El debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones en España ha escalado hasta convertirse en una de las principales preocupaciones de la agenda pública. Los indicadores económicos revelan una tendencia preocupante: el gasto en prestaciones para jubilados ya absorbe aproximadamente el 30% del gasto público total, una cifra que seguirá creciendo de forma exponencial cuando la generación del baby boom alcance la edad de retiro masivamente.
La situación actual presenta un desequilibrio estructural que pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo. Desde hace años, las cotizaciones a la Seguridad Social no generan suficientes ingresos para cubrir las obligaciones con los pensionistas. Esta brecha se cubre mediante financiación externa: cerca de una cuarta parte del presupuesto proviene de impuestos generales y emisión de deuda pública, creando una carga creciente para las generaciones futuras.
Para contextualizar la magnitud del desafío, la reciente revalorización del 2,7% anunciada para 2026 supondrá un desembolso adicional de unos 5.400 millones de euros. Esta cifra supera el presupuesto anual de comunidades enteras como Cantabria o La Rioja, e incluso duplica la cantidad que distribuye el Ingreso Mínimo Vital cada año. El dato definitivo de inflación de noviembre confirma esta tendencia, lo que se traducirá en un incremento anual de casi 570 euros para una pensión media de jubilación y de 500 euros para la prestación media del sistema.
Ante este panorama, diversas voces expertas y de la sociedad civil han comenzado a alzar la voz. Una de las más destacadas es la de Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, quien ha decidido romper su silencio sobre un tema que, según reconoce, no pudo abordar con total libertad durante su etapa en la política institucional por razones electorales.
En una reciente intervención en el programa Espejo Público de Antena 3, Rivera expuso con contundencia su diagnóstico: "Si un jubilado medio cobra más que un trabajador medio, el sistema es insostenible e injusto". Esta afirmación resume lo que considera el núcleo del problema: un desajuste entre contribuciones y beneficios que penaliza a la población activa.
El expolítico catalán, ahora vinculado al sector privado, asegura tener "clarísimo" el camino a seguir. Su principal argumento gira en torno a la necesidad de un gran pacto de Estado que trascienda las divisiones ideológicas entre izquierda y derecha. Para Rivera, solo mediante un acuerdo nacional amplio será posible evitar "enterrar el futuro económico de los jóvenes".
La generación de jóvenes profesionales actual enfrenta una doble presión: por un lado, sostiene con sus cotizaciones un sistema que no garantiza su propio futuro; por otro, asume una deuda pública creciente derivada precisamente de ese déficit pensional. Rivera advierte que "se está comprometiendo el futuro pagando en la actualidad pensiones que muchos ni siquiera tenemos la expectativa de cobrar como las conocemos hoy".
La propuesta de solución que defiende el exlíder de Ciudadanos pasa por una reforma profunda del modelo. Aboga por un sistema mixto donde los ciudadanos puedan combinar la cotización obligatoria a la Seguridad Social con instrumentos privados de ahorro. Este modelo, similar al implementado en otros países europeos, permitiría diversificar el riesgo y reducir la presión sobre las arcas públicas.
Rivera ilustra su propuesta con su propia experiencia como autónomo, un colectivo particularmente afectado por las limitaciones del sistema actual. Los trabajadores por cuenta propia cotizan en función de su base de cotización elegida, pero sus prestaciones futuras no siempre reflejan su capacidad contributiva real. Un modelo flexible, según argumenta, permitiría a cada persona adaptar su plan de jubilación a sus circunstancias individuales.
El debate sobre la reforma del sistema de pensiones no es nuevo, pero adquiere una urgencia renovada ante el envejecimiento demográfico acelerado. La ratio de dependencia -número de pensionistas por cada trabajador activo- empeora cada año, mientras que la esperanza de vida continúa aumentando. Estos factores demográficos, combinados con un mercado laboral precarizado para las generaciones más jóvenes, crean un círculo vicioso difícil de romper.
Expertos en economía del envejecimiento coinciden en que el modelo de reparto puro, donde las cotizaciones actuales financian las pensiones presentes, necesita complementarse con capitalización individual. Sin embargo, la transición hacia un sistema mixto plantea desafíos técnicos y políticos significativos. Cualquier reforma debe garantizar las prestaciones actuales mientras construye un nuevo marco para el futuro, evitando así el temido efecto de doble generación.
La posición de Rivera refleja una creciente preocupación en el tejido empresarial y social español. La insostenibilidad del sistema ya no es una hipótesis lejana, sino una realidad cuantificable en los presupuestos generales del Estado. La necesidad de consenso político se vuelve imperativa, ya que las medidas parciales y los parches electorales han demostrado ser insuficientes.
El expolítico insiste en que el debate debe basarse en datos, no en slogans partidistas. La comparación entre ingresos de jubilados y trabajadores activos, por ejemplo, debe contextualizarse considerando la evolución salarial, la precariedad laboral y la diferencia entre medias y medianas. Sin embargo, la esencia de su argumento mantiene su validez: un sistema que no incentiva el ahorro individual y depende exclusivamente de la solidaridad intergeneracional acumula tensiones insostenibles.
La propuesta de pacto de Estado encuentra eco en diversos sectores, desde organizaciones empresariales hasta sindicatos moderados. La complejidad del desafío requiere soluciones integrales que aborden no solo el factor económico, sino también laboral y demográfico. Medidas como la prolongación de la vida laboral, el fomento de la natalidad o la mejora de la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo resultan complementarias a cualquier reforma estrictamente pensional.
Rivera concluye su reflexión con un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Considera que España no puede permitirse el lujo de posponer una decisión que afectará directamente a la calidad de vida de millones de ciudadanos en las próximas décadas. La alternativa, advierte, es un ajuste brusco e inevitable cuando el sistema colapse bajo su propio peso.
El tiempo juega en contra. Cada año que pasa sin una reforma estructural, la brecha financiera se agranda y el coste político de la transición aumenta. La generación del baby boom comenzará a jubilarse masivamente en los próximos cinco años, y con ella, el gasto público en pensiones alcanzará niveles históricos. La ventana de oportunidad para actuar de forma ordenada y consensuada se estrecha.
En definitiva, el debate sobre las pensiones en España ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un dilema de justicia generacional. Las palabras de Albert Rivera, lejos de ser una crítica puntual, reflejan una inquietud transversal en la sociedad española. La búsqueda de un equilibrio entre solidaridad y sostenibilidad definirá la política económica del país en los próximos años. La pregunta ya no es si reformar, sino cuándo y cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás.