El Ejecutivo español ha puesto sobre la mesa dos operaciones militares simultáneas que marcarían un antes y después en la política de defensa exterior del país. Por un lado, la posibilidad de enviar efectivos a Ucrania una vez se alcance una tregua estable; por otro, la participación en una misión de vigilancia en Groenlandia, territorio que ha saltado a la actualidad por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre su estratégica importancia en la región del Ártico.
Esta doble vertiente de la política exterior defensiva ha situado a Pedro Sánchez en una encrucijada parlamentaria y diplomática. Durante esta semana, el presidente del Gobierno mantendrá reuniones con los distintos grupos políticos con representación en el Congreso para sondear posiciones y buscar los apoyos necesarios que permitan materializar estos despliegues. La legislación española, a través de la Ley de Defensa Nacional, exige una votación explícita de la Cámara Baja para cualquier misión que implique el despliegue de tropas en el extranjero.
La iniciativa más mediática, y posiblemente más compleja desde el punto de vista político interno, es la relativa a Ucrania. El conflicto bélico iniciado en febrero de 2022 ha mantenido a España como uno de los principales aliados europeos en apoyo a Kiev, tanto en ayuda humanitaria como en material militar. Sin embargo, el salto cualitativo que supondría un despliegue de soldados españoles en territorio ucraniano requiere un consenso que, de momento, no está garantizado.
El Gobierno socialista parte de la premisa de que España no puede desentenderse de la estabilidad del continente europeo una vez se consolide un acuerdo de paz. Esta postura encuentra resistencias incluso dentro de su propio arco parlamentario. Formaciones como Podemos, parte de la coalición que sustenta al Ejecutivo, ya han manifestado públicamente su rechazo a cualquier tipo de intervención militar directa. Esta división obliga a Sánchez a buscar apoyos en la oposición, concretamente en el Partido Popular, cuyo respaldo o abstención resultarían determinantes para la aprobación de la misión.
La complejidad de la operación ucraniana radica no solo en lo político, sino también en lo logístico y estratégico. Una misión de paz en Ucrania implicaría desplegar efectivos en un territorio vasto, con fronteras inestables y amenazas persistentes, incluso tras un eventual cese del fuego. Los analistas militares apuntan que cualquier contingente español debería integrarse en un marco más amplio de la Unión Europea o la OTAN, con mandato claro y reglas de compromiso definidas. La experiencia de misiones anteriores en zonas de conflicto, como Afganistán o Irak, ha dejado lecciones sobre la importancia de contar con una estrategia de salida y objetivos medibles.
Paralelamente, la posible participación española en una misión de vigilancia en Groenlandia representa un escenario geopolítico diferente pero igualmente relevante. El territorio autónomo danés ha cobrado una importancia estratégica creciente debido al deshielo del Ártico, que abre nuevas rutas marítimas y posibilidades de explotación de recursos naturales. Las declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía de Groenlandia han añadido una capa de tensión diplomática que las potencias europeas no pueden ignorar.
El Gobierno español estudia dos formatos para su intervención en la región ártica. El primero, menos comprometido, consistiría en participar en ejercicios militares puntuales junto a otros países europeos. El segundo, más ambicioso, implicaría un despliegue permanente en el marco de una misión de vigilancia coordinada por la Unión Europea. La decisión final dependerá del mandato que se establezca y del nivel de compromiso que esté dispuesto a asumir el Ejecutivo.
La dimensión estratégica de Groenlandia no debe subestimarse. Controlar o vigilar el espacio aéreo y marítimo de la isla más grande del mundo permite a las potencias occidentales monitorear el paso de submarinos, asegurar rutas comerciales y proyectar poder en una región donde Rusia y China han intensificado su presencia. Para España, participar en esta misión significaría asumir un rol activo en la seguridad atlántica y reforzar su posición como actor relevante en la arquitectura de defensa europea.
Desde el punto de vista parlamentario, la misión en Groenlandia podría encontrar menos resistencias que la ucraniana, siempre que se enmarque como una operación limitada en tiempo y recursos. Sin embargo, cualquier despliegue permanente requeriría el mismo trámite de autorización legislativa, con los debates y negociaciones que ello conlleva.
El contexto internacional no podría ser más complejo. La administración Trump ha cuestionado abiertamente el compromiso estadounidense con la defensa colectiva, presiona a los aliados para que aumenten su gasto militar y ha planteado demandas territoriales que chocan con el orden post Segunda Guerra Mundial. En este escenario, Europa se ve obligada a asumir mayor responsabilidad en su propia seguridad, y España, como cuarta economía de la eurozona, no puede eludir su papel.
La decisión sobre ambas misiones refleja una tendencia creciente en la política exterior española hacia una mayor proyección militar. Tras décadas de perfil bajo en operaciones de combate, salvo excepciones como las misiones en Afganistán o la guerra de Kosovo, España parece dispuesta a asumir compromisos más sustanciales. Este giro responde tanto a presiones aliadas como a una percepción compartida de que la estabilidad europea ya no puede darse por sentada.
Los próximos días serán decisivos. Las reuniones de Sánchez con los grupos parlamentarios definirán si existe un núcleo duro de apoyo suficiente para llevar ambas propuestas a votación. El Partido Popular, tradicionalmente más favorable a una política de defensa robusta, se encuentra en una posición de poder de facto: sin su aquiescencia, cualquier misión importante quedará bloqueada.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa trabaja en los detalles operativos. Desde el número de efectivos necesarios hasta el equipamiento específico, pasando por las normas de interacción con fuerzas locales y aliadas. La experiencia adquirida en misiones internacionales ha permitido a las Fuerzas Armadas españolas desarrollar capacidades de despliegue rápido y interoperabilidad con estructuras de la OTAN, pero cada operación presenta desafíos únicos.
La ciudadanía española, por su parte, observa estos movimientos con una mezcla de pragmatismo y cautela. Las encuestas reflejan un apoyo moderado a la ayuda a Ucrania, pero la idea de un despliegue de tropas en territorio activamente disputado genera más reticencias. La comunicación política tendrá que ser cuidadosa, explicando no solo los objetivos estratégicos, sino también las garantías de seguridad para los soldados desplegados.
En el caso de Groenlandia, el desconocimiento general sobre su importancia estratégica puede dificultar la generación de un consenso social amplio. La distancia geográfica y la percepción de que no es una amenaza directa para España pueden restar urgencia al debate, aunque para los planificadores militares y diplomáticos la región es prioritaria.
La simultaneidad de ambas decisiones pone a prueba la capacidad del Gobierno para articular una estrategia de defensa coherente y sostenible. No se trata solo de sumar misiones, sino de priorizar recursos limitados en un contexto de presión presupuestaria y múltiples compromisos. Las Fuerzas Armadas españolas ya mantienen despliegues en misiones de la OTAN, la UE y Naciones Unidas, por lo que cada nuevo compromiso requiere una cuidadosa evaluación de capacidades.
El factor temporal también juega en contra. Mientras que la situación en Ucrania exige una respuesta rápida ante un eventual alto el fuego, la presión en el Ártico es más gradual pero constante. La diplomacia preventiva podría evitar escaladas mayores, pero requiere una presencia física que disuada de posibles acciones unilaterales por parte de potencias competidoras.
En definitiva, España se encuentra en un momento de definición estratégica. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas sobre Ucrania y Groenlandia no solo afectarán a la política exterior inmediata, sino que establecerán un precedente para el tipo de actor global que el país aspira a ser en las próximas décadas. La capacidad para construir consensos parlamentarios sólidos será tan importante como la preparación militar de los efectivos que eventualmente desplegarán sus banderas en territorio extranjero.