El Gobierno británico ha tomado medidas contundentes contra los servicios de inteligencia de Rusia tras la conclusión de una investigación independiente que establece la responsabilidad directa del Kremlin en el envenenamiento con agente neurotóxico ocurrido en territorio británico en 2018.
Una exhaustiva investigación liderada por el ex magistrado del Tribunal Supremo, Anthony Hughes, ha determinado que el presidente ruso, Vladimir Putin, debió autorizar personalmente el operativo que utilizó el veneno Novichok contra el ex agente doble Sergei Skripal en la ciudad de Salisbury. El informe judicial, presentado tras años de análisis forense y recopilación de evidencias, señala que un ataque de esta magnitud y complejidad requería aprobación del máximo nivel del Estado ruso.
El fallo judicial establece que la Dirección Principal de Inteligencia militar rusa, conocida como GRU, ejecutó un plan premeditado para asesinar a Skripal, quien había desertado al Reino Unido tras colaborar con los servicios secretos británicos durante años. La operación, sin embargo, no solo afectó a su objetivo principal, sino que tuvo consecuencias fatales para una ciudadana británica completamente ajena al conflicto de espionaje.
En marzo de 2018, Sergei Skripal y su hija Yulia fueron encontrados inconscientes en un banco público de Salisbury, una tranquila ciudad al sur de Inglaterra. Ambos presentaban síntomas de intoxicación aguda y fueron hospitalizados en estado crítico. Las autoridades sanitarias y de seguridad identificaron rápidamente la presencia de Novichok, un agente neurotóxico desarrollado en la era soviética y considerado una de las sustancias químicas más mortíferas conocidas.
Los Skripal sobrevivieron milagrosamente tras meses de tratamiento intensivo, pero el incidente desencadenó una crisis diplomática sin precedentes entre Londres y Moscú. La comunidad internacional expresó su solidaridad con el Reino Unido, mientras decenas de países occidentales expulsaron diplomáticos rusos en señal de protesta.
Meses después del ataque inicial, una nueva tragedia sacudió a la comunidad de Salisbury. Dawn Sturgess, una mujer británica de 44 años, y su pareja Charlie Rowley fueron hospitalizados tras exhibir síntomas similares a los de los Skripal. La investigación reveló que habían encontrado un frasco de perfume abandonado, que en realidad contenía el mismo agente Novichok utilizado en el ataque anterior.
Sturgess, madre de tres hijos, aplicó el contenido del frasco directamente sobre su piel, sin sospechar que estaba manipulando una de las armas químicas más peligrosas del mundo. Falleció ocho días después en el hospital, convirtiéndose en la única víctima mortal del incidente. Rowley sobrevivió, pero sufrió daños neurológicos permanentes.
El juez Hughes describió a Sturgess como "una víctima completamente inocente de un acto de asesinato perpetrado por agentes de un Estado extranjero en las calles de Salisbury". Su muerte elevó la gravedad del incidente a un nivel sin precedentes: un ataque químico en suelo británico que había costado la vida de una ciudadana.
En respuesta a estas conclusiones, el Foreign Office británico ha implementado un paquete de sanciones dirigidas específicamente contra la GRU en su totalidad como organización. Estas medidas incluyen congelamiento de activos, prohibiciones de viaje para sus miembros y restricciones a las operaciones financieras de la agencia en territorio británico.
Adicionalmente, el Gobierno de Su Majestad convocó de urgencia al embajador ruso en Londres para transmitir una protesta formal y exigir explicaciones sobre el involucramiento del Estado ruso en lo que calificaron como "un acto de agresión contra la soberanía británica". La diplomacia británica ha dejado claro que considera este incidente una violación flagrante del derecho internacional y de las convenciones sobre armas químicas.
La Dirección Principal de Inteligencia militar rusa, conocida por sus siglas GRU, ha sido durante décadas una de las agencias de espionaje más activas y menos transparentes del Kremlin. A diferencia del SVR, responsable del espionaje exterior civil, la GRU opera directamente bajo el mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y se especializa en operaciones militares encubiertas, sabotaje y asesinatos selectivos.
