La toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana el próximo martes no solo marca el inicio de una nueva etapa política, sino que también pone sobre la mesa uno de los retos más urgentes de su mandato: la paridad de género en los altos cargos del ejecutivo autonómico. Con un porcentaje de mujeres que apenas alcanza el 35,8% en los tres primeros escalones de la administración, la composición actual del Consell dista significativamente de los estándares de equilibrio que marcan las buenas prácticas democráticas.
Los datos, que reflejan una tendencia preocupante desde el inicio de la legislatura en junio de 2023, sitúan a la Generalitat Valenciana en una posición que requiere una reflexión profunda sobre las políticas de igualdad. De los 137 puestos de alta dirección que conforman la estructura gubernamental, únicamente 49 están ocupados por mujeres. Esta cifra no solo representa un desequilibrio evidente, sino que también contradice el compromiso público con la igualdad de oportunidades que suele predicar el propio sistema institucional.
El concepto de paridad efectiva se fundamenta en la presencia equilibrada de ambos sexos, estableciendo como referencia un rango que oscila entre el 40% y el 60% de representación. Aunque esta proporción surge originalmente de la legislación electoral y no tiene carácter vinculante para los ejecutivos, su aplicación como criterio orientativo se ha convertido en un parámetro ineludible para evaluar la coherencia de cualquier gobierno con los principios de igualdad. En este sentido, el Consell actual no solo incumple el umbral mínimo, sino que además ha experimentado un retroceso constante desde su formación.
La evolución regresiva en la presencia femenina resulta especialmente llamativa en un contexto político donde la igualdad de género debería ser una prioridad transversal. El descenso progresivo del peso específico de las mujeres en la estructura de poder no solo afecta a la legitimidad democrática del gobierno, sino que también limita la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones. Una administración que no refleja la realidad social de la que emana pierde capacidad de representación y se expone a sesgos en sus políticas públicas.
El análisis desglosado por departamentos revela disparidades significativas que hablan de políticas de personal desiguales. La Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez, emerge como la única excepción positiva del panorama, con 7 mujeres ocupando altos cargos de un total de 13, lo que representa el 53,8% del personal directivo. Este dato convierte al área sanitaria en un modelo de referencia dentro del propio gobierno, demostrando que la paridad no solo es posible, sino que también puede gestionarse con eficacia.
Le siguen en el ranking la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, con un 44,4% de representación femenina. La ironía resulta evidente: el departamento teóricamente encargado de la igualdad apenas supera el umbral mínimo establecido. Dos consellerias más cumplen con el criterio del 40%, aunque la información disponible no especifica cuáles son, lo que sugiere que la mayoría de los departamentos se sitúan por debajo del estándar mínimo.
Este desequilibrio estructural plantea interrogantes sobre los criterios de selección y promoción interna que ha aplicado el ejecutivo en estos últimos meses. La ausencia de mecanismos claros y transparentes para garantizar la presencia equilibrada de géneros en los procesos de nombramiento deja la puerta abierta a decisiones discrecionales que pueden perpetuar dinámicas de exclusión. En una administración pública moderna, la meritocracia debe ir de la mano de la representatividad, sin que una condicione negativamente a la otra.
El marco jurídico actual, si bien no impone sanciones por la falta de paridad en el ejecutivo, sí establece un deber moral y político. La Ley Orgánica de Igualdad Electoral y otras normativas autonómicas han ido construyendo un corpus legislativo que invita a los poderes públicos a liderar con el ejemplo. Ignorar estos estándares no solo supone un riesgo reputacional, sino que también puede generar fricciones con los sectores más activos de la sociedad civil que demandan una democracia plena y participativa.
Ante este escenario, la remodelación que Pérez Llorca tiene entre manos se convierte en una oportunidad histórica para revertir la tendencia. La frase "siempre cambian cosas", que el propio presidente deslizó la semana pasada, adquiere ahora una dimensión esperanzadora para quienes abogan por una transformación real de las estructuras de poder. Los más de 200 altos cargos y asesores que conforman el gobierno autonómico observan con expectación los movimientos que se avecinan, conscientes de que el nuevo mandatario puede optar por marcar un perfil propio o continuar con la línea de su antecesor.
La decisión de Pérez Llorca respecto a la composición de su equipo no será solo una cuestión de imagen, sino que definirá su compromiso real con la igualdad. Optar por una reestructuración con perspectiva de género implicaría revisar los procesos de selección, establecer cuotas internas mínimas y, sobre todo, demostrar voluntad política. No se trata de un ejercicio de cosmética institucional, sino de una apuesta por la calidad democrática y la eficacia en la gestión.
Los expertos en gobernanza pública coinciden en que la diversidad en los equipos directivos mejora la calidad de las decisiones y la capacidad de respuesta ante problemas complejos. Una administración que integre voces y experiencias diversas está mejor equipada para abordar los retos de una sociedad plural. Por el contrario, la homogeneidad en los espacios de poder genera cegueras estructurales que pueden traducirse en políticas públicas incompletas o sesgadas.
El reto de la paridad, por tanto, trasciende la mera aritmética política. Se trata de construir un modelo de gobierno que refleje los valores que promueve y que legitime su autoridad mediante la representación efectiva de toda la ciudadanía. La sociedad valenciana, con una tradición progresista en materia de derechos, estará atenta a los pasos que dé el nuevo presidente en esta dirección.
La oportunidad que se presenta a Pérez Llorca es única. Con una remodelación en marcha y la legitimidad que otorga su reciente investidura, dispone del margen político necesario para implementar cambios estructurales. La pregunta no es si puede hacerlo, sino si tendrá la determinación de priorizar la igualdad por encima de dinámicas partidistas o redes de lealtad que a menudo condicionan estos nombramientos.
En definitiva, la paridad en el Consell no es un capricho ideológico, sino un indicador de salud democrática. Los datos actuales son claros: el 35,8% de representación femenina es insuficiente y, lo que es más grave, decreciente. La responsabilidad de revertir esta tendencia recae ahora sobre el nuevo presidente, quien tiene la posibilidad de convertir este déficit en una oportunidad para liderar con ejemplo. La ciudadanía valenciana, y especialmente las mujeres, esperarán que su discurso inaugural del martes no se quede en palabras, sino que se traduzca en hechos concretos que devuelvan a la Generalitat al sendero de la igualdad real.