El sector primario de Castilla y León vuelve a movilizarse este jueves 15 de enero en Valladolid para manifestar su rechazo al controvertido acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La protesta, que contará con la participación de numerosos tractores, tendrá lugar en las inmediaciones de las Cortes de Castilla y León, donde los agricultores y ganaderos esperan hacer oír sus demandas ante una negociación que consideran lesiva para los intereses del campo español.
La movilización llega en un momento de intensa actividad política en torno al acuerdo, que podría ser ratificado en los próximos días en el Parlamento Europeo. Las organizaciones agrarias han elevado su voz de alarma ante lo que perciben como una competencia desleal que pondría en riesgo la viabilidad de explotaciones fundamentales para la economía regional. La protesta de Valladolid se suma a una serie de acciones reivindicativas que han sacudido el sector en las últimas semanas, con lemas como 'Sin paja no hay leche' o 'El campo somos todos'.
El núcleo de la preocupación radica en las diferencias de estándares entre la producción europea y la de los países del Mercosur. Los agricultores castellanos y leoneses advierten que el acuerdo generará un impacto negativo en sectores estratégicos de la agricultura y ganadería regional, una situación que, a su juicio, terminará repercutiendo directamente en el bolsillo del consumidor final. La falta de armonización en materia de requisitos medioambientales, sociales y de trazabilidad constituye el principal escollo para un sector que exige condiciones equitativas.
Durante la reciente reunión del Consejo Regional Agrario, la Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias alcanzaron un consenso claro: solo apoyarán el acuerdo si se garantiza una reciprocidad real y efectiva. Este principio implica que las importaciones deberían cumplir con los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales que exige la legislación europea a sus propios productores, incluyendo sistemas rigurosos de control y trazabilidad. Este compromiso será trasladado al Ejecutivo central y a las instituciones europeas competentes para su consideración.
La presión política se ha intensificado con peticiones directas a los europarlamentarios españoles, especialmente a los representantes de Castilla y León, para que voten en contra del documento cuando llegue al Parlamento Europeo. La firma del acuerdo está prevista en Paraguay en los próximos días, lo que ha acelerado las movilizaciones en toda España.
Detalles de la protesta y afección al tráfico
La concentración está programada para las 10:00 horas en la plaza de las Cortes de Castilla y León. Sin embargo, la afección a la circulación comenzará mucho antes, aproximadamente a las 8:30 horas, tanto en las vías por las que discurrirá la marcha de tractores como en las calles aledañas, donde se prevén retenciones significativas.
El dispositivo de seguridad será considerable, con un vallado perimetral alrededor del edificio de las Cortes y un despliegue de agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía. Las autoridades han establecido un protocolo especial para garantizar la seguridad de los manifestantes y de la ciudadanía, dada la proximidad de la protesta a un centro institucional de primer orden.
El recorrido de la tractorada seguirá el siguiente itinerario: partirá del Camino Viejo de Simancas, kilómetro 4,850, donde se ubican las señales verticales que indican el fin del poblado. Desde allí, los vehículos agrícolas avanzarán por el Camino Viejo de Simancas, continuarán por la avenida de Zamora y la avenida de Salamanca, para finalmente llegar a la plaza de las Cortes de Castilla y León.
Esta ruta ha sido diseñada para maximizar la visibilidad de la protesta mientras se minimizan los inconvenientes para la ciudadanía, aunque se esperan importantes molestias en el tráfico rodado durante las horas centrales de la mañana. Los conductores deberán extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas para evitar las zonas afectadas.
Contexto institucional y comparecencia
La protesta coincide con una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León, donde el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz, comparecerá para informar sobre la gestión de la campaña de incendios de 2025. Esta coincidencia temporal no es casual, ya que los agricultores buscan aprovechar la presencia de autoridades regionales para reforzar su mensaje.
La consejera de Agricultura ha recordado en declaraciones recientes que el sector ha sido claro en su demanda: exige garantías de que la producción se realiza en igualdad de condiciones en todos los lugares. Esta afirmación resume el sentir de un colectivo que se siente amenazado por la competencia de productos que no cumplen con los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.
La posición de la Junta de Castilla y León refleja un equilibrio entre el reconocimiento de las oportunidades del comercio internacional y la defensa de los intereses de un sector estratégico para la región. La agricultura y la ganadería representan un pilar fundamental de la economía castellano-leonesa, y cualquier amenaza a su competitividad genera una respuesta contundente tanto de los productores como de las instituciones.
Implicaciones del acuerdo UE-Mercosur
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) ha sido objeto de intensos debates desde su anuncio. Para el sector agrario español, las preocupaciones se centran en la apertura del mercado a productos como la carne vacuna, el azúcar o los cereales, que podrían competir con ventajas desleales debido a diferencias en la normativa laboral, medioambiental y de bienestar animal.
Los productores de Castilla y León argumentan que la falta de armonización regulatoria no solo pone en peligro su supervivencia económica, sino que también compromete los avances logrados en materia de sostenibilidad y calidad alimentaria en Europa. La posibilidad de importar productos a precios más bajos, pero con costes ambientales y sociales ocultos, representa un desafío a la coherencia de la política agraria europea.
Además, advierten que esta competencia desleal podría acelerar el éxodo rural y la concentración de la propiedad agraria, debilitando el tejido social de las zonas rurales y comprometiendo la soberanía alimentaria de la región. La pérdida de rentabilidad en explotaciones familiares, que constituyen la mayoría del sector en Castilla y León, tendría efectos devastadores en municipios que dependen económicamente de la actividad agraria.
Perspectivas y próximos pasos
La tractorada de Valladolid forma parte de una estrategia de presión más amplia que incluye movilizaciones en otras capitales regionales y contactos directos con representantes políticos en Bruselas. Los agricultores no descartan nuevas acciones si sus demandas no son atendidas, y han anunciado que mantendrán la presión hasta que se garanticen sus condiciones.
La respuesta de las instituciones europeas será crucial en las próximas semanas. El Parlamento Europeo deberá decidir si ratifica el acuerdo tal cual está o si introduce modificaciones que contemplen las preocupaciones del sector agrario. La posición de los europarlamentarios españoles, particularmente los de Castilla y León, podría ser determinante en una votación que se previoja.
Mientras tanto, la ciudadanía de Valladolid deberá prepararse para las molestias derivadas de la protesta, pero también reflexionar sobre las implicaciones de un acuerdo que afecta a la cadena alimentaria completa. Desde el campo se insiste en que la calidad de los productos locales, su trazabilidad y el cumplimiento de estándares medioambientales son valores que merecen ser protegidos, no solo por el bien de los productores, sino por el de todos los consumidores.
La jornada del 15 de enero marcará un hito en la lucha del sector agrario castellano-leonés por la defensa de sus intereses. La presencia de tractores en las calles de Valladolid simboliza no solo una protesta concreta, sino una llamada de atención sobre la necesidad de políticas comerciales que respeten el principio de reciprocidad y garanticen un futuro sostenible para la agricultura europea.