El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha protagonizado este viernes una de las intervenciones más destacadas en la cumbre convocada por Donald Trump en la Casa Blanca para definir el futuro energético de Venezuela. El máximo ejecutivo de la petrolera española ha trasladado al presidente estadounidense la firme intención de la compañía de expandir significativamente su presencia en el país latinoamericano, siempre que se materialicen las condiciones adecuadas.
Durante su intervención, Imaz ha dejado clara la hoja de ruta de Repsol: prepararse para multiplicar por tres su producción de crudo en Venezuela en los próximos dos o tres años. Este ambicioso objetivo elevaría la extracción diaria de la empresa a aproximadamente 140.000 barriles, casi el triple de los 67.000 registrados durante el ejercicio 2024.
El anuncio no ha sido gratuito. El directivo ha condicionado esta expansión a la existencia de un marco estable que ofrezca garantías políticas, legales y fiscales sólidas, elementos que actualmente brilla por su ausencia en la nación caribeña. Esta cautela refleja la experiencia acumulada por la compañía, que mantiene activos bloqueados por valor de millones de euros.
**El dilema de las deudas venezolanas**
Uno de los principales escollos para Repsol en Venezuela son los créditos pendientes de cobro por parte del régimen de Caracas. Según los últimos informes trimestrales de la empresa, la exposición patrimonial en la región supera los 330 millones de euros, aunque la cifra más preocupante radica en los aproximadamente 900 millones que el Estado venezolano adeuda a la petrolera española.
De esta deuda, Repsol ya ha provisionado 536 millones, reconociendo así el riesgo de impago, mientras que mantiene pendientes de recuperar otros 359 millones. Esta situación ha generado un escenario complejo donde la compañía debe balancear su interés por incrementar la producción con la necesidad de asegurar el cobro de cantidades ya facturadas.
El consejero delegado ha aprovechado su presencia en Washington para recordar que Repsol ha invertido más de 21.000 millones de dólares en territorio estadounidense desde 2008, un mensaje claramente dirigido a ganarse la confianza de la administración Trump y mostrar el compromiso de la empresa con la economía norteamericana.
**Operaciones actuales y marco regulatorio**
Actualmente, Repsol desarrolla su actividad en Venezuela a través de dos joint ventures estratégicos. Por un lado, participa con un 40% en Petroquiriquire, sociedad conjunta con la estatal PDVSA. Por otro, controla el 50% de Cardón IV, proyecto compartido con la italiana Eni centrado en la producción y comercialización de gas natural en el Golfo de Venezuela.
Durante el pasado año, la producción neta de crudo de Repsol en la región alcanzó los 67.000 barriles diarios, superando en 5.000 unidades los datos de 2023. Sin embargo, esta cifra no refleja la totalidad del potencial de la compañía, ya que las operaciones están sujetas a licencias específicas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que regulan las transacciones con el régimen venezolano.
Estas autorizaciones, que permiten a la empresa mantener su actividad tras la expiración de permisos anteriores, representan una pieza clave en la estrategia de Repsol. La revocación de licencias previas ha generado incertidumbre en el sector, haciendo aún más crucial la obtención de garantías claras antes de comprometer nuevas inversiones.
**El contexto geopolítico de la reunión**
La cumbre de la Casa Blanca ha congregado a los principales actores del sector energético global. Junto a Repsol, han participado representantes de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, así como de compañías de servicios como Halliburton y traders internacionales como Trafigura y Vitol Americas.
La presencia de Eni, la compañía italiana que comparte con Repsol el proyecto Cardón IV, subraya la importancia de las alianzas estratégicas en la región. Este proyecto conjunto no solo produce gas, sino que garantiza la estabilidad de aproximadamente la mitad del suministro eléctrico venezolano, convirtiéndose en un activo crítico para la recuperación energética del país.
La administración Trump ejerce presión sobre estas corporaciones para que incrementen su inversión en Venezuela, reconociendo el potencial de las mayores reservas petroleras probadas del mundo. Sin embargo, las empresas mantienen una postura unificada: cualquier compromiso adicional requiere un marco institucional que proteja sus intereses y garantice la rentabilidad a largo plazo.
**Desafíos y oportunidades en el horizonte**
Para Repsol, Venezuela representa simultáneamente un reto y una oportunidad estratégica. La posibilidad de triplicar su producción se alinea con el objetivo de diversificar fuentes de suministro y aprovechar activos subexplotados. No obstante, la experiencia reciente ha demostrado que la volatilidad política y el incumplimiento de pagos pueden anular rápidamente las proyecciones optimistas.
El ejecutivo español ha enfatizado que la compañía está preparada para actuar de inmediato, pero necesita señales concretas del nuevo gobierno venezolano. Estas incluirían no solo el pago de deudas históricas, sino también la implementación de reformas legales que faciliten la repatriación de dividendos y la protección de la propiedad privada.
La transición política en Venezuela ha abierto una ventana de oportunidad que tanto Washington como las petroleras multinacionales están intentando aprovechar. Para Repsol, cuya presencia en el país se remonta a décadas, este momento representa la posibilidad de recuperar el terreno perdido y reforzar su posición competitiva en la región.
**El mensaje a los inversores**
La declaración de intenciones de Imaz en la Casa Blanca envía una señal clara al mercado: Repsol está dispuesta a escalar operaciones, pero con cautela. La referencia explícita a las "circunstancias necesarias" actúa como un mecanismo de protección ante accionarios y reguladores, estableciendo límites claros a la exposición de riesgo.
Además, el énfasis en las inversiones estadounidenses busca posicionar a Repsol como un aliado comercial fiable para la administración Trump, potencialmente facilitando el acceso a licencias y acuerdos bilaterales. Esta diplomacia corporativa resulta esencial en un contexto donde las decisiones políticas tienen impacto directo en la rentabilidad de los proyectos energéticos.
**Perspectivas de futuro**
La hoja de ruta trazada por Repsol contempla un horizonte de dos a tres años para materializar el incremento productivo. Este plazo permite a la compañía evaluar la evolución del panorama político venezolano y la coherencia de las políticas del nuevo gobierno con las expectativas del sector privado.
El éxito de esta estrategia dependerá de factores múltiples: la capacidad de Caracas para normalizar sus relaciones comerciales, la continuidad de las licencias otorgadas por Washington, y la estabilidad macroeconómica de Venezuela. Mientras tanto, Repsol mantiene una postura de optimismo cauteloso, lista para capitalizar oportunidades pero sin comprometer recursos adicionales sin las debidas salvaguardas.
La reunión en la Casa Blanca marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes petroleras y Venezuela. Con Repsol en primera línea, el sector transmite un mensaje unificado: el potencial existe, pero requiere un marco de certidumbre que hoy permanece en construcción. La decisión final, como ha dejado claro Imaz, dependerá de que las promesas políticas se traduzcan en hechos concretos y garantías jurídicas sólidas.