Triana Martínez, condenada como cooperadora necesaria en el asesinato de la política leonesa Isabel Carrasco, ha puesto este martes un pie en libertad después de once años entre rejas. A las once en punto de la mañana, la puerta de la prisión de Asturias se abría para permitir su primer permiso penitenciario, una medida que llega tres años después de que los profesionales del centro penitenciario la recomendaran por unanimidad.
El crimen que conmocionó a España en mayo de 2014 ha marcado un antes y un después en la política leonesa y en la conciencia colectiva. Isabel Carrasco, entonces presidenta de la Diputación de León y una de las figuras más poderosas del Partido Popular en la provincia, fue asesinada a tiros en plena calle. La investigación desveló una trama que involucraba a su propia hija, Triana Martínez, y a su esposa, Montserrat González, en lo que se calificó como un asesinato por venganza y motivos económicos.
Triana Martínez, de 45 años, fue condenada a 20 años de prisión como cooperadora necesaria. Su madre, Montserrat González, recibió una pena de 22 años como autora material del crimen. La tercera pieza del caso, la agente de policía local Raquel Gago, fue sentenciada a 14 años por encubrimiento.
Este martes, un allegado de la familia esperaba a Triana Martínez en el aparcamiento del centro penitenciario a bordo de un vehículo Mercedes. La imagen contrasta con la de su madre, que permanece en su celda sin haber obtenido ninguna autorización de salida. La jueza de vigilancia penitenciaria de Oviedo, María Elvira Gutiérrez, ha cambiado de postura tras 14 denegaciones previas y ha concedido finalmente este permiso de tres días.
Las condiciones impuestas por el juzgado son estrictas y reflejan la gravedad del delito cometido. La resolución, fechada el 18 de noviembre, establece tres obligaciones fundamentales: presentación diaria ante la policía, permanecer bajo la custodia y acompañamiento de un familiar o persona allegada, y la prohibición absoluta de comunicarse o acercarse a los familiares de Isabel Carrasco o a lugares determinados. Estas medidas buscan garantizar tanto el cumplimiento de la medida como la protección de las víctimas.
El respaldo unánime de la Junta de Tratamiento de Villabona, compuesta por psicólogos, educadores y trabajadores sociales que tratan diariamente con los internos, ha sido crucial. Desde noviembre de 2022, este órgano había recomendado reiteradamente la concesión del permiso, pero el juzgado de vigilancia denegó las solicitudes argumentando que dos profesionales de confianza de Triana Martínez habían elaborado informes favorables, lo que generó recelo sobre su objetividad.
La ley penitenciaria española establece requisitos claros para acceder a los permisos de salida. El interno debe estar clasificado en segundo grado, haber cumplido al menos la cuarta parte de su condena y no presentar mala conducta. Triana Martínez supera con creces estos requisitos: lleva cumplida más de la mitad de su pena y su comportamiento en prisión ha sido ejemplar, según consta en los informes técnicos.
El abogado defensor, Fernando Pamos de la Hoz, ha liderado una estrategia perseverante. Su reiterada petición, presentada una y otra vez ante el juzgado, ha culminado en este permiso que, aunque simbólico, representa un hito en la trayectoria penitenciaria de su clienta. La defensa siempre ha argumentado que Triana cumplía todos los requisitos legales y que la negativa reiterada constituía una vulneración de sus derechos.
Mientras tanto, la situación de Montserrat González, de 68 años, es bien distinta. Considerada la autora intelectual y material del asesinato, la matriarca no ha obtenido ningún permiso. Los informes psicológicos y penitenciarios mantienen que su nivel de peligrosidad y su falta de arrepentimiento efectivo no permiten su reincorporación progresiva a la sociedad. Permanece en el centro penitenciario de Villabona, cumpliendo su condena de 22 años.
La agente Raquel Gago, por su parte, disfruta de mayor libertad desde septiembre de 2023, cuando fue clasificada en tercer grado penitenciario, lo que le permite salidas regulares y un régimen de semilibertad. Su papel como encubridora del crimen, proporcionando la pistola y ayudando a planificar los detalles, fue considerado menos grave por la justicia.
El caso Carrasco destapó las tensiones familiares y económicas que existían tras la muerte del marido de Montserrat y padre de Triana, un empresario leonés. Las investigaciones apuntaron a que el móvil del crimen residía en una supuesta disputa patrimonial y en el rencor acumulado contra Isabel Carrasco, a quien consideraban responsable de sus desgracias económicas.
La concesión de este permiso ha generado reacciones encontradas. Por un lado, los defensores de los derechos penitenciarios celebran que se cumpla la ley y se permita la reinserción progresiva. Por otro, familiares y allegados de Isabel Carrasco consideran que el tiempo cumplido no compensa la gravedad del crimen que acabó con la vida de una mujer en plena madurez política.
La jueza María Elvira Gutiérrez, responsable de supervisar las penas de los 1.300 reclusos de Villabona, ha justificado su cambio de criterio señalando que Triana Martínez "cumple con los requisitos dispuestos por la ley penitenciaria". Su función es garantizar tanto el cumplimiento de las condenas como los derechos de los internos, equilibrando la seguridad ciudadana con la posibilidad de reinserción.
Durante estos tres días, Triana Martínez deberá demostrar que puede convivir con la sociedad sin representar un riesgo. Su comportamiento será monitorizado de cerca por la policía y los servicios penitenciarios. Cualquier incumplimiento de las condiciones supondrá la revocación inmediata del permiso y podría afectar futuras solicitudes.
El permiso también abre interrogantes sobre el futuro penitenciario de la condenada. Si todo transcurre con normalidad, podría solicitar salidas más prolongadas y, eventualmente, el tercer grado. Sin embargo, el camino es largo y la decisión última siempre dependerá de los informes técnicos y la valoración judicial.
El caso sigue vivo en la memoria de León. Isabel Carrasco era una figura controvertida pero también una política consolidada, y su muerte violenta dejó un vacío difícil de llenar. Las calles de la capital leonesa recuerdan aún el impacto de aquellos días de mayo de 2014, cuando la política se tiñó de tragedia.
Para Triana Martínez, estos tres días representan una oportunidad de reconectar con un mundo del que ha estado apartada más de una década. La tecnología, las relaciones sociales y la vida cotidiana han cambiado radicalmente desde su ingreso en prisión. El reto de la reinserción social es enorme, incluso para quienes cumplen condenas menos mediáticas.
La medida también pone sobre la mesa el debate sobre la justicia restaurativa y el papel de los permisos penitenciarios en casos de extrema gravedad. ¿Cuándo ha cumplido un condenado suficiente tiempo? ¿Cómo se equilibran los derechos del interno con el dolor de las víctimas? Son preguntas sin respuesta única que cada caso plantea de nuevo.
Mientras tanto, en la prisión de Villabona, Montserrat González seguirá sin pisar la calle. Su salida, si alguna vez llega, será mucho más complicada. La justicia ha establecido una diferencia clara entre cooperadora necesaria y autora material, y esa distinción se materializa en cada decisión penitenciaria.
Triana Martínez deberá regresar al centro penitenciario antes de 72 horas. Su permiso es temporal, controlado y condicionado. No es libertad plena, sino un primer paso en un proceso largo y complejo. El sistema penitenciario español, con sus luces y sombras, sigue aplicando la ley incluso en los casos que más conmocionaron a la opinión pública.