Un adolescente español se enorgullece ante la cámara: "Franco me mola, la peor dictadura es la que tenemos ahora". Sus compañeros ríen y aplauden mientras desfila con un desafiante saludo fascista. Esta escena, lejos de ser un hecho aislado, refleja una tendencia preocupante: encuestas recientes revelan que el 21% de los jóvenes entre 18 y 24 años en España considera que el franquismo fue una época "buena" o "muy buena". La misma cifra, curiosamente, aparece en Alemania con los simpatizantes juveniles de Alternativa para Alemania (AfD), partido ultranacionalista que minimiza el Holocausto.
Este paralelismo entre dos de las democracias más consolidadas de Europa no es casual. Ambos casos comparten deficiencias educativas, desinformación masiva en redes sociales, negacionismo histórico y la ausencia de una narrativa común sobre el pasado. Pero la pregunta que surge es inquietante: ¿puede Colombia, con su reciente historia de conflicto armado, caminar hacia un destino similar?
El riesgo no es teoría. Colombia vivió durante más de cinco décadas un conflicto interno que dejó más de 260.000 muertos, más de 80.000 desaparecidos y millones de desplazados. Los grupos armados —FARC, ELN, paramilitares, narcotraficantes— sembraron el terror en vastas regiones del país. Sin embargo, a solo siete años del Acuerdo de Paz de 2016, las nuevas generaciones muestran signos de distanciamiento con esa realidad.
La brecha generacional se hace evidente. Quienes vivieron el conflicto en carne propia o a través de sus familiares mantienen vivas las heridas. Pero quienes crecieron en la era digital, con acceso a información fragmentada y algoritmos que priorizan el contenido viral sobre el contextualizado, perciben esa historia como lejana o, peor, distorsionada. Las redes sociales se han convertido en el principal canal donde se reescribe el pasado con tintes ideológicos.
En España, la Ley de Memoria Democrática ha generado profunda polarización. En Alemania, a pesar de ser considerado modelo mundial en políticas de memoria —con currículos escolares específicos, museos y memoriales con estrategias pedagógicas robustas— el fenómeno de la "amnesia histórica" persiste. La diferencia entre ambos países radica en la narrativa: mientras Alemana asumió colectivamente su responsabilidad, España nunca logró un consenso sobre el franquismo.
Colombia enfrenta un escenario más complejo. La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad fueron pasos históricos, pero su impacto en la educación formal ha sido limitado. Los currículos escolares apenas abordan el conflicto con la profundidad necesaria. Muchos docentes, formados en épocas donde hablar de estos temas era tabú, evitan el debate. El resultado: jóvenes que desconocen las causas, los actores y las consecuencias de la guerra.
El negacionismo no siempre es explícito. A menudo adopta formas sutilmente normalizadas: la banalización de la violencia, la justificación de métodos autoritarios para "acabar con la delincuencia", o la idealización de figuras que promovieron el enfrentamiento armado. En regiones donde el conflicto fue más cruento, algunas familias transmiten versiones parciales o interesadas, culpabilizando exclusivamente a un bando y silenciando las propias responsabilidades.
El fenómeno del autoritarismo juvenil no surge del vacío. Cuando la educación formal falla, la desinformación ocupa su lugar. Los algoritmos de TikTok, Instagram o YouTube no distinguen entre contenido historiográfico riguroso y propaganda. Un video que minimice las víctimas del franquismo o que relativice el Holocausto puede recibir igual o más difusión que un documental académico. La dopamina de la viralidad reemplaza a la reflexión crítica.
En Colombia, este riesgo se materializa cuando jóvenes repiten consignas que estigmatizan a víctimas o cuando muestran simpatía por soluciones violentas a problemas sociales. La desconexión con el territorio agrava el problema: quienes viven en ciudades grandes perciben el conflicto rural como ajeno, casi ficticio. La distancia geográfica se convierte en distancia emocional y cognitiva.
¿Qué lecciones puede extraer Colombia? Primero, que la memoria no se construye solo con leyes, sino con prácticas pedagógicas continuas. Segundo, que la tecnología debe ser aliada, no enemiga: se necesitan estrategias digitales que contrarresten la desinformación con narrativas basadas en evidencia. Tercero, que la participación juvenil no es opcional: los jóvenes deben ser protagonistas, no receptores pasivos, de la construcción de memoria.
La experiencia europea demuestra que el olvido histórico es un proceso activo, no pasivo. No se trata de que las nuevas generaciones olviden por accidente, sino que son inducidas a hacerlo por factores estructurales. Colombia tiene la oportunidad de actuar antes de que ese proceso se consolide. La paz duradera depende de que los jóvenes entiendan el pasado para no repetirlo. El tiempo para intervenir es ahora, antes de que los porcentajes de apoyo a discursos autoritarios dejen de ser estadísticas para convertirse en realidad política.
La memoria histórica no es un lujo de intelectuales; es una vacuna contra la barbarie. Y como toda vacuna, debe aplicarse antes de que la enfermedza se propague. Colombia tiene el antídoto: una sociedad civil activa, instituciones de memoria funcionando y una juventud con potencial transformador. Lo que aún no ha encontrado es la fórmula para inocular masivamente ese conocimiento. La experiencia de España y Alemania debería servir como advertencia, no como condena inevitable.