El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, ha presentado su dimisión este martes, exactamente siete días después de que la Guardia Civil le detuviera en el marco de la operación contra presuntas adjudicaciones fraudulentas en la Diputación de Almería, conocida como caso 'Mascarillas'. La renuncia llega tras una intensa presión ejercida por la dirección provincial del Partido Popular, que suspendió su militancia el mismo día de su arresto y que consideraba insostenible su permanencia en el cargo municipal.
La decisión del regidor, que gobernaba el municipio almeriense de 2.200 habitantes desde 2003, se produjo después de que el pasado viernes quedara en libertad con cargos graves: cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Fuentes del partido confirman que la cúpula provincial mostró su malestar porque Sánchez Simón no renunciara inmediatamente tras recuperar la libertad, lo que habría evitado mayor daño institucional.
En un comunicado oficial, el ya exalcalde ha negado "de forma rotunda y absoluta" las acusaciones que pesan sobre él, calificándolas de "profundamente injustas y ajenas a mi manera de ser y a mi forma de entender el servicio público". Sin embargo, la investigación judicial le sitúa como una pieza fundamental en el entramado empresarial que presuntamente se benefició de contratos públicos irregulares a cambio de comisiones millonarias.
El origen del caso se remonta al 15 de junio de 2023, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Óscar Liria, sobrino del alcalde y entonces vicepresidente tercero de la Diputación provincial. En el registro de su domicilio de Huércal Overa, los agentes intervinieron 26.250 euros en efectivo distribuidos en tres sobres y varias prendas de ropa. Liria justificó aquella cantidad como anticipos de regalos para su futura boda, versión que los investigadores consideraron poco convincente.
El mismo día, la Guardia Civil observó cómo Rodrigo Sánchez López, hijo del alcalde, salía de la vivienda de los padres de Liria en Fines introduciendo un paquete en su vehículo. Tras interceptar el coche, los agentes descubrieron una caja que contenía 119.950 euros en metálico, una cantidad que sumada a la encontrada en casa de su primo superaba los 146.000 euros en efectivo.
Desde aquel momento, tanto el regidor como su hijo han estado imputados en la causa. Las empresas vinculadas a la familia han sido objeto de análisis forense para determinar si sirvieron como instrumentos para obtener adjudicaciones irregulares y blanquear capitales. La mercantil OYC Servicios Urbanos, controlada según el auto judicial por terceras personas interpuestas a favor de padre e hijo, centró la atención de la instructora en 2024, cuando solicitó toda la documentación contractual para esclarecer si recibía información privilegiada de la Diputación.
El juez que instruye la causa sostiene en sus escritos que "sería posible" que Sánchez Simón y otros investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos" con el objetivo de percibir comisiones. El magistrado apunta específicamente a que el dinero público obtenido ilícitamente mediante sobrecostes habría sido introducido en el circuito financiero legal a través de mecanismos artificiales.
La investigación revela numerosas conversaciones entre padre e hijo que evidenciarían "un concierto previo con empresas para la adjudicación fraudulenta de contratos". La mayoría de estas adjudicaciones se produjeron cuando Óscar Liria ostentaba la responsabilidad de Urbanismo en la Diputación, lo que le otorgaba capacidad decisoria en procesos clave.
El auto judicial también cuestiona la mercantil Gesa, sociedad a cuyo nombre figuran todos los bienes del exregidor y su hijo "sin que haya explicación coherente para ello". Además, el grupo EPDM, concentrado en sociedades controladas por presuntos testaferros y recientemente adquirido por Sánchez López, podría indicar "un intento de integrar en su patrimonio los bienes previamente adquiridos de forma fraudulenta".
Este no es el primer enfrentamiento del exalcalde con la justicia. En 2009, la Fiscalía detectó indicios de prevaricación cuando una empresa suya adquirió una vivienda en Fines para revenderla al Ayuntamiento 16 meses después con un beneficio de 72.000 euros, aunque el caso finalmente se archivó. En 2014 fue condenado a 21 meses de prisión por construir sin licencia un anexo y piscina en una finca, sentencia que la Audiencia de Almería revocó en apelación.
La dimisión de Sánchez Simón se produce en un contexto de máxima tensión para el PP andaluz, justo cuando el presidente Juan Manuel Moreno afronta el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento autónomo. El secretario general del PP de Andalucía ya había advertido el viernes que, aunque el alcalde podía mantenerse en el cargo por derecho, "será alcalde de Fines, pero no un alcalde del PP", dejando claro que la formación conservadora le había abandonado políticamente.
En Fines, el registro de la sede municipal y de varias propiedades vinculadas al exregidor duró más de ocho horas el pasado martes. Los vecinos, beneficiados económicamente por la presencia del gigante de la piedra Cosentino, prefieren mantenerse al margen. El municipio ha experimentado una notable transformación urbanística durante los 22 años de mandato de Sánchez Simón, con renovación de calles, una vía verde y un flamante edificio consistorial de mármol inaugurado en 2014.
Curiosamente, el auditorio municipal lleva el nombre de Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación también imputado en el mismo caso, y fue inaugurado por Sánchez Simón en diciembre de 2021, seis meses después de que estallara el escándalo, con la construcción a cargo de Tagilis, otra empresa bajo sospecha en la trama de adjudicaciones.
La presión del partido ha resultado decisiva. El exalcalde ha asegurado en su despedida que durante más de dos décadas ha trabajado "con honradez, humildad y dedicación", sintiendo siempre la política como un servicio y no como un beneficio personal. Una afirmación que contrasta radicalmente con la percepción del instructor de la causa, quien considera que su figura es central en una de las mayores tramas de corrupción desarticuladas en la provincia de Almería en los últimos años.
La investigación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones y registros en las próximas semanas, mientras la Diputación provincial trata de recuperar la confianza institucional y aclarar el alcance exacto de las presuntas irregularidades en la contratación pública durante los últimos años.