El Consejo de Informativos de Televisión Española se encuentra en el centro de una intensa controversia tras la publicación de un informe que cuestiona la calidad periodística de dos programas de la cadena pública. La investigación, que ha durado más de ocho meses, ha desatado una ola de críticas desde distintos sectores de la corporación, incluida su propia dirección, lo que ha llevado al sindicato USO a manifestar su respaldo incondicional a este órgano de control.
El conflicto estalló cuando el Consejo de Informativos hizo públicas las conclusiones de su análisis sobre los espacios Mañaneros 360 y Malas Lenguas, presentados respectivamente por Javier Ruiz y Jesús Cintora. Ambos formatos, producidos por compañías externas a RTVE, fueron objeto de más de un centenar de quejas por parte de profesionales de los Servicios Informativos de la casa, quienes denunciaron presuntas irregularidades en su tratamiento de la actualidad. Las denuncias apuntaban a posibles manipulaciones, falta de rigor en la contrastación de datos y una selección parcial de la información que beneficiaría intereses políticos concretos.
Según ha trascendido, el informe concluye que estos programas incurrieron en una "mala praxis" periodística y evidencia un sesgo político en su línea editorial. Las quejas iniciales, presentadas el pasado mes de mayo, motivaron al Consejo a abrir una investigación de oficio para determinar si las denuncias tenían fundamento, tal como establece su mandato legal. El proceso ha sido exhaustivo, con análisis de múltiples ediciones de ambos programas y testimonios de los afectados.
El Consejo de Informativos no es un órgano menor dentro de la arquitectura de RTVE. Regulado por la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, la Ley General de Comunicación Audiovisual y el Mandato Marco que rige la corporación, entre otras normativas, su función principal es velar por la integridad y la independencia de la información que se emite en la cadena pública. Este mandato le obliga a investigar las quejas de los trabajadores y darles una respuesta fundamentada. Su existencia está prevista expresamente para evitar que intereses ajenos al servicio público condicionen la línea informativa de la corporación.
La publicación del documento no ha pasado desapercibida. Desde el mismo martes en que se hicieron públicas las conclusiones, el Consejo ha recibido una lluvia de críticas de colaboradores y directivos de RTVE. Algunos de estos ataques cuestionan incluso la legitimidad del órgano para investigar programas que, según argumentan, no serían "informativos en sentido estricto", sino formatos de infoentretenimiento que deberían escapar a su control. Esta interpretación restrictiva del mandato del Consecho choca frontalmente con la visión de los profesionales.
Frente a estas críticas, el sindicato USO ha emitido un comunicado en el que expresa su apoyo total y sin matices al Consejo de Informativos. La organización sindical denuncia que los ataques pretenden "deslegitimar su actuación" y recuerda que el órgano actuó conforme a sus competencias legales. El respaldo de USO resulta significativo, ya que representa a los propios trabajadores que inicialmente elevaron las quejas y que ven ahora cuestionada su capacidad para alertar sobre problemas internos.
Entre los críticos más vocales destaca Roberto Lakidain, ex consejero de RTVE designado por Unidas Podemos durante la anterior legislatura y actualmente director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de la corporación. Lakidain ha utilizado sus perfiles en redes sociales para cuestionar abiertamente el trabajo del Consejo, calificándolo de "intensa y obsesiva campaña de acoso" contra los presentadores. Su posición resulta paradójica, ya que proviene de quien ostenta un cargo directivo en la misma empresa que gestiona estos programas.
En varios mensajes publicados en la red social X, Lakidain ha minimizado las conclusiones del informe, sugiriendo que el Consejo está reprochando a RTVE prácticas que también han sido denunciadas por otros medios de comunicación. "El Consejo llama 'mala práctica' en TVE a lo mismo que publicaron El País y El Diario, entre otros medios", ha escrito en una de sus intervenciones. Esta argumentación, sin embargo, no tiene en cuenta que el problema no es la denuncia en sí, sino que se produzca en programas de la televisión pública, financiada con dinero de todos los ciudadanos.
