El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha lanzado una propuesta contundente para desbloquear la reforma de la normativa de seguridad en el trabajo. Ante la parálisis de las conversaciones con la patronal, Sordo aboga por un pacto directo entre los sindicatos y el Ejecutivo central que permita actualizar la obsoleta legislación.
La iniciativa surge tras constatar la ausencia de voluntad negociadora por parte de las organizaciones empresariales. Durante su intervención en el congreso 'El Diálogo Social en un mundo en transición', celebrado en la Universidad de Valladolid, el dirigente sindical no ocultó su frustración: «Lo veíamos venir». La petición al Gobierno es clara: presionar a la CEOE mediante un ultimátum que ponga fin a casi dos años de diálogo estéril.
La normativa vigente, que cumple tres décadas en vigor, muestra evidentes signos de desgaste. Los datos de siniestralidad revelan una realidad preocupante, especialmente en sectores como la construcción y la industria manufacturera, donde la siniestralidad sigue siendo elevada. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, presentan deficiencias críticas en la gestión preventiva.
Un dato revelador expuesto por Sordo pone de manifiesto la gravedad de la situación: el 32% de los accidentes mortales registrados tienen su origen en causas que no figuraban en los planes de prevención de las empresas afectadas. Esta cifra evidencia que la calidad de las medidas de seguridad implementadas deja mucho que desear y que la normativa actual no garantiza una protección efectiva.
El proceso negociador ha sido tortuoso. Durante 20 meses, representantes sindicales y empresariales han mantenido encuentros que no han fructificado en avances sustanciales. La postura de la CEOE, según fuentes sindicales, ha sido sistemáticamente obstruccionista, bloqueando cualquier intento de modernización del marco legal.
Ante este escenario, Sordo ha decidido cambiar de estrategia. «Intentamos negociar con la CEOE, pero su falta de cooperación nos ha llevado a pedir al Gobierno que tome una postura más firme», reconoció. La alternativa planteada consiste en buscar un consenso bipartito que excluya a la patronal y permita avanzar en las próximas semanas o meses.
La reacción del Ejecutivo no se ha hecho esperar. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha mostrado su alineación con la postura sindical. Tras la última reunión tripartita, el Ministerio de Trabajo y Economía Social optó por dar por concluidas las conversaciones con la CEOE y continuar exclusivamente con CCOO y UGT.
Pérez Rey no ocultó su descontento con la actitud empresarial. «Estoy profundamente decepcionado con la postura de la patronal, nunca había visto tal nivel de obstrucción en todos mis años en esta mesa», manifestó el alto funcionario, subrayando la gravedad de la situación.
La propuesta de Sordo implica reconocer que el diálogo social tradicional, al menos en este ámbito, ha fracasado temporalmente. La decisión de marginar a la CEOE de las negociaciones constituye una medida excepcional que refleja la gravedad del bloqueo.
El contexto de esta propuesta es preocupante. La siniestralidad laboral en España, pese a las mejoras de los últimos años, sigue presentando cifras inaceptables. Los accidentes mortales, aunque en descenso, mantienen una tendencia que exige respuestas legislativas contundentes.
Los sectores más afectados, construcción e industria, concentran una parte significativa de los siniestros graves. La naturaleza de estas actividades, inherentemente de riesgo, requiere una regulación específica y actualizada que refleje los cambios tecnológicos y organizativos de las últimas décadas.
Las pymes representan un desafío particular. Con recursos limitados y escasa capacitación preventiva, muchas pequeñas empresas ven la seguridad laboral como un coste añadido más que como una inversión en capital humano. La normativa actual no ha logrado revertir esta percepción ni proporcionar herramientas efectivas para estas empresas.
El concepto de acuerdo bipartito implica que el Gobierno y los sindicatos negociarían directamente la reforma, sin la intermediación empresarial. Esta fórmula, poco habitual en el sistema de relaciones laborales español, demuestra el nivel de desesperación al que han llegado los agentes sociales.
