La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha formalizado una petición contundente ante el juzgado de instrucción. Su representante legal exige que se abra juicio oral contra Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar y exdiputado, por un presunto delito de agresión sexual cometido en octubre de 2021. La solicitud incluye una pena de tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros para la denunciante.
Este movimiento procesal se produce cuando aún no se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto por la defensa del político contra el auto de procesamiento dictado hace semanas por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Un escenario jurídico complejo que anticipa una batalla legal de gran intensidad en los próximos meses.
Los hechos denunciados
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso esta redacción, la denunciante relató ante la Policía tres episodios de naturaleza sexual que habrían ocurrido durante una misma noche. La secuencia comenzaría en el trayecto hacia una fiesta, continuaría en la vivienda donde se celebraba el evento y finalizaría en el domicilio del exparlamentario.
El primero de los incidentes tuvo lugar en un taxi. Durante el viaje desde un bar hasta la casa de los amigos de Mouliaá, Errejón habría establecido unas "reglas" inquietantes. Le habría dicho que no se alejara mucho de él esa noche, que si lo hacía no superara los veinte metros de distancia y regresara en un minuto, y que esa noche le diera un beso. En el interior del ascensor del edificio, según la versión de la acusación, el político le habría comunicado que iba a incumplir la tercera norma, agarrándole sin consentimiento y de forma sorpresiva por la cintura, impidiéndole zafarse e iniciando un beso forzado.
El segundo episodio habría ocurrido ya dentro de la fiesta. Aprovechando que la actriz había consumido alcohol y se encontraba en un estado de mayor vulnerabilidad, el acusado la habría tomado del brazo con fuerza y la habría llevado a una habitación. Allí, sin su consentimiento, la habría empujado contra la cama e intentado realizar tocamientos en sus genitales a través de la ropa, mientras ella le repetía que no y forcejeaba para liberarse.
El tercer y último incidente denunciado tuvo lugar en el domicilio de Errejón. La acusación sostiene que el exdiputado aprovechó la situación para consumar una agresión sexual más grave, siempre según el relato de la denunciante, que ha mantenido una versión coherente desde el inicio de las diligencias.
El impacto psicológico
La representación legal de Mouliaá enfatiza las secuelas emocionales y psicológicas que estos hechos habrían provocado en la actriz. El escrito detalla que, como consecuencia de esta secuencia de abusos y de otros episodios personales, la denunciante desarrolló un trastorno de estrés postraumático que requirió tratamiento psicológico especializado.
En una de sus sesiones con la terapeuta, Mouliaá habría confesado por primera vez que había tenido "un problema con un político". Posteriormente, en la consulta del 6 de noviembre de 2024, la actriz presentaba síntomas claros de este trastorno, lo que la acusación considera una prueba más de la veracidad de su relato.
La contraargumentación de la defensa
La estrategia procesal del entorno de Errejón no se ha hecho esperar. Su defensa ha presentado un recurso de apelación contra el auto de procesamiento y, paralelamente, ha cuestionado abiertamente las motivaciones de la denunciante. Para los abogados del exdiputado, resulta "evidente" que el único ánimo que ha movido a Mouliaá a interponer la denuncia es obtener notoriedad e ingresos.
Esta línea defensiva, sin embargo, choca frontalmente con la valoración que hace la acusación de los indicios existentes. El abogado Alfredo Arriénger, representante de la actriz, considera que hay pruebas suficientes para sentar a Errejón en el banquillo y que la coherencia del relato de su clienta, unida a las secuelas psicológicas acreditadas, conforman un entramado probatorio sólido.
Contexto político y social
El caso ha generado una enorme repercusión mediática, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el perfil del acusado. Errejón, figura destacada de la política española y rostro visible de la formación Sumar, anunció su retirada de la vida pública coincidiendo con la publicidad de la denuncia. Un movimiento que interpretado por algunos como una forma de anticiparse al impacto del proceso judicial.
La solicitud de juicio oral marca un punto de inflexión en este procedimiento. Si el juez instructor accede a la petición, el caso pasaría a la fase de plenario, donde todas las pruebas y testimonios serán debatidos en audiencia pública. Un escenario que, de confirmarse, situaría a uno de los políticos más mediáticos de los últimos años en una situación procesal de extrema gravedad.
El camino hacia el plenario
La petición de apertura de juicio oral se suma a un procedimiento ya de por complejo. Con el recurso de apelación aún sin resolver, la defensa de Mouliaá opta por la vía de la presión procesal, intentando que el juez mantenga su decisión de procesamiento y acelere el trámite hacia el juicio.
La acusación ha presentado un escrito meticuloso donde desgrana cada uno de los episodios denunciados, aportando matices y detalles que buscan consolidar la tesis del delito continuado contra la libertad sexual. La estrategia parece clara: construir una narrativa jurídica sólida que resista el escrutinio de un juicio oral y que, sobre todo, proteja a la víctima de las habituales estrategias de desgaste en este tipo de causas.
El caso, en definitiva, ha pasado a una nueva dimensión procesal. Con una pena de tres años de cárcel sobre la mesa y una indemnización económica significativa, la batalla judicial entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón promete ser uno de los procesos más seguidos de los próximos meses en el ámbito de la justicia española. La sociedad, la clase política y los movimientos feministas observan con lupa cada movimiento en un procedimiento que, cualquiera que sea su desenlace, ya ha dejado una huella profunda en el debate sobre la violencia sexual y la responsabilidad de los representantes públicos.