El periodista Xavier Carrau, expareja de la comunicadora Maribel Vilaplana, ha desvelado nuevos detalles sobre la tarde del 29 de octubre, día de la devastadora DANA en Valencia. Según su testimonio en la red social X, a las 19:07 horas se compartió en un chat familiar un vídeo que mostraba la dramática situación del barranco del Poyo, mientras Vilaplana mantenía una conversación con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
La publicación de Carrau, realizada este miércoles, aporta un elemento crucial a la cronología de los hechos: "19:07 Compartimos en chat familiar este video. Todos respondemos al minuto aterrorizados". Esta precisa indicación horaria sitúa a ambos protagonistas en plena consciencia de la gravedad de la situación que se vivía en la provincia.
El contexto resulta especialmente significativo. El pasado martes, tras la publicación de que Vilaplana había acompañado a Mazón hasta las proximidades del Palau, Carrau ya había advertido: "Se abre un abismo de consecuencias imprevisibles". Posteriormente, durante la noche, insinuó que el material visual sobre el desbordamiento del barranco circulaba ya por diferentes grupos: "Recordemos: entre las 18:50 y las 19:15 este es solo uno de los videos que volaban en redes y grupos de trabajo, amigos, familia, vecinos…".
La confirmación definitiva llegó esta misma mañana con el mensaje que precisa la hora exacta de recepción del vídeo en el grupo familiar. La secuencia visual mostraba cómo el agua arrasaba la pasarela de Picanya, convirtiéndose en una de las primeras evidencias documentadas de la magnitud del desastre.
Esta información no surge aislada. Hace semanas, este medio ya informó sobre la existencia de otro vídeo compartido en un grupo familiar de Vilaplana a las 17:40 horas, centrado en la crítica situación de Utiel. En aquella ocasión, la acompañante de Mazón respondió con un emoticono de sorpresa, demostrando que la comunicación sobre la emergencia era constante.
La franja horaria de las 19:07 horas resulta determinante porque se ubica dentro del período de 37 minutos de desconexión del presidente valenciano, comprendido entre las 18:57 y las 19:34 del fatídico martes. Durante este intervalo, según datos oficiales, Mazón no atendió llamadas ni participó en las gestiones del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi).
El testimonio de la propia Vilaplana ante la jueza ubica a ambos en la plaza de Tetuán de Valencia a esas horas, precisamente junto a la entrada del aparcamiento Glorieta-Paz donde la comunicadora había estacionado su vehículo. Este detalle geográfico confirma que el encuentro se prolongó más allá de la comida en el restaurante El Ventorro, donde habían permanecido durante gran parte de la tarde.
La cronología se cierra con otro dato revelador: a las 19:10 horas, apenas tres minutos después de que el vídeo del Poyo circulara por el chat familiar, Mazón no respondió a una llamada de la entonces consellera Salomé Pradas, quien precisamente iba a informarle sobre el envío del Es Alert, el sistema de alerta temprana para la población.
Esta secuencia de eventos dibuja un panorama complejo sobre la gestión de la crisis durante las primeras horas de la DANA. La circulación de material visual entre grupos privados contrasta con la falta de respuesta institucional inmediata, generando interrogantes sobre los protocolos de comunicación activados aquel día.
El papel de los chats familiares y grupos de WhatsApp como canales de información en tiempo real ha cobrado protagonismo en esta investigación. Mientras la ciudadanía compartía imágenes y expresaba su alarma, los responsables políticos parecían permanecer al margen de las comunicaciones oficiales.
La revelación de Carrau no solo aporta una pieza más al puzzle, sino que también pone el foco en la responsabilidad individual de los actores involucrados. El hecho de que Vilaplana, en su condición de periodista, recibiera información gráfica sobre el desastre mientras estaba acompañada del máximo representante de la Generalitat, amplía el debate sobre el deber de actuación inmediata.
Desde el punto de vista jurídico, estos 37 minutos de supuesta desconexión han sido objeto de análisis minucioso. La justicia investiga no solo la ausencia de respuesta, sino también el conocimiento real que tenían las autoridades sobre la gravedad de la situación en cada momento preciso.
La DANA dejó un rastro de devastación sin precedentes en la provincia de Valencia, con pérdidas humanas y materiales que han conmocionado a toda España. En este contexto, cada minuto de retraso en la activación de protocolos de emergencia puede haber tenido consecuencias irreversibles.
La investigación continúa su curso, pero las declaraciones de Carrau han reabierto el debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas. La ciudadanía exige explicaciones claras sobre por qué, teniendo acceso a información visual tan contundente, no se activaron de inmediato todas las medidas de protección civil disponibles.
El caso ha generado una intensa polémica en la comunidad valenciana, donde la gestión de la crisis climática se ha convertido en un tema de máxima actualidad política. La oposición ha exigido responsabilidades, mientras el gobierno autonómico defiende su actuación basándose en los protocolos establecidos.
Lo que está claro es que, a las 19:07 horas, mientras el agua arrastraba la pasarela de Picanya y la ciudadanía expresaba su pánico a través de móviles, el presidente Mazón y la periodista Vilaplana estaban físicamente juntos en el centro de Valencia, conscientes de que algo extraordinariamente grave estaba ocurriendo en la periferia de la ciudad.
Este nuevo testimonio obliga a revisar la cronología oficial y a profundizar en el análisis de las decisiones tomadas durante esos minutos críticos. La distancia entre el conocimiento de la emergencia y la activación de la respuesta institucional sigue siendo la principal incógnita que la investigación judicial debe resolver.
La sociedad valenciana, marcada por la tragedia, espera respuestas que esclarezcan no solo los hechos, sino también las responsabilidades derivadas de una gestión que, según los datos que van surgiendo, no estuvo a la altura de las circunstancias. La transparencia y el acceso a la verdad se han convertido en demandas irrenunciables para las familias afectadas y para el conjunto de la ciudadanía.