La estrategia de defensa de Koldo García ha quedado clara desde el primer momento. Horas después de que el Tribunal Supremo decretara su ingreso en prisión provisional, el histórico colaborador del exministro socialista José Luis Ábalos compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ejerció su derecho a no declarar sobre las irregularidades en la contratación de material sanitario y tests PCR en Canarias durante la pandemia. Fuentes judiciales confirmaron que el exasesor rechazó responder a las preguntas del magistrado, el representante del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, consolidando una postura de absoluto hermetismo ante las pesquisas de la justicia.
El traslado desde la cárcel de Soto del Real hasta los juzgados centrales de la Audiencia Nacional se produjo poco antes de las nueve de la mañana en un vehículo oficial de la Guardia Civil. García, que pasó su primera noche entre rejas tras la decisión del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, llegó custodiado al edificio judicial donde el instructor le esperaba para interrogarle sobre su presunta participación en una trama de corrupción que habría generado beneficios ilícitos a través de la intermediación en contratos públicos. La comparecencia se enmarcaba en una pieza separada del macrocaso de las mascarillas que investiga presuntas comisiones ilegales en la adquisición de equipos de protección sanitaria.
La figura de Koldo García ha estado durante años en la órbita del poder socialista. Como brazo derecho de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su nombre ha aparecido recurrentemente en distintas tramas de presunta corrupción. Su capacidad de influencia en las decisiones administrativas y su acceso a los círculos de poder del PSOE le convirtieron, según la investigación, en un intermediario clave para empresarios que buscaban obtener contratos públicos. La relación profesional y personal con Ábalos, que también se encuentra en prisión provisional, constituye uno de los ejes centrales de la investigación judicial.
El objeto específico de la declaración de este martes eran los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias para la compra de material sanitario de emergencia. La investigación se centra en las gestiones realizadas durante la gestión de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien presidía el Ejecutivo autonómico canario en el momento de los hechos. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han elaborado un exhaustivo informe que vincula a García con la empresa Soluciones de Gestión, entidad que obtuvo lucrativos contratos públicos y que, según los investigadores, ocuparía el centro de la presunta trama corrupta.
El documento policial recoge conversaciones y mensajes que apuntan a que Torres habría reclamado pagos para la trama a cambio de su influencia en la adjudicación de los contratos. En las intervenciones telefónicas, el ministro habría utilizado frases como "Estoy encima" o "he dado el golpe preciso en la mesa" en referencia a sus gestiones para favorecer a la empresa vinculada a García. Estas expresiones, recogidas en el atestado de la UCO, habrían sido justificadas posteriormente con disculpas dirigidas al entonces asesor ministerial, lo que los investigadores interpretan como prueba de su conocimiento y participación en la trama.
El núcleo de la acusación se sustenta en una presunta retribución mensual de 10.000 euros en efectivo que el empresario Víctor de Aldama habría entregado a García desde, al menos, octubre de 2019. Esta cantidad, según la Fiscalía Anticorrupción, funcionaría como una especie de "nómina" que aseguraba la influencia del exasesor en las decisiones administrativas. El patrón de pagos recurrentes, lejos de corresponderse con servicios concretos, tendría como objetivo garantizar el acceso privilegiado a los responsables políticos y la consecución de beneficios económicos a través de contratos públicos.
La Fiscalía, representada por el fiscal Luis Pastor, considera que este sistema de pagos permitía a Aldama "tener acceso al propio ministro" de Transportes en aquella época, en referencia a Ábalos. En su primera declaración judicial, prestada el pasado 21 de noviembre de 2024, el empresario habría reconocido que en varias ocasiones presenció cómo el dinero que entregaba a García era posteriormente compartido con el exministro. Esta circunstancia, si se confirma, establecería una cadena de responsabilidad directa que vincularía a los tres protagonistas en una estructura de corrupción institucional.
El patrón delictivo identificado por los investigadores no se limitaría a actuaciones puntuales, sino que respondería a una estructura organizada para el enriquecimiento ilícito. Los pagos de Aldama no se ceñirían a servicios específicos, sino que asegurarían su capacidad de influencia para futuras adjudicaciones. Las actuaciones concretas solicitadas a García se centraban en los pormenores de la contratación de emergencia de material sanitario por parte de la administración canaria, la certificación de dicho material y el cobro de las facturas por parte de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario.
La decisión del juez Puente de decretar el ingreso en prisión provisional para García y Ábalos se fundamentó en la apreciación de un elevado riesgo de fuga. La gravedad de los delitos imputados, las penas solicitadas y la existencia de conexiones internacionales habrían motivado esta medida cautelar. García ha pasado su primera noche en el centro penitenciario de Soto del Real, donde permanecerá aislado y bajo vigilancia especial durante los próximos meses, dado que el proceso judicial está en una fase crítica de instrucción.
El calendario judicial marca el inicio del primer juicio para la próxima primavera, lo que significa que la prisión provisional se prolongará durante varios meses. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 19 años y medio de prisión para García, acusándole de delitos de cohecho, prevaricación, malversación y pertenencia a organización criminal, entre otros. La magnitud de la petición de pena refleja la gravedad que los investigadores atribuyen a su presunta participación en la trama.
El caso de las mascarillas se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia en España. La investigación ha puesto de manifiesto cómo la emergencia sanitaria habría sido aprovechada por redes de influencia para obtener beneficios económicos a través de contratos públicos urgentes. La implicación de altos cargos del PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico, ha generado una crisis política que el partido intenta gestionar mientras la justicia avanza en sus pesquisas.
La negativa de García a declarar no sorprende a los expertos jurídicos, que interpretan esta decisión como una estrategia para evitar contradicciones y ganar tiempo mientras se consolidan las alianzas con el resto de imputados. Sin embargo, la Fiscalía confía en que el volumen de pruebas documentales, las conversaciones intervenidas y los testimonios de colaboradores, como el propio Aldama, serán suficientes para sustentar una condena sin necesidad de su declaración. El silencio del exasesor, lejos de frenar la investigación, podría reforzar la percepción de una estrategia defensiva basada en la obstrucción a la justicia.
El desarrollo del caso continuará con nuevas declaraciones y el análisis de la documentación incautada en los registros realizados en domicilios y oficinas de los principales imputados. La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto de sumario parte de la investigación para proteger la identidad de testigos y preservar pruebas sensibles. Mientras tanto, la opinión pública sigue con atención cada nuevo capítulo de un escándalo que ha puesto en entredicho la gestión de la crisis sanitaria y la integridad de las instituciones públicas.