La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoció ante el Senado que no investigó ninguno de los incidentes eléctricos que anticiparon el colapso del sistema el 28 de abril, a pesar de su obligación legal de supervisar la red. La directora de Energía del organismo, Rocío Prieto, justificó esta inacción por la escasez de recursos humanos en un departamento que cuenta con tan solo nueve profesionales.
La comparecencia de Prieto en la comisión parlamentaria que investiga el apagón nacional dejó al descubierto las limitaciones estructurales del regulador para cumplir con sus funciones de vigilancia. Ante las preguntas de la senadora del PP Carmen Riolobos, la responsable energética explicó que su equipo carece de capacidad operativa para realizar inspecciones in situ, limitándose a analizar los informes que las empresas remiten voluntariamente.
Tres avisos ignorados
Los incidentes no investigados por la CNMC fueron tres episodios críticos que ocurrieron en los meses previos al colapso total de la red. El primero tuvo lugar el 9 de enero en la central nuclear de Almaraz, donde se detectaron oscilaciones de tensión tan severas que obligaron a desconectar ambos reactores para proteger las turbinas. Esta instalación generaba aproximadamente 2.000 MWh, una cifra que supera con creces los 350 MWh del parque solar de Núñez de Balboa, cuya desconexión Red Eléctrica identificó como desencadenante del apagón mayor.
El segundo episodio involucró al Alta Velocidad Española (AVE), que sufrió múltiples interrupciones de suministro en los días previos al 28 de abril. El ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizó su perfil en la red social X para informar sobre estos cortes, atribuyéndolos a un "exceso de renovables mal gestionado". El 22 de abril, un fallo eléctrico paralizó la circulación entre Valladolid y Chamartín, mientras que otro corte de tensión dejó un tren AVE inmovilizado en la variante de Pajares, dentro de un túnel. Estas incidencias afectaron a 31 trenes y cerca de 10.000 viajeros.
El tercer aviso surgió el mismo 22 de abril, cuando Repsol se vio forzada a suspender las operaciones de su refinería de Cartagena por "causas de fuerza mayor". Un fallo en el suministro eléctrico activó los sistemas de protección de la instalación, obligando a detener la producción hasta que se normalizó la situación en la red. La seguridad extrema de estas instalaciones hace que cualquier fluctuación eléctrica desencadene protocolos de parada automática.
Dependencia de Red Eléctrica
Fuentes del sector revelan que la CNMC ha delegado históricamente en Red Eléctrica la realización de inspecciones técnicas, ya que la empresa transportista posee el personal y equipamiento necesarios para estas tareas. Sin embargo, en este caso paradójico, las perturbaciones que debían investigarse provenían precisamente de Red Eléctrica, que preside Beatriz Corredor. La empresa no elaboró informes sobre sus propias deficiencias para el regulador, creando un círculo de falta de control.
Esta dependencia estructural deja a la CNMC en una posición de vulnerabilidad regulatoria, sin capacidad para verificar independientemente la información que recibe. Prieto admitió que cuando las compañías no remiten documentación, su departamento no puede realizar análisis exhaustivos, quedando reducida su función a una mera recepción de datos voluntarios.
Competencias sin recursos
La Ley atribuye a la CNMC la supervisión del funcionamiento del sistema eléctrico y el grado de competencia en el mercado, pero no le proporciona los medios humanos necesarios para ejecutar estas funciones. La directora de Energía insistió en que con nueve empleados es imposible desplegar equipos de inspección, auditar instalaciones o investigar incidentes complejos que requieren análisis técnicos especializados.
Esta situación genera un vacío de control efectivo en un sector crítico para la economía nacional. Los expertos señalan que la falta de investigación de incidentes previos impide identificar patrones de riesgo y aplicar medidas correctivas antes de que se produzcan fallos sistémicos mayores. El apagón del 28 de abril no fue un evento aislado, sino la culminación de una serie de perturbaciones que el regulador no pudo o no quiso analizar en profundidad.
La revelación de estas deficiencias regulatorias ha abierto un debate sobre la reforma del marco institucional del sector energético. La independencia y capacidad operativa de la CNMC se cuestionan cuando carece de recursos para cumplir su mandato legal. La situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar el organismo con personal técnico cualificado y dotarlo de herramientas de supervisión propias, en lugar de depender de las empresas que debe regular.
El caso también ilustra cómo la fragmentación de responsabilidades entre administraciones y empresas puede generar zonas grises donde los problemas no se abordan con la diligencia requerida. Mientras Red Eléctrica atribuye el colapso a la desconexión de una planta solar, las evidencias apuntan a una degradación progresiva de la red que la CNMC no tenía medios para investigar.
La comparecencia de Prieto ha servido para constatar que el sistema de vigilancia eléctrica español requiere una revisión profunda de sus mecanismos de control. La seguridad del suministro no puede depender de la buena voluntad de las empresas para informar de sus propios fallos, ni de reguladores sin capacidad de inspección. La experiencia demuestra que esta combinación es receta para la inacción y, eventualmente, para crisis como la vivida en abril.