La exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ha roto su silencio meses después de la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024. En una entrevista concedida al programa Salvados de La Sexta, la política castellonense ha lanzado un duro ataque contra el expresidente autonómico Carlos Mazón, a quien acusa directamente de haber mentido sobre su actuación durante las horas más críticas de la catástrofe, cuando las inundaciones causaron la muerte de 229 personas en la Comunidad Valenciana.
La entrevista, grabada el pasado 24 de noviembre y emitida este domingo por la noche, supone la primera comparecencia pública de Pradas desde que la jueza Nuria Ruiz Tobarra la imputara el 10 de marzo por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Un momento, reconoce la propia exconsejera, que le ha dado el empuje necesario para enfrentarse a las cámaras y contradecir la versión oficial que, según ella, Mazón ha ido construyendo desde su dimisión el 3 de noviembre.
El núcleo de la polémica gira en torno a la gestión de la alerta por parte del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) y, muy especialmente, al envío tardío del mensaje ES-Alert a la población. Esta notificación masiva a los teléfonos móviles no se activó hasta las 20:11 horas, momento en el que la riada ya había cobrado la vida de 155 personas. Una demora que la investigación judicial considera un elemento clave de la presunta negligencia y que, según Pradas, no puede achacarse a su persona.
Durante la conversación con el periodista Jordi Évole, Pradas desvincula expresamente a Mazón de la decisión técnica del envío del ES-Alert, pero le reprocha su ausencia física y comunicativa en los momentos de máxima tensión. "Todavía hoy llevo mal ese momento", confiesa la exconsejera, refiriéndose a la fase aguda de la emergencia cuando los técnicos alertaron del riesgo de ruptura de la presa de Forata, una situación que podría haber afectado a 80.000 personas.
La frustración de Pradas alcanza su punto álgido cuando describe su intento infructuoso de contactar con el máximo mandatario de la Generalitat. "No puedo contactar con el presidente", repite con evidente malestar, subrayando que la presencia de Mazón en la sala de crisis habría sido fundamental. El expresidente finalmente llegó al Cecopi a las 20:28, una hora en la que la mayoría de las víctimas ya habían fallecido y la situaba más allá del punto de no retorno.
La entrevista desvela detalles incómodos sobre el paradero de Mazón durante esas horas cruciales. Según han confirmado fuentes de la investigación y reconstrucciones periodísticas, el expresidente mantuvo una comida y sobremesa de cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana, permaneciendo en algunos momentos ilocalizable para su propio equipo de emergencias. Unas circunstancias que, unidas a la dimisión del líder popular, han llevado a la cúpula del PP a aplicar una estrategia de desvinculación total, evitando incluso mencionar su nombre durante el debate de investidura del nuevo presidente, Juan Francisco Pérez Llorca.
Pradas no se limita a criticar la ausencia de Mazón, sino que cuestiona abierta y directamente su veracidad. "Dijo cosas que no eran verdad", afirma tajante sobre las declaraciones que el expresidente realizó en diversas entrevistas con motivo del aniversario de la tragedia. La exconsejera revela que, armada de valor, le llamó por teléfono para exigirle que rectificara: "Quería que dijera la verdad, no por mí, que lo hiciera por las víctimas. Que nos contara qué había hecho ese día y que contara efectivamente que le había informado de cada paso y de cada momento".
El enfrentamiento verbal alcanza su clímax cuando el periodista pregunta específicamente sobre las mentiras. "En negar rotundamente que le había informado de que íbamos a enviar el ES-Alert. Por ahí no iba a pasar", responde Pradas, dibujando una línea clara en la arena que separa su responsabilidad de la del expresidente. Una afirmación que, de confirmarse, situaría a Mazón en el centro de una supuesta estrategia de desinformación para proteger su legado político.
La exconsejera, de 47 años y natural de Castellón, construye durante la entrevista una narrativa de defensa basada en la transparencia de su actuación y la supuesta deslealtad de su superior jerárquico. Aunque reconoce que la decisión final sobre el envío de alertas recae en el Cecopi, insiste en que mantuvo informado al presidente en todo momento, a través de mensajes de WhatsApp que, según su versión, Mazón ignoró o no respondió oportunamente.
El contexto político no puede separarse de esta declaración pública. La grabación tuvo lugar en un momento en que el PP valenciano, bajo la nueva dirección de Pérez Llorca, ha decidido "pasar página" de la etapa Mazón. Ni el nuevo presidente ni el portavoz parlamentario popular, Fernando Pastor, mencionaron a Mazón durante el debate de investidura, un gesto simbólico que evidencia el daño colateral que la gestión de la DANA ha causado en las filas populares.
Para Pradas, esta ruptura interna le ha brindado un margen de maniobra que antes no tenía. La dimisión de Mazón le ha permitido, según sus propias palabras, salir de la sombra y confrontar públicamente las versiones que, desde el entorno del expresidente, han ido filtrando sobre la cadena de mando y las responsabilidades durante la crisis.
La investigación judicial, sin embargo, mantiene su curso. La juez Ruiz Tobarra mantiene la imputación tanto de Pradas como de su número dos, Emilio Argüeso, centrándose en la presunta negligencia en la activación de protocolos y en la tardanza del sistema de alerta. La defensa de la exconsejera parece apuntar a una estrategia de responsabilidad compartida, donde la ausencia de liderazgo político y la falta de coordinación superior exonerarían, al menos parcialmente, su actuación técnica.
La entrevista deja en el aire preguntas fundamentales sobre la gobernanza en situaciones de crisis. ¿Puede un consejero asumir decisiones de emergencia sin respaldo presidencial? ¿Cuál es el límite entre responsabilidad técnica y política? Pradas insinúa que, en un escenario ideal, el máximo representante de la Generalitat debería haber estado presente en la sala de crisis desde el primer momento, liderando la respuesta y tomando decisiones ejecutivas.
El testimonio de la exconsejera añade una capa de complejidad a una tragedia que ya era un caldo de cultivo para la indignación pública. Mientras las familias de las víctimas exigen respuestas concretas y justicia, la batalla política por la memoria de aquella tarde fatídica parece lejos de concluir. La versión de Pradas, que podría resumirse en "yo informé, pero él no estaba", abre un nuevo frente en la guerra de relatos que marcará el legado de una de las crisis más devastadoras de la historia reciente de la Comunidad Valenciana.
Con 229 vidas perdidas y una región aún en proceso de reconstrucción física y emocional, la entrevista de Salvados no cierra heridas, sino que las reabre para cuestionar quién debe asumir la responsabilidad última. La estrategia de Pradas es clara: separar su gestión técnica de la ausencia política, culpabilizar al líder caído y, sobre todo, sobrevivir al tsunami judicial y mediático que amenaza con arrastrar su carrera política. El tiempo y los tribunales dirán si esta declaración pública fue un acto de valentía o una maniobra de supervivencia.