La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha iniciado un ambicioso proceso de negociación para reformar el sistema de financiación autonómica en España. Su estrategia se basa en el diálogo con todos los partidos políticos, buscando evitar los errores del pasado cuando las reformas se gestaban en despachos cerrados y generaban acusaciones de falta de transparencia.
El contexto histórico de esta reforma es complejo. En 2001, el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó el modelo de Aznar como "un modelo impuesto y poco solidario", acusando al presidente de pactar exclusivamente con los nacionalistas catalanes de Jordi Pujol para asegurar su permanencia en La Moncloa. Estas críticas, que entonces sonaban a retórica de oposición, reflejaban una tensión estructural que persiste hasta hoy.
Los barones socialistas de la época, como Manuel Chaves en Andalucía y Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura, no dudaron en calificar aquel sistema de "atentado a la solidaridad" que creaba "españoles de primera y de segunda". Estas expresiones, que hoy podrían parecer moderadas comparadas con el lenguaje político actual, reflejaban un malestar territorial que trasciende ideologías.
El núcleo del debate siempre ha sido la tensión entre solidaridad interterritorial y corresponsabilidad fiscal. Por un lado, las comunidades con menor capacidad recaudatoria demandan un reparto equitativo que garantice servicios públicos homogéneos. Por el otro, las regiones más ricas reclaman mayor autonomía para gestionar sus propios recursos y reducir su carga impositiva.
El modelo de 2001 otorgó a las autonomías el 33% del IRPF y el 35% del IVA, incrementando su margen de maniobra. El PP argumentó que esto fomentaría la eficiencia y permitiría reducir impuestos a quienes gestionaran bien sus finanzas. El PSOE, en cambio, vio en ello un agravamiento de las desigualdades entre territorios ricos y pobres.
Montero ahora enfrenta el mismo dilema, pero con una estrategia diferente. En lugar de negociaciones bilaterales, ha convocado a todas las formaciones a la mesa. Acompañada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la ministra busca construir un consenso amplio que dé estabilidad al sistema y evite que cada cambio de gobierno suponga una nueva reforma a medida de las mayorías parlamentarias.
El desafío es monumental. Los nacionalismos periféricos, especialmente el catalán y el vasco, siempre han utilizado su influencia parlamentaria como palanca para obtener ventajas fiscales. Esto refuerza el prejuicio de que quien parte y reparte se lleva la mejor parte, una percepción difícil de combatir cuando la transparencia brilla por su ausencia.
Por eso, la apuesta de Montero por la transparencia y el diálogo abierto es su as en la manga. Si consigue que todos los actores se sientan escuchados, podría desactivar las críticas antes de que surjan. Sin embargo, la historia muestra que cuando se toca el reparto de recursos, los intereses particulares suelen imponerse al bien común.
La negociación también debe lidiar con la asimetría territorial. Comunidades como Madrid, Cataluña o el País Vasco aportan más de lo que reciben, mientras que otras dependen netamente de la solidaridad estatal. Este desequilibrio genera resentimientos que explotan fácilmente en el debate político.
Además, la ministra debe equilibrar las demandas de sus propios barones territoriales. Los presidentes socialistas de comunidades menos favorecidas exigen garantías de que la solidaridad no se diluirá, mientras que los líderes en territorios ricos presionan para mantener su autonomía fiscal.
La clave probablemente esté en la flexibilidad. Un sistema demasiado rígido fracasará, pero uno excesivamente permisivo generará inestabilidad. Montero propone un modelo mixto que combine una asignación básica garantizada con incentivos a la eficiencia fiscal, premiando a quienes gestionen mejor sus recursos sin abandonar a las regiones más débiles.
La experiencia internacional ofrece lecciones. Alemania equilibra solidaridad y autonomía mediante mecanismos de compensación complejos. Canadá permite a las provincias recaudar impuestos propios mientras mantiene transferencias federales. España necesita encontrar su propio camino, adaptado a su realidad territorial y política.
El reloj corre en contra. La actualización del sistema se demora desde 2014, y las tensiones territoriales crecen. Cada año de retraso agrava los desequilibrios y refuerza los discursos identitarios que culpan al sistema de todos los males. Montero sabe que el tiempo es su peor enemigo.
Si la ministra logra cerrar un acuerdo antes de las próximas elecciones generales, habrá marcado un hito. Si fracasa, se sumará a la larga lista de políticos que intentaron reformar la financiación autonómica y sucumbieron ante su complejidad. Su legado depende de convertir el diálogo en resultados tangibles.
La ciudadanía, al final, lo que demanda es equidad y transparencia. Que un andaluz o un extremeño tengan acceso a las mismas oportunidades que un madrileño o un catalán, sin que esto signifique castigar a nadie por su éxito económico. Es el sueño de una España equilibrada, donde la solidaridad no sea una carga sino un orgullo compartido.
Montero tiene la oportunidad de demostrar que la política del consenso puede funcionar. Su as en la manga no es un truco oculto, sino la audacia de la transparencia en un terreno donde siempre ha reinado el oscurantismo. El éxito o fracaso de esta reforma definirá no solo su carrera, sino la cohesión territorial de España en las próximas décadas.