El acuerdo sobre la nueva financiación autonómica que se cerró la semana pasada en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, tiene un protagonista clave que actuó en la sombra: el PSC de Salvador Illa. Fue este partido quien, desde el primer momento, estableció como condición innegociable que el nuevo modelo se basara en el principio de ordinalidad, un mecanismo que garantiza que una comunidad autónoma no aportará más a la caja común de lo que recibe de las arcas estatales.
Este fundamento, que finalmente fue adoptado por el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, se aplicará exclusivamente a Cataluña, reconociendo así su singularidad frente al resto de territorios. La vicepresidenta económica del Gobierno tuvo que ceder a las presiones del PSC, a pesar de sus reservas iniciales, especialmente por las consecuencias electorales que podría tener en Andalucía, donde es candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta.
El documento que marcó el camino
La apuesta del PSC por la ordinalidad no fue una improvisación. Ya constaba en la primera propuesta que los socialistas catalanes remitieron a ERC para negociar la investidura de Illa como presidente de la Generalitat. El documento, fechado el 1 de julio de 2024 y al que ha tenido acceso este medio, establecía de forma clara que «el sistema de financiación tiene que garantizar el principio de ordinalidad, que establece la correlación entre las aportaciones de una comunidad autónoma y los beneficios que recibe».
Esta cláusula se convirtió en uno de los pilares del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, que permitió que los republicanos apoyaran a Illa para acceder al Palau de la Generalitat. Desde entonces, ambas formaciones han estado negociando con el Gobierno central la aplicación de ese pacto, que culminó con el anuncio del pasado jueves.
La financiación singular para Cataluña fue precisamente uno de los puntos estrella del convenio. Inicialmente, ERC aspiraba a un concierto económico similar al vasco, pero el PSC encontró en la ordinalidad una fórmula para diferenciar a Cataluña sin sacarla del régimen común de financiación. La estrategia era premiar a la comunidad catalana por ser una de las principales contribuyentes al sistema, asegurándole que también sería una de las mayores receptoras.
La resistencia de Montero y la presión del PSC
La ministra María Jesús Montero no veía con buenos ojos esta fórmula. Su principal preocupación era el coste electoral que podría tener en Andalucía, territorio donde se presenta como cabeza de cartel del PSOE para las próximas elecciones autonómicas. Favorecer a Cataluña con un trato diferencial podría ser explotado por la oposición y generar un rechazo entre los votantes andaluces.
Sin embargo, el PSC mantuvo su postura firme. La consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, lideró las negociaciones desde el lado catalán, insistiendo en que este precepto era ineludible para su partido. La presión fue tal que Montero terminó por aceptar la ordinalidad como base del nuevo modelo, aunque solo para Cataluña.
El resultado es que Cataluña pasará a ser la tercera comunidad autónoma que más recibe del Estado, precisamente porque es la tercera que más aporta. Este reconocimiento de su singularidad ha generado debate sobre la equidad del sistema y las consecuencias para otras regiones que también contribuyen significativamente pero no recibirán el mismo trato.
Medidas anti-Ayuso en el acuerdo
El principio de ordinalidad no fue la única exigencia del PSC. La primera oferta de Illa a Junqueras también incluía medidas para limitar la capacidad de las comunidades de rebajar impuestos, una clara alusión a la política fiscal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. La comunidad madrileña ha sido pionera en reducciones tributarias, especialmente en el IRPF y el de sucesiones, lo que ha generado tensiones con otros territorios.
El objetivo de estas medidas es evitar una «guerra fiscal» entre comunidades y garantizar un mínimo de homogeneidad en el sistema tributario español. Sin embargo, esta postura choca con el modelo de baja imposición que ha defendido Ayuso y que ha resultado electoralmente exitoso en la capital.
Una negociación compleja
El camino hacia el acuerdo final no fue sencillo. La negociación entre el Gobierno central y ERC se prolongó durante meses, con múltiples reuniones y propuestas alternativas. La clave del éxito fue la unidad de criterio del PSC, que actuó como puente entre los intereses catalanes y las reticencias del Ejecutivo de Sánchez.
