El Consejo de Ministros ha dado este martes el pistoletazo de salida al procedimiento de designación de Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. La propuesta, impulsada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sitúa en el punto de mira a una profesional con más de tres décadas de trayectoria en la carrera fiscal y una reconocida especialización en la lucha contra la violencia de género.
Nacida en Salamanca en 1962, Peramato representa una apuesta decidida por la continuidad ideológica y metodológica en la cúspide del Ministerio Fiscal. Su perfil no solo recoge el testigo de Álvaro García Ortiz, quien dimitió el pasado lunes tras una condena por revelación de datos reservados, sino que también mantiene vínculos estrechos con Dolores Delgado, antigua fiscal general y ex titular de Justicia. Ambos predecesores han ejercido un papel determinante en su ascenso profesional, promoviéndola hasta el escalafón más alto de la categoría de fiscal de Sala.
La designación de Peramato no sorprende a los observadores del sector. Su pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación que presidió en el pasado, la sitúa en la órbita de las corrientes reformistas del organismo. Esta filiación ideológica, lejos de ser un obstáculo, constituye un activo para el Ejecutivo, que busca consolidar una línea de acción coherente en materia de justicia y derechos sociales.
La trayectoria profesional de la futura fiscal general está indisolublemente ligada a la especialización en delitos de violencia machista. Desde 2005, cuando asumió la delegación de la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, Peramato ha sido una voz autorizada en este ámbito. Su participación en el Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la redacción del primer informe anual de esta institución en 2007 consolidó su reputación como referente en la materia.
Entre 2021 y 2025, ocupó el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, una posición estratégica desde la que ha influido en la configuración de políticas públicas y en la formación de jueces y fiscales. En una entrevista concedida a este medio en 2023, Peramato afirmó contundentemente: "Estamos ante una violencia estructural, enraizada en una estructura absolutamente patriarcal y, por lo tanto, lo primero que tendríamos que conseguir es cambiar mentalidades". Esta declaración refleja su compromiso con una perspectiva de género profunda y transformadora.
Además, la futura fiscal general se ha mostrado como una defensora acérrima de la ley del solo sí es sí, normativa que reformó el Código Penal en materia de delitos sexuales. "La idea de eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual tiene su origen en estándares internacionales", argumentó en la misma entrevista, reivindicando la armonización del derecho español con los tratados internacionales de derechos humanos.
El contexto que rodea este nombramiento resulta especialmente significativo. La renuncia de García Ortiz se produjo tras ser condenado a dos años de inhabilitación para el desempeño de su cargo por el delito de revelación de datos reservados. El caso, conocido como el de la filtración de información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha generado una crisis institucional que el Gobierno pretende cerrar con una salida digna y una transición ordenada.
Peramato no es una figura ajena a este proceso. Formó parte del equipo de fiscales de Sala que ha acompañado al ya condenado en las vistas judiciales, lo que la convierte en una persona de máxima confianza para García Ortiz. Esta circunstancia, lejos de ser una carga, refuerza su legitimidad para gestionar la transición y mantener la estabilidad interna del Ministerio Fiscal.
Con 35 años de ejercicio profesional, la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo acumula una experiencia sólida y contrastada. Su designación como Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal evidencia su sensibilidad hacia la figura del perjudicado en el sistema de justicia, una prioridad creciente en el discurso jurídico contemporáneo.
El procedimiento para su confirmación sigue el trámite constitucional establecido. Una vez aprobada la propuesta por el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá elaborar un informe que, si bien no es vinculante, constituye un requisito formal indispensable. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces se congregará este miércoles a las 12 horas para emitir su dictamen.
Posteriormente, Peramato deberá someterse a la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, un acto de control parlamentario que, aunque no supone una investidura propiamente dicha, permite a los grupos políticos interrogar a la candidata y manifestar su posición. Superados estos filtros, el Gobierno procederá a acordar su nombramiento definitivo, consolidando así el liderazgo del Ministerio Fiscal.
La elección de Peramato responde a una estrategia de continuidad y estabilidad en un momento de turbulencia institucional. El Ejecutivo evita así una ruptura con el modelo establecido por Delgado y García Ortiz, apostando por una profesional que comparte sus valores progresistas y su compromiso con la igualdad de género. Esta decisión, sin embargo, no está exenta de polémica, ya que los sectores más conservadores del panorama judicial podrían cuestionar su proximidad a determinadas corrientes ideológicas.
No obstante, el perfil técnico y la solvencia profesional de Peramato son innegables. Su gestión al frente de la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer ha sido valorada positivamente por colectivos de víctimas y asociaciones feministas, que ven en su ascenso una oportunidad para reforzar las políticas de protección y prevención. La implementación de la ley del solo sí es sí, que ha generado debate jurisprudencial, encontrará en ella una defensora incondicional.
El reto más inmediato para la futura fiscal general será gestionar la transición interna del Ministerio Fiscal, restablecer la confianza institucional tras la crisis de su predecesor y liderar la respuesta a los desafíos pendientes, como la sobrecarga de los juzgados, la necesidad de modernización tecnológica del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Su experiencia en la Sección Penal del Supremo le proporciona una visión privilegiada de los grandes casos de relevancia nacional.
En el ámbito de la violencia de género, su tarea será doble: por un lado, consolidar la especialización judicial y fomentar la formación continua; por el otro, impulsar la sensibilización social, convencida de que sin un cambio cultural profundo las reformas legales resultan insuficientes. Su discurso sobre la "violencia estructural" y la "estructura patriarcal" anticipa una línea de acción que no se limitará a la persecución penal, sino que abordará las causas sistémicas.
La composición del CGPJ, actualmente en funciones, podría agilizar el trámite del informe, aunque la complejidad política del momento no permite descartar tensiones. La comparecencia en el Congreso, por su parte, será el escenario donde Peramato deberá desplegar su capacidad de diálogo y persuasión, especialmente con los grupos de la oposición que podrían cuestionar su independencia.
Más allá de las consideraciones políticas, el nombramiento de Teresa Peramato representa un hito significativo: una fiscal de carrera, formada en las trincheras de los juzgados y con una especialización reconocida, accede al máximo cargo del Ministerio Fiscal. Su perfil técnico, unido a un compromiso ideológico claro, dibuja un horizonte donde la justicia penal se articula desde una perspectiva de derechos humanos y equidad de género.
El sector jurídico aguarda expectante su gestión. Los retos son considerables, pero la trayectoria de Peramato inspira confianza en aquellos sectores que abogan por una justicia moderna, eficaz y sensible a las demandas sociales. Su liderazgo marcará, sin duda, una etapa definida por la continuidad del modelo progresista en la Fiscalía General del Estado.