En España existe un acuerdo generalizado sobre la urgencia de modificar el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas. La diferencia entre la región que actualmente recibe un trato más favorable, Cantabria, y la que peor situación tiene, Murcia, alcanza un 31%, una cifra que la mayoría considera inaceptable. Sin embargo, la solución planteada por el Ejecutivo central, lejos de resolver estas disparidades, introduce nuevas distorsiones que justifica apelando al principio de ordinalidad.
Esta doctrina, en teoría, defiende que las regiones más ricas continúen contribuyendo al sostenimiento del resto del territorio, pero en una proporción menor. Aunque esta postura podría interpretarse como una merma en la redistribución de la riqueza, cuenta con el respaldo de ciertos economistas. El verdadero escándalo, no obstante, surge de la negativa del Ministerio de Hacienda a hacer públicos los detalles exactos de cómo quedaría cada territorio en términos de financiación por habitante.
Esta falta de transparencia ha encendido las alarmas, especialmente porque todo apunta a que algunas comunidades del arco mediterráneo, particularmente Cataluña, obtendrían un trato excepcionalmente ventajoso. Los especialistas en esta materia consultados por la prensa especializada ponen en duda que el sistema realmente se ajuste al principio de ordinalidad que predica.
El ejemplo más claro de esta contradicción es la Comunidad de Madrid, que registra la mayor capacidad recaudatoria de todo el país y, por lógica, debería ser la primera beneficiaria en la distribución. La vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que Madrid quedaría como la segunda región en recepción de fondos, pero los análisis independientes sugieren que podría situarse incluso por debajo de la media estatal.
El mecanismo diseñado por Hacienda incorpora una etapa de corrección de desequilibrios, con transferencias tanto horizontales (entre comunidades) como verticales (desde el Estado central hacia las regiones deficitarias). Pero este proceso se ve alterado por una fase posterior en la que el Gobierno concede premios adicionales a territorios específicos, modificando así el reparto inicial.
Este componente discrecional parece garantizar que Cataluña cumpla con el principio de ordinalidad: ocupa el tercer lugar en aportación per cápita y, curiosamente, también en recepción. Sin embargo, Madrid, que es la primera en contribuciones, se precipitaría por debajo de la media en lo que respecta a la financiación recibida. Los números elaborados por Miguel Ángel García, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, y Santiago Calvo, doctor en Economía y profesor de la Universidad de las Hespérides, coinciden en esta previsión. Según sus proyecciones, Madrid recibiría un 2% menos que la media nacional.
Estas estimaciones, eso sí, podrían experimentar ligeras variaciones porque el Ministerio no ha desvelado toda la información requerida para precisar las cuentas. No obstante, los parámetros de distribución, especialmente los relacionados con el cálculo de población ajustada, no contemplan alteraciones tan significativas como para modificar sustancialmente estas conclusiones.
Resulta muy difícil que la introducción de nuevas variables modifique de forma drástica este resultado, señala García. La razón es que Cataluña y Madrid presentan perfiles demográficos muy similares: tanto en volumen de habitantes como en estructura de edad, dispersión territorial e incluso estudiantes desplazados desde otras regiones. Con el sistema vigente, la población ponderada de Madrid asciende a 6,6 millones, mientras que la de Cataluña llega a 7,7 millones. Por tanto, para preservar el equilibrio entre ambas comunidades, la única forma de que Cataluña se sitúe por encima de Madrid en la clasificación de recepción de fondos es mediante ajustes políticos que no responden a criterios objetivos.
La polémica se intensifica cuando se analiza el concepto de solidaridad interterritorial. Tradicionalmente, las regiones más prósperas han aceptado transferir recursos a las menos desarrolladas como mecanismo de cohesión nacional. Sin embargo, la propuesta actual parece introducir distorsiones que premian no solo la necesidad, sino también factores políticos.
El caso de Cantabria, que actualmente lidera el ranking de financiación per cápita, ilustra las anomalías del sistema. Esta comunidad, con una capacidad fiscal inferior a la de Madrid o Cataluña, recibe un trato preferente que no se explica únicamente por sus necesidades de gasto. La nueva formulación mantendría estas ventajas para algunas regiones mientras introduce nuevas discriminaciones.
Los territorios perjudicados, más allá de Madrid, incluyen a otras comunidades con capacidad fiscal media que verían reducida su participación relativa. La región de Murcia, actualmente en la cola del reparto, podría no experimentar una mejora sustancial, perpetuando así su situación de desventaja estructural.
El debate técnico se centra en la definición de población ajustada. Este indicador, que considera factores como la dispersión geográfica, la edad media y las necesidades educativas, determina en gran medida la cuantía final que recibe cada territorio. Sin embargo, los expertos advierten que los pesos asignados a cada variable pueden manipularse para favorecer unos perfiles sobre otros.
La postura del Gobierno defiende que cualquier reforma debe pasar por el principio de ordinalidad como garantía de progresividad. La idea es que nadie pierda en términos absolutos, pero que las diferencias relativas se atenúen. El problema es que esta atenuación no se está aplicando de forma homogénea.
Mientras tanto, las comunidades autónomas presionan para conocer los detalles exactos. La Conferencia de Presidentes se ha convertido en un campo de batalla donde cada territorio defiende sus intereses. La ausencia de datos oficiales alimenta el recelo y dificulta el diálogo.
Los economistas advierten que una financiación basada en criterios políticos, más que técnicos, genera inestabilidad y desconfianza. Si las reglas del juego cambian según conveniencias, el sistema pierde legitimidad y eficiencia. La transparencia se convierte así en un elemento indispensable para que la reforma sea aceptada.
La ministra Montero insiste en que la propuesta es equitativa y que respeta la Constitución. Sin embargo, su resistencia a publicar las cifras completas contradice este discurso. En democracia, especialmente en asuntos que afectan a la distribución de miles de millones de euros, la opacidad es la peor consejera.
El tiempo apremia. El actual sistema, prorrogado desde 2014, está agotado. Pero una mala reforma puede ser peor que la ausencia de ella. Los territorios necesitan previsibilidad para planificar sus presupuestos y políticas públicas. La incertidumbre actual paraliza inversiones y genera tensión institucional.
En definitiva, la reforma de la financiación autonómica no es solo un tema técnico, sino un debate sobre el modelo de país. La aplicación selectiva del principio de ordinalidad, la opacidad en los datos y los evidentes sesgos territoriales ponen en cuestión la equidad del sistema. Hasta que el Ministerio no desvele todos los números, las sospechas de favoritismo político continuarán creciendo.