El documento del 1 de julio ya anticipaba la solución final: una financiación que reconociera la contribución catalana sin romper el marco común. La ordinalidad era la respuesta perfecta: permitía diferenciar a Cataluña sin abrir la puerta a demandas similares de otras comunidades, ya que se justificaba por su posición como tercera contribuyente neto.
El papel de Oriol Junqueras
El líder de ERC jugó un papel fundamental en esta negociación. Su relación con Pedro Sánchez, aunque compleja, ha permitido avances significativos en la relación entre el Gobierno central y Cataluña. Junqueras consiguió que la financiación singular fuera una realidad, aunque en una versión más moderada de lo que inicialmente pretendía su partido.
La presencia de Junqueras en la reunión del jueves en La Moncloa simbolizaba el compromiso del Gobierno con el acuerdo. La fotografía de ambos líderes fue interpretada como un mensaje de estabilidad y continuidad en la política de diálogo con Cataluña.
Consecuencias para el sistema autonómico
La aplicación selectiva del principio de ordinalidad abre un precedente importante en el sistema de financiación autonómica. Reconocer la singularidad de Cataluña mediante un trato diferencial puede generar demandas similares en otras comunidades con alta capacidad contributiva, como Madrid o la Comunidad Valenciana.
Además, la limitación a las rebajas fiscales plantea cuestiones sobre la autonomía tributaria real de las comunidades. Si el Gobierno central puede restringir esta capacidad, se reduce el margen de maniobra de los gobiernos autonómicos para diseñar sus propias políticas fiscales.
El futuro de la financiación autonómica
Con este acuerdo, se abre una nueva etapa en las relaciones entre el Estado y las autonomías. El modelo de financiación, que lleva años pendiente de reforma, da un paso significativo con la incorporación de la ordinalidad para Cataluña. Sin embargo, quedan preguntas por resolver sobre la extensión de este principio a otras comunidades y sobre la coordinación fiscal entre territorios.
La ministra Montero tendrá ahora la tarea de defender este acuerdo tanto en Cataluña como en Andalucía, dos territorios con expectativas y sensibilidades muy diferentes. Su capacidad para explicar los beneficios del sistema y neutralizar las críticas será clave en las próximas elecciones autonómicas.
Un acuerdo con visión electoral
Tanto el PSC como el PSOE han tenido que hacer cálculos electorales en esta negociación. Para los socialistas catalanes, el acuerdo refuerza su imagen de defensores de los intereses de Cataluña dentro del marco constitucional. Para el PSOE, y especialmente para Montero, supone un riesgo en Andalucía que tendrán que gestionar con habilidad.
La oposición, especialmente el PP, ya ha criticado el trato preferencial para Cataluña, calificándolo de «veneno para la convivencia territorial». Esta retórica será uno de los ejes de su campaña en las próximas citas electorales.
Conclusiones
El acuerdo sobre la financiación autonómica representa un compromiso político complejo que busca equilibrar intereses contradictorios. Por un lado, reconoce la realidad contributiva de Cataluña y su demanda de un trato diferenciado. Por otro, intenta mantener la cohesión del sistema y evitar agravios comparativos con otras comunidades.
La imposición del PSC sobre Montero demuestra el peso específico que tiene el partido en las decisiones del Gobierno central cuando se trata de cuestiones catalanas. La capacidad de los socialistas catalanes para hacer valer sus posiciones, incluso contra la opinión inicial de la ministra de Hacienda, marca un antes y un después en la dinámica de poder dentro del PSOE.
Finalmente, el acuerdo deja en el aire la cuestión de si este modelo es sostenible a largo plazo o si abre la puerta a una mayor fragmentación del sistema autonómico. Solo el tiempo dirá si la ordinalidad selectiva fue una solución inteligente o un parche que generará más problemas de los que resuelve.