La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha iniciado una investigación formal contra el secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, tras recibir una denuncia por presunto acoso sexual de parte de una militante del partido en el municipio costero.
El caso, que ha generado conmoción en la política local malagueña, se centra en una serie de mensajes enviados a través de WhatsApp que, según la denunciante, contenían proposiciones de carácter sexual no consentidas y actitudes intimidatorias que se prolongaron durante más de doce meses.
Antonio Navarro, quien además ocupa los cargos de concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y diputado provincial, se enfrenta ahora a un proceso judicial que podría derivar en una denuncia formal o en el archivo de las diligencias, dependiendo de las pruebas que recabe el ministerio fiscal.
La denuncia fue presentada el pasado 10 de noviembre ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, un órgano especializado en este tipo de delitos en la provincia de Málaga. Según fuentes cercanas al caso, el escrito recoge que desde septiembre de 2021 la afectada recibió cientos de mensajes con contenido claramente sexual, insinuaciones reiteradas y proposiciones no deseadas que traspasaban los límites de la relación laboral o política.
Estos mensajes, todos ellos a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, habrían sido enviados en horario nocturno y fuera del ámbito profesional, lo que habría generado una situación de malestar y angustia en la denunciante, militante activa del PSOE local en esta localidad de la Costa del Sol.
La reacción del PSOE no se ha hecho esperar. La dirección provincial del partido ha solicitado de forma inmediata a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de la militancia de Navarro, al tiempo que le ha pedido que ponga sus cargos institucionales a disposición del partido "de forma inmediata".
En un comunicado oficial, los socialistas malagueños han enfatizado su compromiso con la lucha contra cualquier tipo de acoso. "No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres", señalan en el texto, reafirmando su política de tolerancia cero ante este tipo de conductas.
El proceso interno del partido ya llevaba varios meses en marcha. La denunciante puso en conocimiento de la formación los hechos a través de los cauces internos del partido hace aproximadamente seis meses, lo que activó un protocolo específico de actuación. El caso fue elevado primero a la ejecutiva regional andaluza y posteriormente a la comisión ejecutiva federal, que creó una comisión específica para investigar las acusaciones.
Fuentes del PSOE explican que se dio audiencia a ambas partes implicadas y se solicitó documentación adicional para esclarecer los hechos. El órgano contra el acoso del partido, que trabaja con plena autonomía y garantizando la privacidad de las personas involucradas, estaba examinando la situación cuando la denunciante decidió también acudir a la vía judicial.
Según información recogida por la Cadena SER, la afectada volvió a insistir en su reclamación durante el mes de octubre, antes de formalizar finalmente la denuncia ante la Fiscalía el 10 de noviembre. En su escrito, la militante socialista describe una actitud misógina, intimidatoria y agresiva por parte del líder local, que habría utilizado su posición de poder para mantener una conducta inadecuada durante un período prolongado.
El documento presentado ante el ministerio fiscal recoge decenas de frases que, presuntamente, fueron escritas por Navarro y que no guardan relación alguna con asuntos municipales o profesionales. Entre los ejemplos citados en la investigación figuran mensajes como "No me esquives, que te quiero meter ficha", que reflejarían un tono coercitivo y fuera de lugar en cualquier relación laboral o política.
La situación ha puesto en el centro del debate la efectividad de los protocolos contra el acoso dentro de las formaciones políticas y la necesidad de actuaciones rápidas y contundentes cuando surgen este tipo de denuncias. El PSOE, que se ha posicionado como un partido comprometido con la igualdad y la lucha contra la violencia de género, se enfrenta ahora a un caso que pone a prueba sus mecanismos internos de protección.
El municipio de Torremolinos, con casi 71.000 habitantes y uno de los destinos turísticos más importantes de la Costa del Sol, ve cómo su principal representante socialista queda inmerso en una crisis política y judicial que podría tener consecuencias significativas en la gobernabilidad local.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza. Las diligencias de investigación están en una fase preliminar donde se analiza la información presentada y se decide si existe base suficiente para formular una denuncia oficial o si, por el contrario, el caso debe ser archivado por falta de evidencias.
El proceso judicial en España para casos de acoso sexual requiere un análisis exhaustivo de las comunicaciones, testimonios y circunstancias que rodean los hechos denunciados. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga, especializada en este tipo de delitos, aplicará el protocolo establecido para determinar la veracidad de las acusaciones.
Para el PSOE, el caso representa un desafío a su coherencia interna. La formación ha sido una de las más activas en la promoción de la ley integral contra la violencia de género y en la defensa de políticas de igualdad. La rápida solicitud de suspensión de militancia y la petición de dimisión de Navarro reflejan una voluntad de actuar con firmeza para no dañar la imagen del partido.
Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar desde otros ámbitos políticos. Algunas voces señalan que el proceso interno del PSOE se prolongó durante seis meses sin que se adoptaran medidas drásticas, lo que habría permitido que el denunciado continuara ejerciendo sus funciones durante ese período. La formación, por su parte, defiende que se siguieron los pasos establecidos en su protocolo y que se actuó con la celeridad que permite un proceso justo.
La denunciante, cuya identidad se mantiene en el anonimato por protección, ha demostrado una determinación notable al insistir en su reclamación tanto por la vía interna del partido como por la judicial. Su decisión de acudir a la Fiscalía después de meses de proceso interno indica una posible frustración con la velocidad o eficacia de las medidas adoptadas por el PSOE.
El caso también pone de manifiesto el riesgo del acoso digital y el uso de herramientas de mensajería instantánea para conductas inapropiadas. WhatsApp, una aplicación ampliamente utilizada en el ámbito profesional, puede convertirse en un canal de acoso cuando se utiliza para enviar contenido no consentido fuera del horario laboral y con intenciones claramente personales y sexuales.
Expertos en derecho laboral y penal señalan que estos casos son complejos de probar, ya que requieren demostrar la no consentimiento de la víctima y la naturaleza intimidatoria de los mensajes. La acumulación de cientos de mensajes durante más de un año podría ser un elemento determinante para establecer un patrón de conducta acosadora.
Mientras la investigación judicial avanza, la situación política en Torremolinos se complica. Navarro, que hasta ahora era una figura relevante en el panorama socialista local, ve su carrera política en jaque. La petición de suspensión de militancia, si es aprobada por la ejecutiva federal, le aislaría completamente de la formación.
El PSOE de Málaga ha convocado a sus bases a mantener la confianza en los mecanismos del partido y ha reiterado su compromiso con las víctimas de acoso. "Actuaremos con contundencia y transparencia", aseguran fuentes de la dirección provincial, conscientes de que la gestión de este caso será observada de cerca tanto por militantes como por la opinión pública.
La investigación fiscal, por su parte, continuará su curso con la garantía de la presunción de inocencia. Hasta que no se resuelva judicialmente, Navarro mantiene sus cargos institucionales, aunque el PSOE le ha pedido que los ponga a disposición del partido de forma voluntaria.
El caso sirve como recordatorio de que ningún ámbito, incluido el político, está exento de conductas de acoso sexual. La existencia de protocolos es necesaria, pero su efectiva implementación y la rapidez en la toma de decisiones son cruciales para proteger a las víctimas y mantener la credibilidad de las instituciones.
En los próximos días se esperan nuevos desarrollos tanto en la vía judicial como en la interna del PSOE. La decisión de la ejecutiva federal sobre la suspensión de militancia de Navarro y la evolución de las diligencias fiscales marcarán el devenir de un caso que ha sacudido la política malagueña.