con la empresa y en contra de los intereses de los trabajadores, facilitando las prácticas denunciadas.
Esta situación quedaría reflejada en la negativa de estos delegados a adherirse a los dos conflictos colectivos presentados por UGT ante los juzgados, aunque sí lo hizo la Federación de Industria de CC OO a nivel regional. UGT ha querido dejar clara esta distinción entre la postura de la federación regional y la actitud de los delegados del centro de trabajo.
Acciones legales emprendidas
El sindicato ha multiplicado las acciones judiciales y administrativas para frenar las prácticas denunciadas:
- Dos conflictos colectivos por el impago de la paga de 450 euros y el plus de transporte
- Once demandas individuales de trabajadores de Euro Seating por diversas contingencias
- Seis denuncias ante la Inspección de Trabajo por presuntas infracciones graves
Contexto empresarial y contraste
Euro Seating, con una plantilla de aproximadamente cien trabajadores, es un referente en el diseño y fabricación de butacas para cines, auditorios, estadios y teatros a nivel internacional. Su posición de liderazgo en el mercado contrasta dramáticamente con las prácticas laborales denunciadas, generando un serio cuestionamiento de su responsabilidad social corporativa.
Perspectiva del sindicato
Para UGT, esta situación recuerda a los peores climas laborales de las décadas de 1940 y 1950, con un ambiente de miedo y persecución sistemática contra la representación sindical. El sindicato ha anunciado que mantendrá su lucha judicial y mediática hasta conseguir el cese de estas prácticas y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.
La organización sindical ha llamado a la administración laboral y a la opinión pública a tomar conciencia de una situación que considera inadmisible en un Estado de Derecho del siglo XXI. La defensa de la libertad sindical y de la dignidad de los trabajadores, afirman, es un pilar básico de la democracia que no puede verse vulnerado por intereses empresariales.