La actriz Elisa Mouliaá ha formalizado su petición para que el exdiputado de Más País, Íñigo Errejón, sea juzgado y condenado a una pena de tres años de prisión por un presunto delito continuado de abuso sexual. Esta solicitud se materializa en un escrito de acusación presentado ante la justicia madrileña, donde también reclama una compensación económica de 30.000 euros por los daños morales sufridos.
En el documento judicial, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, Mouliaá detalla su demanda de que se inicie un juicio oral contra el exparlamentario. La indemnización solicitada responde a "daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual", aunque alternativamente propone que la cuantía se determine durante la fase de ejecución si fuera necesario.
Además de la pena de cárcel y la compensación económica, la actriz ha solicitado al juzgado que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra Errejón. Esta medida procesal incluye la petición de que se le requiera el abono de una fianza y, en caso de incumplimiento, que se activen las diligencias pertinentes para investigar su situación patrimonial.
El caso, que investiga el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, cuenta con el respaldo del magistrado Adolfo Carretero. En su auto de conclusiones, el juez ya manifestó que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado". Esta valoración judicial resulta fundamental para las aspiraciones de la acusación.
Carretero también destacó en su resolución que la actriz "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Esta apreciación refuerza la credibilidad del testimonio de Mouliaá, que según el magistrado "es coherente en lo esencial".
Los hechos que se investigan se remontan al 8 de octubre de 2021, fecha en la que presuntamente se produjeron tres episodios de naturaleza sexual que, según la acusación, configuran un delito continuado contra la libertad sexual. La relación entre ambos, según consta en el escrito, había comenzado un año antes a través de intercambios en redes sociales como Instagram y Telegram.
La secuencia de los presuntos abusos comenzó durante la presentación de un libro de Errejón. Posteriormente, el exdiputado invitó a la actriz a tomar unas cervezas en un establecimiento hostelero. Más tarde, Mouliaá, "por cortesía", extendió la invitación a Errejón para que la acompañara a una fiesta en el domicilio de unos amigos suyos.
Fue durante el trayecto en taxi desde el bar hasta la vivienda donde se celebraba el evento cuando, según la versión de la actriz, Errejón le habría impuesto verbalmente tres condiciones: "que no se alejase mucho de él esa noche, que si lo hacía no fuese a más de veinte metros de él y regresase en un minuto, y que esa noche le diese un beso".
El primer episodio denunciado tuvo lugar en el interior del ascensor del edificio. Según el relato, Errejón le habría comunicado que iba a incumplir la tercera regla en ese momento, "agarrándole sin su consentimiento y de forma sorpresiva fuertemente de la cintura, incapaz de zafarse, comenzándole a besar".
El segundo incidente ocurrió ya dentro de la vivienda donde se desarrollaba la reunión. La acusación sostiene que el exdiputado aprovechó que Mouliaá había consumido alcohol y se encontraba "afectada por la combinación del mismo, lo que mermaba su voluntad y la hacía más vulnerable". En estas circunstancias, Errejón la habría "cogido del brazo con fuerza y la llevó a una habitación, donde sin su consentimiento la empujó hacia la cama", tocándole partes íntimas. La actriz consiguió "zafarse como pudo".
El tercer episodio se habría producido cuando ambos se dirigían al domicilio del exdiputado. Aunque el texto original no completa este apartado, la acusación lo incluye como parte del delito continuado que fundamenta su petición de condena.
La estrategia procesal de Mouliaá busca no solo la sanción penal para Errejón, sino también garantizar su compensación personal y económica. La apertura de una pieza separada de responsabilidad civil indica la intención de asegurar el pago de la indemnización mediante el estudio de los bienes y recursos del acusado.
El caso ha generado importante repercusión mediática dada la relevancia política de Errejón, quien renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados tras hacer pública la denuncia. La decisión del juez Carretero de remitir el procedimiento a juicio se fundamentó en la existencia de indicios suficientes y en la ausencia de desvirtuación de los mismos por parte de la defensa.
La coherencia del relato de Mouliaá, unida a la ausencia de motivaciones espurias en su testimonio según el magistrado, conforman los pilares sobre los que se asienta la acusación. El juzgado ha considerado que la declaración de la actriz mantiene una línea esencialmente coherente, lo que refuerza su credibilidad ante la posible apertura del juicio oral.
El procedimiento judicial continúa su curso mientras se esperan las próximas resoluciones del tribunal. La petición de tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual sitúa este caso en la agenda pública y judicial, con la mirada puesta en cómo se desarrollará el proceso y qué decisión final tomará el órgano jurisdiccional competente.
La solicitud de indemnización de 30.000 euros refleja el impacto personal y emocional que la actriz atribuye a los presuntos hechos. Esta cuantía, junto con la petición de pena de prisión, conforma un paquete de medidas que buscan tanto la responsabilidad penal como la reparación del daño causado.
El contexto de la relación previa entre ambos, iniciada en redes sociales un año antes de los hechos, aporta una capa adicional de complejidad al caso. La evolución desde un contacto virtual hasta el encuentro personal que derivó en la denuncia es un elemento que el tribunal deberá valorar en su momento.
Mientras tanto, la justicia madrileña debe resolver sobre la apertura efectiva del juicio oral y las medidas cautelares que puedan derivarse de la petición de responsabilidad civil. La determinación de la situación patrimonial de Errejón podría ser un paso necesario si finalmente se impone la fianza reclamada por la acusación.
El caso ejemplifica la aplicación del concepto de delito continuado en materia de abusos sexuales, al agrupar tres episodios ocurridos en una misma noche bajo una misma tipificación penal. Esta figura jurídica permite una mayor agravación de la pena cuando se demuestra una reiteración delictiva en un contexto temporal concreto.
La resolución judicial final determinará no solo el futuro del exdiputado, sino también establecerá un precedente en la interpretación de estos delitos en el ámbito de la clase política española. La transparencia del proceso y la fundamentación de las decisiones judiciales serán elementos clave para la opinión pública y el desarrollo del derecho penal en esta materia.