Expertos en inteligencia señalan que la GRU ha intensificado sus actividades en el extranjero en los últimos años, particularmente en países de la OTAN. El uso de Novichok en Salisbury no fue un hecho aislado; representa una escalada en las tácticas de la agencia, que ha demostrado estar dispuesta a emplear armas químicas en territorio de naciones soberanas.
La investigación del juez Hughes, que duró más de dos años, analizó miles de horas de grabaciones de CCTV, registros de telecomunicaciones, evidencias forenses y testimonios de expertos en armas químicas. Los investigadores rastrearon el movimiento de dos agentes rusos, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, quienes viajaron desde Moscú a Salisbury el día del ataque utilizando pasaportes diplomáticos.
Aunque Rusia ha negado consistentemente cualquier participación, describiendo a los sospechosos como "turistas civiles", la evidencia forense demostró que el frasco de perfume contenía una dosis letal de Novichok diseñada para ser aplicada en la manija de la puerta de Skripal. La misma sustancia fue encontrada en el hotel donde se alojaron los agentes, contaminando la habitación durante meses.
El juez concluyó que la operación fue planificada y ejecutada con precisión militar, requiriendo conocimientos especializados en manejo de agentes químicos y coordinación logística que solo una agencia estatal podía proporcionar. La conclusión de que Putin debió autorizar el ataque se basa en la doctrina rusa de control de armas químicas, que requiere aprobación presidencial para su despliegue en operaciones extranjeras.
Este caso ha dejado una marca indeleble en las relaciones bilaterales entre Reino Unido y Rusia, que ya se encontraban en su punto más bajo desde la Guerra Fría. La comunidad internacional ha reafirmado su apoyo a las conclusiones británicas, con la OTAN calificando el incidente como parte de un patrón de comportamiento agresivo de Rusia.
La muerte de Dawn Sturgess ha añadido una dimensión humana trágica a un conflicto geopolítico. Su familia ha demanda justicia y ha pedido que se haga responsable a Rusia no solo por el asesinato de su ser querido, sino por poner en riesgo a la población civil británica. El caso ha generado debates sobre la necesidad de fortalecer la protección contra armas químicas y la responsabilidad de los Estados que las emplean.
El Kremlin ha respondido a las sanciones y a las conclusiones de la investigación con una negativa categórica. En declaraciones a la prensa estatal, el portavoz del presidente Putin calificó el informe como "una farsa política diseñada para demonizar a Rusia" y negó que la GRU hubiera participado en ninguna operación en Salisbury.
Rusia ha contraatacado con medidas diplomáticas simétricas, expulsando diplomáticos británicos y acusando al Reino Unido de violar convenios internacionales al publicar información sobre ciudadanos rusos. Sin embargo, las evidencias presentadas en la investigación judicial han sido consideradas concluyentes por la mayoría de la comunidad de inteligencia occidental.
El ataque de Salisbury establece un precedente preocupante: el uso de armas químicas en territorio de un país soberano miembro de la OTAN, con la consecuente pérdida de vida civil. Expertos en seguridad advierten que este incidente podría normalizar el empleo de tales tácticas en conflictos encubiertos, poniendo en riesgo a poblaciones enteras.
La investigación ha demostrado que el Novichok utilizado era de una pureza extremadamente alta, indicando que fue producido en un laboratorio estatal especializado. Esto contradice las teorías de que pudo tratarse de un agente robado o de un grupo no estatal, reforzando la conclusión de que fue una operación estatal.
Las sanciones británicas representan solo el comienzo de una respuesta más amplia contra lo que Londres considera agresión estatal patrocinada por Rusia. El Gobierno ha anunciado que trabajará con aliados para implementar medidas adicionales y fortalecer la resiliencia contra operaciones encubiertas.
Para la familia de Dawn Sturgess, estas acciones ofrecen una forma de justicia, aunque no pueden reparar la pérdida irreparable. Su caso ha servido como recordatorio de que las operaciones de espionaje entre naciones tienen consecuencias reales y devastadoras para civiles inocentes.
El incidente de Salisbury permanecerá como uno de los momentos más oscuros en las relaciones modernas entre Occidente y Rusia, un recordatorio de que la Guerra Fría nunca realmente terminó, sino que evolucionó hacia formas más sofisticadas y peligrosas de conflicto encubierto.