La Comunidad de Madrid presenta un panorama contradictorio en materia de violencia machista. Según el último informe elaborado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) con motivo del 25-N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la región registra una de las cifras más bajas de feminicidios en los últimos años, con tres casos en 2025. Sin embargo, este dato positivo se ve ensombrecido por un preocupante incremento de los delitos de violencia sexual, que han crecido un 8,6% respecto al año anterior. La situación se agrava por la decisión del Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de no desarrollar una ley de igualdad propia, convirtiendo a Madrid en la única autonomía española sin esta normativa.
El estudio, titulado '25-N Contra la Violencia Machista', recopila datos actualizados hasta noviembre de 2025 procedentes del Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial y fuentes autonómicas. Los responsables de CCOO Madrid advierten que los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas representan tan solo "la punta del iceberg" de una problemática estructural que afecta a toda la sociedad madrileña.
En lo que respecta a los feminicidios, Madrid se sitúa entre las comunidades con menor número de víctimas mortales en 2025, empatando con Asturias, Cataluña y Extremadura, que también han registrado tres casos cada una. Esta cifra, si no se produce ningún nuevo asesinato antes de finalizar el año, se convertiría en la más baja desde 2012, cuando comenzaron a contabilizarse estos crímenes de forma sistemática. Para contextualizar, en 2024 perdieron la vida cuatro mujeres en esta circunstancia, mientras que entre 2021 y 2023 el número se mantuvo estable en siete casos anuales.
El último crimen machista en la región tuvo lugar el 15 de noviembre en Alpedrete, donde una mujer de 60 años fue asesinada por su marido, también de 60, quien le asestó 50 puñaladas antes de quitarse la vida. Este trágico suceso ha conmocionado a la localidad y ha vuelto a poner de manifiesto la gravedad de la violencia de género en todas las franjas etarias y entornos sociales.
Por el contrario, los delitos sexuales experimentan una tendencia alcista preocupante. Durante 2024 se contabilizaron 1.457 casos, mientras que en lo que va de 2025 ya se han registrado 1.582, lo que representa un aumento significativo. El sindicato destaca que el 90% de estas agresiones tienen como víctimas a mujeres. No obstante, el informe apunta a una ligera reducción en las agresiones con penetración, que pasaron de 359 en el tercer trimestre de 2024 a 352 en el mismo período de 2025. Esta disminución, aunque modesta, contrasta con el crecimiento general del resto de delitos sexuales.
La respuesta institucional genera controversia. El Gobierno regional no solo deja de ejecutar buena parte de los presupuestos autonómicos destinados a políticas de igualdad y prevención de la violencia machista, sino que también ha reducido la partida correspondiente para el ejercicio 2026. Esta decisión ha sido cuestionada por organizaciones sindicales y de defensa de los derechos de las mujeres, que consideran insuficiente el compromiso político con esta materia.
La negativa de la Administración madrileña a desarrollar su propia ley de igualdad constituye otro punto de fricción. Con esta postura, Madrid se distancia del resto de comunidades autónomas, todas las cuales cuentan con normativas específicas para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Desde el Ejecutivo se argumenta que la legislación estatal es suficiente, pero las entidades sociales reclaman un marco propio que aborde las particularidades de la región y refuerce las medidas de protección.
El secretario de Igualdad de CCOO Madrid, Juan Carlos González, ha manifestado que "la falta de compromiso presupuestario y normativo del Gobierno regional pone en riesgo los avances conseguidos en los últimos años". El sindicato demanda una mayor inversión en recursos para atención a víctimas, programas de prevención en centros educativos y campañas de sensibilización que lleguen a toda la población.
La comparativa con otras regiones sitúa a Andalucía a la cabeza en número de feminicidios en 2025, con 11 casos, mientras que la media nacional se sitúa en 38 víctimas mortales. Aunque Madrid presenta cifras relativamente bajas en este apartado, el aumento de la violencia sexual y la falta de herramientas legislativas propias generan incertidumbre sobre la efectividad de las políticas públicas en esta materia.
Expertas en género y derechos humanos subrayan que la reducción de feminicidios no debe interpretarse como una mejora generalizada si no va acompañada de una disminución de otras formas de violencia. Alertan sobre la posible existencia de violencia invisible que no se traduce en estadísticas de mortalidad pero que tiene un impacto devastador en la vida de las mujeres.
El informe de CCOO concluye que es necesario un cambio de paradigma en las políticas autonómicas, con más recursos, más personal especializado y una apuesta firme por la educación en valores de igualdad desde la infancia. Mientras tanto, Madrid continúa siendo la excepción en el mapa legislativo español, una anomalía que, según las organizaciones feministas, dificulta el avance hacia una sociedad más justa y segura para todas las mujeres.
La sociedad madrileña observa con preocupación cómo se gestiona uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. La combinación de datos contradictorios y decisiones políticas controvertidas deja en el aire la pregunta de si la región está realmente preparada para afrontar con garantías la erradicación de la violencia machista.