Las implicaciones de esta decisión son múltiples. Por un lado, podría acelerar la aprobación de una nueva ley más protectora. Por otro, genera incertidumbre sobre la implementación práctica si la patronal no se siente comprometida con una normativa en la que no ha participado.
El tiempo apremia. Cada día que pasa sin una normativa actualizada supone un riesgo para miles de trabajadores. La urgencia de Sordo por cerrar un acuerdo en «semanas o meses» refleja esta necesidad de actuar con celeridad.
La estrategia del Gobierno parece clara: presionar a la CEOE mediante la amenaza de una reforma unilateral mientras se cierra un acuerdo con los sindicatos. Es una forma de romper el bloqueo y forzar a la patronal a reconsiderar su posición.
Sin embargo, la viabilidad de esta aproximación es incierta. Una reforma de esta trascendencia sin el respaldo empresarial podría encontrar dificultades en su aplicación práctica y generar conflictos posteriores.
El caso pone de manifiesto las tensiones inherentes al diálogo social en España. La protección de los trabajadores choca con los intereses empresariales, y cuando no existe voluntad de encuentro, alguna de las partes debe ceder o imponerse.
Para Sordo, la prioridad es clara: la seguridad de los trabajadores está por encima del consenso tripartito. Si la CEOE no muestra flexibilidad, el camino alternativo es inevitable.
El secretario de Estado de Trabajo ha respaldado esta visión, lo que sugiere que el Ejecutivo está dispuesto a asumir el coste político de excluir a la patronal si ello permite avanzar en la protección de los trabajadores.
La próxima fase será crucial. Las reuniones bilaterales entre el Ministerio y los sindicatos determinarán si finalmente se materializa esta reforma bipartita o si la CEOE, ante la perspectiva de quedarse fuera, modifica su postura.
Mientras tanto, los trabajadores de los sectores de riesgo continúan expuestos a una normativa obsoleta que, según los datos, no garantiza su seguridad. El 32% de accidentes mortales por causas no previstas es una estadística que debería hacer reflexionar a todos los agentes implicados.
La propuesta de Sordo representa un punto de inflexión. Ya no se trata de si se debe reformar la ley, sino de cómo hacerlo y con quién. La respuesta del Gobierno y la reacción final de la CEOE marcarán el futuro de la prevención de riesgos laborales en España.
Es necesario recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 fue pionera en su momento, pero el mundo laboral ha cambiado radicalmente. La digitalización, la economía de plataforma, los nuevos materiales y procesos productivos, así como la psicosociología del trabajo, exigen una revisión profunda que la normativa actual no puede abordar.
La falta de actualización normativa también tiene consecuencias económicas. Los accidentes laborales generan costes directos e indirectos que afectan a toda la economía: bajas laborales, costes sanitarios, pérdida de productividad y posibles sanciones. Una inversión en prevención es siempre más eficiente que el coste de los siniestros.
La postura de la CEOE, según los sindicatos, se basaría en la resistencia a asumir nuevas obligaciones que incrementen costes a corto plazo, aunque a largo plazo la prevención sea rentable. Esta visión cortoplacista choca con la necesidad de proteger el capital humano.
El acuerdo bipartito podría incluir medidas como la obligatoriedad de evaluar riesgos psicosociales, la regulación de los nuevos riesgos derivados de la digitalización, mayores recursos para la inspección de trabajo y una mayor implicación de los delegados de prevención en la toma de decisiones.
Esta situación recuerda a otros momentos de la historia laboral española donde la falta de acuerdo con la patronal ha llevado al Gobierno a legislar unilateralmente. Aunque no es el escenario ideal, la prioridad es proteger la vida y la salud de los trabajadores.
El reto ahora es convertir la propuesta en realidad. Los sindicatos tendrán que mantener una posición firme y unida, mientras el Gobierno debe demostrar voluntad política para llevar adelante una reforma ambiciosa. El tiempo, como advierte Sordo, es un factor crítico que no se puede desaprovechar.