La movilidad sostenible en España experimenta una corrección de rumbo significativa. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido modificar las reglas de acceso a los carriles VAO (Vehículos con Alta Ocupación), poniendo fin al privilegio que hasta ahora disfrutaban los coches eléctricos e híbridos enchufables cuando circulaban solos por estas vías reservadas. La medida, que afecta a toda la red nacional, tiene su epicentro en el controvertido carril Bus VAO de la A-6, la arteria que une Madrid con Las Rozas y que se ha convertido en un punto crítico de congestión.
El cambio normativo, publicado en la disposición 1255 del BOE del 20 de enero, establece un principio claro: los vehículos con etiquetas medioambientales «0 emisiones», «ECO», «C» o «B» solo podrán acceder a los carriles VAO cuando los paneles de mensaje variable lo autoricen expresamente. En ausencia de esta autorización, estos automóviles deberán integrarse en el flujo general de tráfico, independientemente de su etiqueta ecológica.
Este sistema de etiquetaje, implementado por la DGT en 2023, clasifica los vehículos según sus emisiones. La etiqueta «0 emisiones» corresponde a los eléctricos puros e híbridos enchufables con autonomía mínima, mientras que «ECO» incluye híbridos no enchufables y gas natural. Las etiquetas «C» y «B» abarcan vehículos de combustión interna más modernos y menos contaminantes. Hasta ahora, todas ellas gozaban de acceso preferente a carriles VAO.
La decisión no es caprichosa. Los datos que maneja el Centro Nacional de Gestión de Tráfico dibujan un escenario de saturación preocupante. Durante las horas punta, el carril VAO de la A-6 opera al límite de su capacidad. Las cifras son contundentes: en 2025, la intensidad media de tráfico ha crecido un 10% respecto a 2019 en la calzada principal, pero este incremento se dispara hasta el 22% en el carril VAO. La consecuencia lógica es un aumento exponencial de las retenciones, que han crecido un 20% en la calzada general y un abrumador 90% en el carril Bus VAO.
El Ministerio del Interior, responsable de la DGT, argumenta que la medida prioriza la alta ocupación sobre el tipo de propulsión. Esta decisión responde a demandas reiteradas de la ciudadanía y, especialmente, de las empresas de transporte público, que han elevado quejas formales ante el Defensor del Pueblo. El sector denuncia la pérdida de eficacia de estos carriles, que afecta directamente a la regularidad y puntualidad de los servicios, desincentivando el uso del transporte colectivo y perjudicando a miles de usuarios diarios.
La problemática es especialmente evidente en el tramo madrilenio de la A-6, donde el carril Bus VAO discurre paralelo a la calzada general. Los autobuses interurbanos, que deben mantener horarios estrictos, se veían atrapados en retenciones crecientes, minando la confianza de los usuarios en el transporte público como alternativa viable al vehículo privado.
Aunque la normativa entraría en vigor técnicamente el 29 de enero, ocho días hábiles después de su publicación oficial, las autoridades han anunciado que su aplicación será progresiva y adaptada a las necesidades específicas de cada carril VAO. Esta flexibilidad permite un periodo de transición para los conductores que adquirieron sus vehículos sostenibles precisamente por este beneficio, que ahora se ve mermado.
El impacto en los propietarios de coches eléctricos e híbridos enchufables será notable. Muchos de estos consumidores tomaron la decisión de compra basándose en ventajas como el acceso a carriles VAO, aparcamiento gratuito en zonas reguladas, o exenciones fiscales. La restricción supone un revés en el paquete de incentivos que había impulsado la electrificación del parque automovilístico español.
Expertos en movilidad como Ramón Ledesma, socio director de la consultora Impulso by Pons, señalan que 'las infraestructuras para vehículos de alta ocupación pierden sentido si no se garantiza su fluidez. La prioridad debe ser transportar más personas, no más vehículos, por unidad de espacio vial'. Esta perspectiva refuerza la postura de la DGT.
La medida plantea un debate fundamental sobre el equilibrio entre sostenibilidad y eficiencia del transporte. Mientras que las etiquetas medioambientales buscan reducir las emisiones contaminantes, los carriles VAO persiguen maximizar el número de personas transportadas por vehículo. La DGT ha optado por priorizar este segundo objetivo, considerando que la saturación estaba desvirtuando la finalidad original de estas infraestructuras.
Para los conductores afectados, la recomendación es prestar atención constante a los paneles variables en las entradas de los carriles VAO. Estos indicarán cuándo está permitido el acceso para vehículos con etiqueta, similar al sistema actual que autoriza el uso general en periodos de alta demanda, como las tardes de viernes o domingos para facilitar los desplazamientos masivos.
La decisión marca un punto de inflexión en las políticas de movilidad urbana. España había sido pionera en Europa al conceder privilegios amplios a vehículos sostenibles, pero ahora modula estos beneficios ante la evidencia de la saturación. El reto consiste en encontrar el equilibrio entre fomentar la electrificación y garantizar la fluidez del transporte público.
En el corto plazo, se espera una reducción significativa del tráfico en los carriles VAO, lo que debería mejorar la puntualidad de los autobuses y restablecer la confianza en el transporte colectivo. A largo plazo, la medida podría influir en las decisiones de compra futuras, especialmente para aquellos usuarios que valoraban el acceso a estas vías como factor determinante.
La experiencia internacional ofrece precedentes. Ciudades como Londres o Estocolmo han implementado sistemas similares, donde los incentivos a vehículos sostenibles coexisten con restricciones de acceso en función de la demanda. La diferencia radica en que España ha optado por una regulación más centralizada, aplicada de forma uniforme pero con flexibilidad operativa.
El éxito de esta política dependerá de varios factores: la claridad en la señalización, la coherencia en su aplicación progresiva y la capacidad de los ciudadanos para adaptarse a una nueva lógica de movilidad. La DGT ha tomado una decisión basada en datos objetivos, pero su implementación requerirá una comunicación efectiva para evitar confusiones y multas innecesarias.
En última instancia, la medida refleja una madurez en la gestión de la movilidad urbana. Reconocer que los incentivos pueden generar efectos no deseados, como la saturación, y corregir el rumbo demuestra una capacidad de adaptación a la realidad cambiante. La movilidad del siglo XXI exige soluciones complejas que equilibren múltiples objetivos: reducir emisiones, optimizar el espacio público y garantizar la eficiencia del transporte colectivo.
Los conductores de vehículos sostenibles deberán replantearse sus rutinas. El carril VAO ya no será una opción automática, sino una excepción controlada. Para el transporte público, esta medida representa una oportunidad para recuperar competitividad y atractivo. Para la sociedad en general, es un paso hacia una movilidad más racional, donde la eficiencia y la sostenibilidad deben complementarse, no excluirse.
La lección es clara: los incentivos a la movilidad sostenible deben diseñarse con mecanismos de ajuste que eviten la saturación. La DGT ha demostrado voluntad de actuar con base en evidencias, aunque ello implique modificar beneficios previamente concedidos. El futuro de la movilidad urbana exige precisamente esta capacidad de adaptación continua.