El Partido Popular atraviesa una de sus crisis de estrategia más acuciantes de los últimos tiempos. Una corriente de opinión creciente y cada vez más vocal dentro de la formación presiona sin descanso para que la dirección nacional, liderada por Alberto Núñez Feijóo, presente de inmediato una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. La particularidad de esta demanda radica en que sus promotores asumen plenamente que la iniciativa probablemente no contaría con los apoyos necesarios para prosperar. Este debate, que hasta hace escasas semanas permanecía confinado a círculos reducidos, ha irrumpido con fuerza en la agenda interna del partido, generando tensiones visibles entre los distintos estratos de su organización.
La postura oficial de Feijóo, mantenida con notable coherencia desde que accedió a la presidencia del PP, se ha basado en un principio simple pero estratégico: no se debe presentar una moción de censura sin tener previamente asegurados los votos decisivos. Su razonamiento, compartido por el núcleo duro de su equipo de confianza, es que una derrota en este terreno se convertiría invariablemente en una victoria moral para un ejecutivo ya debilitado, reforzando la posición de Pedro Sánchez justo cuando más vulnerable se encuentra. Esta convicción ha marcado la línea oficial del partido durante meses, frenando cualquier impulso precipitado y priorizando la estabilidad estratégica sobre la acción inmediata.
Sin embargo, el panorama político ha experimentado una transformación notable en las últimas semanas. La entrada en prisión del exministro del PSOE José Luis Ábalos, acusado en el caso de los "bolsos de papel" y otros presuntos delitos de corrupción, ha actuado como catalizador de una frustración acumulada. Pero no es el único elemento que alimenta la presión interna. La familia del presidente del gobierno está procesada o investigada por diversos delitos relacionados con negocios opacos. El fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sido condenada por un tribunal por prevaricación. El caso del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre las finanzas del Partido Socialista han creado un clima de percepción de corrupción generalizada que, según las voces críticas dentro del PP, exige una respuesta contundente y visible, más allá de las declaraciones en ruedas de prensa.
El escenario se ha vuelto insoportable, reconocen fuentes internas del partido que piden el anonimato para hablar con libertad. Cada semana que pasa sin una respuesta firme empeora la percepción entre la base militante y el electorado moderado que tradicionalmente ha votado al PP. Resulta cada vez más difícil justificar la pasividad cuando el gobierno acumula problemas de legitimidad institucional. El discurso oficial de "no dejarse anestesiar" y evitar "la resignación", que Feijóo repite en cada intervención pública, pierde credibilidad si el principal partido de la oposición no traduce las palabras en acciones concretas y contundentes. La contradicción entre el mensaje y la inacción se vuelve más patente cada día.
El temor a ceder espacio político a Vox constituye otro factor determinante en este cálculo estratégico. Las encuestas reflejan una crecida constante y preocupante de la formación de Santiago Abascal, que capitaliza el descontento ciudadano con un discurso más directo, confrontacional y sin complejos. A veces hay que dar un paso para que otros no lo den por ti, reflexionan algunos dirigentes provinciales y regionales, conscientes de que la inacción puede resultar más costosa electoralmente que una derrota controlada en el Congreso. La pérdida de votantes hacia la derecha radical se ha convertido en una pesadilla recurrente para los estrategas del PP, que ven cómo su electorado más movilizado migra hacia opciones más extremas.
Feijóo ha realizado diversas maniobras diplomáticas para sondear posibles apoyos. En varias ocasiones ha mirado hacia Junts y el PNV, partidos con los que las relaciones están actualmente muy deterioradas por diferencias históricas y recientes. Durante su reciente visita a Barcelona, el líder popular aprovechó un encuentro con la patronal catalana para pedir a los empresarios que presionaran a las formaciones catalanas. El mensaje, aunque genérico en su formulación, tenía un destinatario claro: Junts, que ya ha proclamado públicamente su ruptura con Sánchez tras el conflicto por la reforma de la sedición.
La incertidumbre sobre el verdadero posicionamiento de Junts complica enormemente los cálculos del PP. Por un lado, su ruptura pública con el gobierno central parece abrir una puerta insospechada. Por otro, nadie en la cúpula popular tiene la certeza absoluta de que los votos de Junts estarían disponibles para una moción de censura, dado su historial de negociación compleja y sus demandas soberanistas. El PNV, por su parte, mantiene una actitud esquiva y pragmática, sin compromisos claros y condicionando cualquier apoyo a concesiones específicas que el PP no está dispuesto a asumir, como modificaciones en el concierto económico vasco.
Los dirigentes que abogan por presentar la moción argumentan que, incluso perdiendo, el gesto tendría un valor estratégico indiscutible. Agitar el tablero político y obligar a los socios potenciales a posicionarse públicamente retrataría sus verdaderas lealtades y compromisos. La mera presentación del texto generaría un debate nacional que mantendría viva la llama de la protesta y demostraría que el PP lidera la oposición con determinación, no con timidez calculadora. Sería, en definitiva, una forma de marcar territorio y definir el campo de batalla político para los próximos meses.
El gobierno, por su parte, suma otra debilidad estructural: su incapacidad para aprobar la senda de estabilidad presupuestaria, lo que deja los Presupuestos Generales del Estado en el aire y cuestiona seriamente su capacidad de gestión económica. Esta parálisis legislativa refuerza el argumento de quienes piden acción inmediata. Si no es ahora, ¿cuándo?, se preguntan cada vez más voces dentro del partido. El temor es que el momento de máxima debilidad del ejecutivo se desvanezca sin que la oposición haya movido ficha decisiva, perdiendo una oportunidad histórica.
La cúpula del partido está dividida en dos bloques bien definidos. Los más pragmáticos, encabezados por Feijóo y sus leales, prefieren esperar el momento propicio, aunque reconocen en privado que este momento puede no llegar nunca. Los más beligerantes, preocupados por la erosión constante de su electorado hacia Vox, demandan acción inmediata y sin condiciones. El tiempo juega en contra de los primeros: cada semana de retraso debilita el argumento de la urgencia y fortalece la percepción pública de un partido que se mantiene a la defensiva, reactivo en lugar de proactivo.
La decisión final recae exclusivamente en Feijóo, que debe equilibrar el riesgo de una derrota que revitalice a Sánchez contra el coste político de la inacción prolongada. La presión interna no hace más que crecer, y el líder popular sabe que su liderazgo se juzgará precisamente por cómo resuelva esta disyuntiva. El escenario político español parece haber alcanzado un punto de inflexión, y el PP se encuentra en el centro de la tormenta, con el futuro de su estrategia de oposición en juego. La próxima semana será decisiva para conocer el rumbo final.