El chiste del concejal de Cuenca, popularizado por el genial Chiquito de la Calzada, tiene una nueva lectura en la actualidad política española. Aquella historia en la que un edil intentaba intimidar con su cargo solo para recibir una humillante respuesta se ha convertido, paradójicamente, en un espejo de la situación que vive Paco Salazar, quien hasta hace pocos días ocupaba posiciones clave en la estructura del PSOE. La diferencia es que, en este caso, la realidad supera la ficción cómica.
La trayectoria de Salazar en la administración pública es extensa y consolidada. Durante años, este sevillano ha acumulado cargos de responsabilidad que pocos militantes socialistas pueden ostentar. Su currículum incluye etapas como alcalde de Montellano, su municipio natal, y posteriormente el salto a la política autonómica como comisario para la Memoria Histórica en la Junta de Andalucía. El escalafón nacional llegó con su designación como director general del Departamento de Análisis y Estudios de la Presidencia del Gobierno, período en el que también ejerció como diputado por Sevilla en dos legislaturas.
Su proximidad con el núcleo duro del ejecutivo se hizo más evidente cuando asumió funciones como director adjunto de la Presidencia del Gobierno y secretario general de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia. Hasta el pasado 9 de julio, ocupaba el puesto de Coordinador Institucional, una posición que le convertía en uno de los operadores políticos más influyentes del Palacio de la Moncloa. En el libro 'Moncloa', publicado por Península en 2021, el periodista Toni Bolaño lo describía como un personaje indispensable para que Pedro Sánchez mantuviera su estrategia de poder.
Esa descripción contrasta radicalmente con la imagen que emerge de las investigaciones periodísticas de los últimos meses. En febrero de 2021, un compañero de partido declaraba en El Confidencial que Salazar era muy buena persona y un tipo muy inteligente que a veces incluso se hace el tonto. Cuatro años después, esa percepción ha quedado destrozada por una serie de revelaciones que han sacudido las estructuras del PSOE.
El primer aviso de tormenta llegó con la publicación de acusaciones de comportamientos inadecuados por parte de varias mujeres que habían trabajado con él. Lo que inicialmente parecía un caso aislado se convirtió en un escándalo mayor cuando elDiario.es desveló que el partido había cerrado la investigación interna tras el borrado de al menos dos denuncias por presunto acoso sexual de su canal interno de denuncias.
Los testimonios recogidos por la prensa especializada son contundentes y dibujan un patrón de conducta sistemático. Las acusaciones detallan cómo Salazar realizaba comentarios sobre el físico de sus compañeras, les preguntaba en público sobre su vida sexual o las sometía a situaciones humillantes en el ámbito laboral. Un relato recogido textualmente indica que llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote. Si detectaba a alguna compañera con mala cara, no dudaba en preguntarle en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales.
Estas revelaciones coinciden temporalmente con otros indicios de irregularidades. Según ha publicado ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a Salazar por presuntamente cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin acudir a su puesto durante años. Esta doble vía de investigación, tanto penal como interna del partido, ha precipitado su salida.
La reacción del PSOE no se ha hecho esperar. El pasado 9 de julio, Salazar presentó su baja en todos los cargos orgánicos del partido. La cúpula socialista, que hasta entonces había mantenido un perfil bajo sobre el caso, ha optado por la estrategia del desconocimiento. Fuentes cercanas a la dirección federal insinúan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría declarar que era un gran desconocido para mí, réplica similar a la utilizada con otros escándalos recientes.
El caso Salazar pone de manifiesto varias problemáticas en la política española contemporánea. Por un lado, la cultura de silencio que permite que comportamientos abusivos se mantengan durante años en las instituciones. Por otro, la opacidad en la gestión de denuncias internas, con sistemas que parecen diseñados para proteger a los poderosos en lugar de a las víctimas.
La investigación de la UCO sobre los presuntos cobros indebidos abre otra cuestión igualmente preocupante: la impunidad en el uso de cargos públicos para obtener beneficios personales. Si se confirman las sospechas, Salazar no solo habría abusado de su posición de poder sobre compañeras, sino que también habría defraudado a las arcas públicas.
El 1 de diciembre, elDiario.es publicaba que el PSOE había finiquitado la investigación interna. Al día siguiente, el contenido de las denuncias salía a la luz. Esta secuencia temporal sugiere que la formación socialista priorizó contener el daño político sobre garantizar una investigación exhaustiva y transparente. La comida de Pilar Alegrá con Salazar a principios de noviembre en un restaurante de Chueca, en plena investigación, tampoco ayuda a disipar dudas sobre la seriedad con la que se abordó el caso.
El escándalo ha llegado hasta el propio Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien no ha dudado en calificar a Salazar de guarro en sus intervenciones públicas. La respuesta desde el Gobierno ha sido tibia, limitándose a señalar que el ahora exdirigente se dio de baja la semana pasada, como si eso cerrara el asunto.
La caída de Paco Salazar no es un episodio aislado. Se enmarca en una serie de casos que han puesto en entredicho la ética del poder en España. Desde el caso de los ERE en Andalucía hasta las recientes dimisiones por acoso, el sistema parece reproducir patrones de comportamiento que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar.
El chiste del concejal de Cuenca terminaba con una humillación pública que dejaba claro que el poder local no impresionaba en la capital. La versión Salazar es más compleja y oscura: un hombre que acumuló poder real, que fue considerado indispensable para el presidente, pero que terminó cayendo por sus propias acciones. La diferencia es que aquí no hay risas, solo la constatación de que el poder sin controles corrompe y que, finalmente, ni siquiera los mejores engrasadores políticos pueden eliminar todos los problemas.
La pregunta que queda en el aire es si el PSOE aprenderá de este caso o si, como en ocasiones anteriores, esperará a que pase el temporal sin reformar sus mecanismos de control interno. Mientras tanto, las víctimas de acoso en las instituciones seguirán esperando que sus denuncias sean tomadas en serio desde el primer momento, no cuando los medios las hacen inevitables.