La organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una dura acusación contra la Dirección General de Tráfico (DGT), a quien culpa de propiciar un fraude de gran magnitud en la comercialización de balizas de emergencia V-16. Según la entidad, numerosas empresas están vendiendo dispositivos que no cumplen con la normativa vigente, engañando a los compradores con publicidad engañosa.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha sido tajante en sus declaraciones: "No basta con decir 'consulta la web de la DGT para ver qué balizas son válidas desde enero'. La Dirección General de Tráfico debe actuar de forma contundente contra el uso indebido de su imagen institucional". La asociación considera inaceptable que se permita a fabricantes y distribuidores utilizar el logotipo oficial para promocionar productos que, en realidad, no estarán permitidos a partir del 1 de enero.
La polémica surge porque muchas de estas balizas se anuncian como "homologadas por la DGT", sin especificar claramente su falta de conectividad con el sistema central de Tráfico. "Ningún conductor razonable adquiriría uno de estos dispositivos si tuviera conocimiento pleno de que no le servirá dentro de pocos meses", ha manifestado Sánchez, quien denuncia la "pasividad grave" de las autoridades.
Desde Facua señalan que la actitud de la DGT resulta "sorprendentemente pasiva" ante lo que consideran una estafa generalizada. "Mientras tanto, decenas de empresas, fabricantes y plataformas digitales están obteniendo beneficios millonarios a espaldas de los consumidores", ha añadido el portavoz, que califica la gestión de Tráfico como "un desastre que ha permitido un fraude comercial a escala masiva".
Frente a estas acusaciones, la DGT ha salido al paso con una justificación legal. Fuentes del organismo, dirigido por Pere Navarro, han explicado que inicialmente no apoyaban la venta de balizas V-16 sin capacidad de geolocalización. Sin embargo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo falló a favor de los fabricantes en 2021, autorizando la comercialización y uso de estos dispositivos desconectados hasta enero de 2026.
Esta sentencia judicial, según la DGT, les obliga a permitir la venta de ambos tipos de balizas: las que sí tienen conectividad y las que no. Desde el primer momento, insisten, han recomendado a los conductores que consulten su página web oficial para verificar si el modelo que pretenden comprar está correctamente integrado en el sistema de emergencias.
El portal de la DGT publica listados actualizados y certificados oficiales de todos los modelos que cumplen la normativa. En el mercado actual existen más de 200 variantes diferentes, lo que dificulta la tarea de los consumidores de distinguir entre productos válidos y obsoletos.
Facua, no obstante, mantiene que estas medidas son insuficientes. "Resulta asombroso que la DGT no haya implementado una campaña de comunicación directa a todos los conductores", ha insistido Rubén Sánchez. La organización demanda una "comunicación inmediata y clara" que llegue a los hogares de los españoles para explicar cuál es la obligación exacta que entra en vigor el próximo 1 de enero.
La asociación también advierte sobre las consecuencias legales para los usuarios. Ante la pregunta de si un conductor podría recurrir una multa por usar una baliza no homologada a partir de enero, Sánchez ha reconocido que "ese es el gran escollo". La situación legal es compleja, ya que aunque el producto se haya adquirido de buena fe, su uso podría suponer una infracción.
El corazón del problema radica en la doble homologación temporal que existe actualmente. Por un lado, están las balizas V-16 tradicionales, que simplemente emiten luz amarilla intermitente. Por otro, las balizas V-16 conectadas, que además de señalizar el vehículo averiado, envían automáticamente la ubicación exacta del incidente al centro de control de la DGT mediante tecnología de geolocalización.
Esta última funcionalidad es crucial para la nueva normativa de seguridad vial que se activará en enero. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta en emergencias y minimizar los riesgos para los conductores, que a menudo deben bajar del vehículo para colocar el triángulo de emergencia, exponiéndose al peligro del tráfico.
Sin embargo, la transición ha generado confusión. Muchos comercios aprovechan esta situación para liquidar stock de balizas desconectadas, promocionándolas con el sello de la DGT sin advertir sobre su caducidad imminente. Facua considera que esto constituye una práctica comercial desleal que debe ser perseguida administrativamente.
La asociación de consumidores está recabando denuncias de afectados y prepara acciones legales colectivas. Insta a quienes hayan comprado recientemente una baliza V-16 a que verifiquen su conectividad y, en caso de haber sido engañados, reclamen la devolución del importe pagado.
Expertos en derecho de consumo apuntan que los afectados podrían invocar la protección al consumidor desinformado para anular la compra, argumentando que la publicidad fue engañosa. Sin embargo, el proceso puede ser largo y complejo, mientras que la solución más eficaz sería una intervención directa de la DGT para retirar del mercado los productos mal etiquetados.
La controversia pone de manifiesto los desafíos de implementar nuevas tecnologías en seguridad vial sin una comunicación efectiva. Mientras la justicia dio un plazo de cinco años a los fabricantes para adaptarse, la falta de controles ha creado un mercado paralelo que ahora perjudica al usuario final.
Para evitar problemas, desde Facua recomiendan comprar únicamente en establecimientos de confianza y siempre verificar previamente en la web oficial de la DGT que el modelo seleccionado aparece en el registro de dispositivos conectados. También sugieren guardar el ticket de compra y cualquier publicidad recibida como prueba en caso de tener que reclamar.
La DGT, por su parte, mantiene que su responsabilidad se limita a informar y que la competencia para perseguir fraudes comerciales corresponde a otros organismos como la Agencia Española de Consumo. Sin embargo, Facua argumenta que al ser la DGT la entidad que otorga la homologación, tiene el deber moral y administrativo de proteger su sello de calidad.
El debate continúa abierto mientras se acerca la fecha límite. Lo que está claro es que miles de conductores podrían verse afectados si no se toman medidas contundentes. La solución pasa por una coordinación efectiva entre administraciones, una regulación más clara y, sobre todo, una información transparente que proteja los derechos de los consumidores.
Mientras tanto, la recomendación universal es la precaución: verificar, comparar y, ante la duda, abstenerse de comprar hasta tener certeza absoluta de que el dispositivo cumplirá con la normativa que entrará en vigor en apenas unas semanas.