Estas declaraciones han generado malestar entre los profesionales de la casa, que consideran que un directivo de RTVE debería mantener una postura más institucional y respetuosa con los órganos de control internos. La tensión entre la dirección corporativa y el Consejo de Informativos no es nueva, pero esta crisis la ha intensificado hasta límites insospechados. Muchos periodistas temen que estos ataques puedan desincentivar futuras denuncias de problemas internos.
El Consejo de Informativos ha demostrado a lo largo de su historia una notable independencia, lo que le ha convertido en un actor incómodo para distintos gobiernos. Durante la etapa de Mariano Rajoy, por ejemplo, este órgano promovió y respaldó las protestas conocidas como Viernes Negros en defensa de la libertad de información. Su actuación actual demuestra que mantiene esa vocación de servicio público por encima de presiones políticas o corporativas. Esta trayectoria le confiere una autoridad moral que resulta difícil de cuestionar.
La polémica plantea cuestiones fundamentales sobre el modelo de gestión de RTVE. Por un lado, la externalización de contenidos informativos a productoras privadas genera tensiones con los profesionales de la casa, que ven cómo se cuestionan los estándares de calidad que han defendido durante décadas. La precarización laboral y la pérdida de control sobre la producción son preocupaciones constantes. Por otro, la reacción de la dirección ante un informe crítico pone en duda el compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas que debe presidir toda institución pública.
Los programas analizados, Mañaneros 360 y Malas Lenguas, representan un modelo de contenido híbrido que mezcla información y entretenimiento, cada vez más común en las parrillas televisivas. Sin embargo, cuando estos formatos abordan temas de actualidad política y social, los límites entre el entretenimiento y el periodismo se difuminan, y con ello, las responsabilidades que conlleva. La ciudadanía tiene derecho a exigir que cualquier contenido que aborde temas públicos, independientemente de su envoltorio, respete los principios básicos del periodismo: veracidad, imparcialidad y rigor.
El Consejo de Informativos ha recordado que su competencia no se limita a los espacios estrictamente informativos, sino que se extiende a cualquier contenido que aborde temas de interés público, independientemente de su formato. Esta interpretación amplia de su mandato es la que ahora cuestionan desde la dirección de la corporación. Los profesionales, sin embargo, argumentan que precisamente esa amplitud es lo que garantiza que no haya espacios libres de control en una cadena de titularidad estatal.
La situación ha llegado a tal punto que los trabajadores han visto necesario parapetar al Consejo de Informativos ante los ataques que recibe. Este apoyo colectivo refleja la preocupación por la posible erosión de un mecanismo de control que, pese a sus imperfecciones, ha servido como garantía de la independencia periodística en la televisión pública. La unidad de los profesionales en este momento resulta clave para preservar la institucionalidad.
El debate trasciende los muros de Prado del Rey y plantea una reflexión necesaria sobre el futuro del servicio público de radiotelevisión en España. En un momento en que la desinformación y la polarización política amenazan la calidad del debate democrático, la existencia de órganos independientes de control resulta más crucial que nunca. La credibilidad de los medios públicos está en juego.
La batalla en torno al informe del Consejo de Informativos de TVE no es, en última instancia, una disputa burocrática. Es un enfrentamiento entre dos visiones contrapuestas del periodismo público: una que prioriza la independencia y la calidad profesional, y otra que parece más sensible a las presiones políticas y corporativas. El resultado de este enfrentamiento definirá qué tipo de televisión pública queremos para el futuro.
Mientras tanto, los profesionales de RTVE continúan vigilantes, conscientes de que la defensa del Consejo de Informativos es, en realidad, la defensa de su propia capacidad para informar con libertad y rigor. La resolución de este conflicto marcará un precedente que determinará el rumbo de la televisión pública en los próximos años. La ciudadanía, como titular último de RTVE, debería también prestar atención a esta crisis, pues en juego está la calidad de la información que recibe y, con ello, la salud de su propia democracia.