Nuevos datos han salido a la luz sobre la controvertida comida que mantuvieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro de Valencia. El establecimiento ha proporcionado a la jueza instructora de Catarroja documentación clave que desvela el coste exacto y la duración del encuentro, que ascendió a 165 euros y se prolongó durante prácticamente cuatro horas.
El propietario del restaurante, Alfredo Romero, ha cumplido con el requerimiento judicial entregando no solo la factura original, sino también dos imágenes del reservado donde tuvo lugar la reunión. Estas pruebas gráficas y documentales han sido incorporadas al expediente que investiga las circunstancias de esta cita, que ha generado una intensa polémica política y mediática en la Comunidad Valenciana.
Según la información facilitada por Romero en su declaración judicial, Mazón y Vilaplana ocuparon la mesa 106 de un reservado privado del restaurante. Este espacio, caracterizado por contar con dos amplios ventanales que dan a las calles Bonaire y Tertulia, en el corazón de Valencia, ofrecía cierta intimidad pero permitía visibilidad desde el exterior. El menú elegido fueron dos "menús concertados", una opción que sugiere una planificación previa del evento.
La organización de este encuentro ha sido otro punto de interrogación que ahora comienza a esclarecerse. El jefe de gabinete del presidente Mazón, José Manuel Cuenca, ha reconocido que él era la única persona en el entorno del máximo dirigente autonómico que tenía conocimiento de esta comida, ya que fue él mismo quien la anotó en la agenda oficial. Sin embargo, la reserva concreta del día y la hora corrió a cargo de la directora general de Presidencia, Pilar Montes, lo que indica una coordinación institucional para la celebración de este evento.
Un aspecto crucial que ha salido a la luz es el financiamiento de esta comida. Desde un primer momento, Mazón defendió que su asistencia al restaurante respondía a su condición de presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), con el objetivo de ofrecer a Vilaplana el puesto de directora de À Punt, la televisión autonómica. En consecuencia, el importe de los 165 euros fue abonado directamente por las arcas del partido, no con fondos públicos ni personales.
La jueza instructora había solicitado expresamente tanto la factura como imágenes del reservado ante las contradicciones detectadas en las declaraciones previas. Por un lado, la versión ofrecida por la periodista Vilaplana no coincidía en varios puntos con el relato del dueño del restaurante. Un detalle particularmente llamativo fue la explicación que dio Vilaplana sobre las conversaciones telefónicas que Mazón mantenía durante la comida con la entonces consejera Salomé Pradas, hoy imputada en la causa. La periodista aseguró que no podía oír el contenido de esas llamadas porque el presidente se levantaba y se alejaba de la mesa cada vez que hablaba por teléfono.
La investigación ha logrado precisar con exactitud el momento de la salida de Vilaplana del parking donde dejó su vehículo. Según la certificación oficial emitida por la letrada de la administración de justicia del juzgado de Catarroja, basada en la documentación remitida por la empresa Interparking y en el testimonio de la propia Vilaplana, el coche de la periodista entró en el aparcamiento a las 14.38 horas del 29 de octubre de 2024 por la entrada principal. La salida se produjo a las 19.51 horas, prácticamente una hora después de que ambos comensales abandonaran el restaurante.
El pago del ticket de aparcamiento se realizó en el cajero automático número 2 a las 19.48 horas, con un importe total de 15,10 euros. Esta información resulta fundamental para establecer una cronología precisa de los eventos, ya que confirma que la reunión se extendió durante gran parte de la tarde y que hubo un tiempo adicional entre la salida del restaurante y la retirada del vehículo del parking.
Los plazos temporales son contundentes: casi cuatro horas de comida en El Ventorro, más aproximadamente una hora adicional desde que salieron del restaurante hasta que Vilaplana recuperó su coche y se marchó del centro de Valencia. Esto sitúa la duración total del encuentro en torno a las cinco horas, un tiempo considerable para una reunión que, oficialmente, tenía como único objetivo discutir un posible nombramiento profesional.
La localización del restaurante, en pleno centro neurálgico de Valencia, ha facilitado que la investigación cuente con múltiples fuentes de verificación. Además de la documentación aportada por el propietario y los datos del parking, la jueza puede recurrir a posibles cámaras de videovigilancia municipales o de comercios cercanos que pudieran haber captado los movimientos de ambos personajes.
La entrega de las fotografías del reservado también resulta relevante porque permite visualizar el espacio donde se desarrolló la conversación. Los dos ventanales mencionados podrían haber permitido a testigos presenciales observar desde la calle la presencia de los comensales, aunque no necesariamente escuchar su conversación. Este detalle podría resultar clave para corroborar o descartar algunas de las afirmaciones realizadas en sede judicial.
La implicación del PPCV en el pago de la comida introduce un elemento de responsabilidad política y ética sobre el uso de los fondos partidistas. Si bien legalmente el partido puede asumir gastos de este tipo, la justificación de que la reunión era estrictamente institucional y no personal ha sido cuestionada por la oposición y por diversos sectores de la sociedad civil valenciana.
La figura de Salomé Pradas como interlocutora telefónica durante la comida añade otra capa de complejidad al asunto. Su condición de imputada en la investigación judicial hace que cualquier comunicación que mantuviera con Mazón durante esa jornada sea susceptible de ser analizada en el contexto de las pesquisas que afectan a la administración autonómica.
El jefe de gabinete de Mazón ha intentado cerrar filas afirmando que él era el único conocedor de la cita, pero la intervención de la directora general de Presidencia en la reserva demuestra que al menos dos altos cargos del entorno más próximo al presidente tenían conocimiento de la reunión. Esta circunstancia contradice la percepción de una cita absolutamente confidencial o discreta.
La investigación judicial continúa su curso con estos nuevos elementos probatorios. La jueza de Catarroja tendrá que valorar no solo la documentación aportada, sino también las contradicciones entre las diferentes versiones y la relevancia de cada detalle para esclarecer si se produjeron hechos constitutivos de delito o simples irregularidades de carácter ético o político.
El caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia en la gestión pública y la línea que separa la actividad institucional de la política partidista. La utilización de un restaurante privado para una conversación sobre un nombramiento en un medio de comunicación público, con cargo a las finanzas de un partido político, plantea cuestionamientos sobre los criterios de imparcialidad y mérito en la selección de altos cargos.
Mientras la justicia continúa su trabajo, la opinión pública valenciana permanece expectante ante posibles nuevas revelaciones que puedan arrojar más luz sobre esta polémica comida que, por ahora, ha dejado en evidencia la necesidad de mayor claridad en los procedimientos de nombramiento y en la distinción entre recursos partidistas y fondos públicos.