La Fiscalía del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha manifestado su sorpresa ante una decisión reciente del juez instructor Juan Carlos Peinado. El motivo de esta perplejidad radica en lo que considera una falta de coherencia al sobreseer la causa para una ex funcionaria de alto rango manteniendo, sin embargo, la imputación para otro cargo público que ocupaba una posición idéntica dentro de la estructura del Ejecutivo.
El escrito del Ministerio Público, al que han tenido acceso los medios de comunicación, revela la adhesión de la acusación pública a un recurso presentado por la defensa de Gómez contra el último auto del magistrado. En este documento, la Fiscalía subraya que comparte la opinión de que la imputación de la secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González, por presuntamente controlar el trabajo de Cristina Álvarez —asistente personal de la esposa del presidente— era absolutamente irracional e infundada.
El juez Peinado investiga si desde la sede del Gobierno en Moncloa se permitió que la asistente de Begoña Gómez realizara tareas ajenas a sus funciones oficiales, supuestamente en beneficio de los intereses privados de la esposa del presidente. Esta línea de investigación ha generado una compleja trama judicial que ahora se ve salpicada por las dudas de la propia Fiscalía sobre los criterios aplicados para mantener o archivar las imputaciones.
La situación que genera mayor confusión en el Ministerio Público es la siguiente: el pasado domingo, tras tomarle declaración, el magistrado decidió levantar la imputación para Judit Alexandra González, quien había sido investigada por el delito de malversación. Sin embargo, mantuvo la misma imputación para Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid, quien consta como investigado por el mismo presunto delito y, según destaca la Fiscalía, ostentó exactamente el mismo cargo en Moncloa que González.
En su escrito, la acusación pública celebra la decisión de sobreseer la causa para la ex secretaria general de Presidencia, pero manifiesta que lo extraño de la situación es que no se haya aplicado el mismo criterio para Martín. La Fiscalía expresa textualmente: "Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente. Desconocemos los razonamientos de una y de otra decisión, pero ciertamente causa perplejidad".
Esta aparente contradicción en el tratamiento judicial de dos personas que ocuparon cargos equivalentes ha levantado interrogantes sobre los fundamentos jurídicos que sustentan cada resolución. La Fiscalía insiste en que desconoce las motivaciones que llevaron al juez a adoptar posturas tan dispares en casos tan similares, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación uniforme de los criterios legales.
El magistrado instructor mantiene abierta la investigación contra Begoña Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, malversación e intrusismo. Esta última imputación surgió tras encargar un informe para esclarecer si la esposa del presidente cometió intrusismo al firmar pliegos de contratación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La trama judicial se centra en determinar si la asistente personal de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, realizó actividades que excedían sus funciones públicas para beneficiar los negocios privados de la esposa del presidente. Esta investigación ha puesto bajo el foco judicial a varios altos cargos del Gobierno que, según el juez, podrían haber tenido algún grado de responsabilidad en estas supuestas irregularidades.
La decisión de mantener la imputación para Francisco Martín, mientras se archivaba para Judit Alexandra González, ha generado un debate interno en el propio Ministerio Público. La Fiscalía considera que ambos casos presentan características idénticas en cuanto a su posición jerárquica, su relación con la asistente de Begoña Gómez y la ausencia de pruebas concluyentes sobre su presunta implicación en los hechos investigados.
Además de cuestionar esta dualidad de criterios, la Fiscalía ha presentado un recurso de apelación directo ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del 4 de noviembre. En ese auto, Peinado acotaba qué delitos imputaba a cada uno de los investigados y determinaba que el procedimiento seguiría su curso ante el tribunal del jurado.
En su recurso, el Ministerio Público también cuestiona otros aspectos procesales del auto judicial. Concretamente, la Fiscalía recuerda que la presencia de los investigados en las comparecencias donde se les informó de que el procedimiento seguiría por el tribunal del jurado no era necesaria. Asimismo, critica que el magistrado plasmara en su resolución la queja por la inasistencia de algunos investigados, o que señalara como un hito relevante que se acogieron a su derecho a no declarar o que respondieran únicamente a preguntas de sus letrados.
Para la Fiscalía, estos elementos constituyen simplemente el ejercicio legítimo de derechos fundamentales y no deberían ser destacados en la resolución judicial como circunstancias negativas o relevantes para la causa. Esta postura refuerza la percepción de que el Ministerio Público considera que el juez está aplicando criterios que no guardan la coherencia necesaria en un proceso judicial de esta envergadura.
La situación actual deja en una posición incómoda a Francisco Martín, quien continúa investigado por malversación mientras que su predecesora en el cargo quedó eximida de esa misma imputación. Esta diferencia de tratamiento, sin aparente justificación legal clara, podría afectar la percepción de imparcialidad del proceso y generar dudas sobre los fundamentos de las decisiones judiciales.
El caso Begoña Gómez continúa generando controversia no solo por los hechos investigados, sino también por las decisiones procesales que se están adoptando. La perplejidad de la Fiscalía refleja una preocupación institucional sobre la coherencia y uniformidad en la aplicación del derecho, especialmente cuando se trata de investigar a altos cargos del Estado y a personas cercanas al presidente del Gobierno.
La investigación sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios mantiene en vilo a la opinión pública y a los estamentos judiciales. La decisión del juez de mantener abierta la causa para algunos investigados mientras archiva para otros con idéntica situación fáctica y jurídica, ha abierto un nuevo frente de debate sobre los criterios que rigen este complejo procedimiento.
Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez continúa activa, presentando recursos y cuestionando las imputaciones que pesan sobre la esposa del presidente. La adhesión de la Fiscalía a alguno de estos recursos, como el relacionado con la imputación de la secretaria general de Presidencia, muestra que incluso desde la acusación pública existen dudas sobre la solidez de algunas de las líneas de investigación abiertas por el juez Peinado.
El futuro inmediato de esta causa pasará por la resolución del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. La decisión que adopte este tribunal sobre los criterios del juez instructor podría marcar un punto de inflexión en la investigación y determinar si se mantienen o se revisan las imputaciones contra los distintos investigados, especialmente la que afecta al delegado del Gobierno en Madrid.
La perplejidad expresada por la Fiscalía no es un mero gesto formal, sino una manifestación pública de discrepancia con la línea procesal seguida por el juez. Esta situación pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir en procesos judiciales de alta complejidad política y mediática, donde cada decisión es minuciosamente analizada y cuestionada por todas las partes involucradas.
El tiempo dirá si las dudas del Ministerio Público encuentran respuesta en las próximas resoluciones judiciales o si, por el contrario, la investigación continuará su curso manteniendo las diferencias de criterio que ahora generan tanta controversia. Lo que parece claro es que el caso Begoña Gómez seguirá siendo foco de atención y debate tanto en el ámbito judicial como en el político y mediático.