El Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La propuesta de reforma electoral impulsada por Morena y liderada por Pablo Gómez ha colocado al órgano electoral en una encrucijada donde la confrontación ideológica choca con la necesidad de una estrategia pragmática de supervivencia institucional.
La iniciativa de reforma, presentada en un contexto de múltiples demandas legislativas pendientes, ha generado un debate polarizado. Sin embargo, más allá de las posturas encontradas, lo cierto es que el INE posee una oportunidad única para incidir en el contenido final de esta transformación legal. La pregunta central es si la dirigencia del Instituto está dispuesta a abandonar posturas puristas para asumir un rol proactivo de control de daños.
El error de la Suprema Corte como advertencia
La experiencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de Norma Piña, sirve como una advertencia clara. La Corte cometió errores estratégicos que la llevaron a una crisis de legitimidad y autoridad. El INE corre el riesgo de repetir esa misma trayectoria si no comprende que el escenario actual no es de diálogo institucional ideal, sino de gestión de riesgos y minimización de impactos negativos.
Los consejeros electorales deben reconocer que se encuentran en una posición de desventaja. La mayoría legislativa de Morena tiene la capacidad de aprobar la reforma sin su aquiescencia. Ante esta realidad, existen dos caminos: enarbolar la bandera del puritanismo intelectual, condenándose a la irrelevancia, o entablar un diálogo constructivo con el Ejecutivo para moldear, desde dentro, las peores consecuencias de la propuesta.
La respuesta fallida del Consejo General
Hasta el momento, el INE ha optado por el primer camino. El Consejo General respondió a la iniciativa de reforma con un documento extenso, desarticulado y contradictorio que no logra dialogar de manera significativa con los diez puntos planteados por el Ejecutivo. Este texto, lejos de ser una herramienta de negociación, adopta un tono casi regañón que cierra puertas en lugar de abrirlas.
El Instituto ha desaprovechado su principal fortaleza: su potente estructura técnica. En lugar de presentar análisis rigurosos y propuestas concretas que pudieran servir de base para un acuerdo, el documento resulta ser un Frankenstein institucional, plagado de incongruencias y falto de visión estratégica. Esta actitud no solo debilita la posición del INE, sino que también desperdicia una oportunidad crucial para proteger la integridad del sistema electoral.
La posibilidad de diálogo existe
Una de las excusas más comunes para justificar la inacción es la supuesta imposibilidad de dialogar con Morena. Esta afirmación, sin embargo, es falsa. Si bien es cierto que Pablo Gómez, al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ha demostrado ser un interlocutor complicado y provocador, no es el único actor en el proceso.
Dentro de la misma Comisión existen figuras con visiones más centristas, como Lázaro Cárdenas Batel, que podrían servir como puente para un entendimiento más técnico y menos ideológico. Además, la presencia de Arturo Zaldívar, con su peso institucional y su conocimiento del sistema de justicia, ofrece una ventana de oportunidad para incidir en aspectos técnicos cruciales.
El problema no es la ausencia de interlocutores válidos, sino la falta de voluntad estratégica del INE para identificarlos y acercarse a ellos. No se requiere un consenso unánime del Consejo General para iniciar un diálogo. Una o dos voces, con la estrategia adecuada y el respaldo técnico del Instituto, podrían generar un canal de comunicación efectivo.
La ventana técnica: una oportunidad desperdiciada
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral carece de la capacidad técnica necesaria para realizar análisis complejos de escenarios y prever las consecuencias no deseadas de sus propuestas. Esta debilidad es precisamente la fortaleza del INE. El Instituto posee expertos capaces de modelar impactos, identificar riesgos y proponer alternativas viables que cumplan con los objetivos declarados del Ejecutivo sin comprometer la calidad del proceso electoral.
Sin embargo, esta ventaja no se ha utilizado. En lugar de ofrecer asesoría técnica que pudiera moldear la reforma desde adentro, el INE se ha encerrado en una torre de marfil de exquisiteces institucionales. Esta actitud no protege la autonomía del Instituto; la pone en mayor riesgo.
De la confrontación a la construcción
El momento actual exige una reconversión urgente de la estrategia del INE. No se trata de renunciar a principios fundamentales, sino de reconocer que en política, la perfección es enemiga de lo bueno. Un documento que critique cada aspecto de la reforma sin ofrecer vías de solución es tan inútil como la ausencia total de respuesta.
Lo que el INE necesita es una estrategia de control de daños que identifique los puntos críticos de la reforma donde la intervención técnica pueda generar cambios sustanciales. Esto implica priorizar: no todos los aspectos de la propuesta tienen el mismo impacto negativo potencial. Algunos son molestias administrativas; otros, amenazas reales a la equidad competitiva.
Un enfoque pragmático permitiría al INE concentrar sus esfuerzos en aquellas modificaciones que realmente comprometerían la integridad del proceso electoral. En estos puntos, el Instituto podría presentar alternativas técnicamente sólidas que cumplan con los objetivos de austeridad y eficiencia planteados por Morena, pero sin sacrificar estándares democráticos esenciales.
El costo del puritanismo
La postura actual del INE, basada en un puritanismo institucional, tiene un costo político elevado. Cada día que pasa sin un acercamiento estratégico, la reforma avanza sin la influencia técnica del órgano electoral. Una vez aprobada la legislación, será mucho más difícil corregir sus defectos.
Además, esta actitud refuerza la narrativa oficial de que el INE es un órgano obstruccionista y desconectado de las necesidades reales. Esta percepción, justa o no, debilita aún más la posición del Instituto en futuras confrontaciones y erosiona su capital político.
Un llamado a la sensatez
Los consejeros del INE deben escuchar las voces que advierten sobre el tren que se aproxima. No es momento de exquisiteces ideológicas ni de defensas a ultranza de cada coma en la legislación vigente. Es tiempo de supervivencia institucional y de control inteligente de daños.
Esto no significa rendirse o aceptar sin crítica cada aspecto de la reforma. Significa reconocer que la batalla por la perfección ya está perdida, pero la guerra por una elección competitiva y justa aún puede ganarse. Para ello, se requiere astucia, pragmatismo y la voluntad de dialogar incluso con quienes no comparten los mismos valores democráticos.
El INE tiene la capacidad técnica, el prestigio internacional y el conocimiento acumulado para marcar la diferencia. Lo que le falta es la estrategia política para usar estas herramientas efectivamente. La historia juzgará a los consejeros no por la pureza de sus posturas, sino por su capacidad de proteger la democracia mexicana en uno de sus momentos más desafiantes.
La reforma electoral es un hecho político inevitable. La única incógnita es si el INE tendrá el coraje de dejar de lado el puritanismo para asumir su responsabilidad histórica: garantizar que, incluso en condiciones adversas, el sistema electoral preserve su esencia democrática. El tiempo se agota y cada decisión cuenta. La institucionalidad mexicana no puede permitirse otro error estratégico de esta magnitud.