El Gobierno venezolano ha procedido este jueves a la excarcelación de un grupo considerable de personas privadas de libertad, una medida que incluye a seis ciudadanos españoles cuyos casos han mantenido en vilo a la diplomacia ibérica durante meses. La noticia, confirmada por fuentes oficiales y avanzada en exclusiva por LaSexta, representa un hito en las complejas relaciones bilaterales entre España y Venezuela.
Los excarcelados responden a los nombres de José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel. Cada uno de ellos enfrentó acusaciones diversas por parte de las autoridades chavistas, que el Ejecutivo español ha calificado consistentemente de infundadas y políticamente motivadas. La liberación llega tras intensas gestiones diplomáticas que han incluido gestiones de alto nivel e intervención directa del presidente Pedro Sánchez.
El caso más mediático ha sido sin duda el de los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, quienes permanecieron recluidos durante aproximadamente 500 días en instalaciones penitenciarias venezolanas. Las autoridades de Caracas los acusaron de formar parte de una presunta célula de espionaje del CNI español con objetivos que, según el régimen, incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Esta versión, calificada por el propio Maduro como una operación de "turismo terrorista", fue desmentida categóricamente por el Gobierno de España desde el primer momento.
La detención de Basoa y Martínez se produjo en septiembre de 2023, según las fuentes consultadas, aunque las autoridades venezolanas nunca proporcionaron detalles claros sobre su paradero exacto durante su cautiverio. Se estima que fueron recluidos en un centro penitenciario para extranjeros en Caracas, conocido por sus condiciones precarias y el aislamiento de sus internos. Durante su confinamiento, ambos permanecieron incomunicados, sin acceso regular a asistencia consular ni a un proceso judicial transparente.
El último rastro visual confirmado de ambos ciudadanos data del 2 de septiembre de 2023, cuando fueron captados por una cámara de seguridad en territorio colombiano, muy cerca de la frontera con Venezuela. Desde entonces, sus familiares mantuvieron una incansable campaña de visibilización que incluyó reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y con el propio presidente Sánchez, quienes intercedieron personalmente por su causa.
El tercer liberado, Miguel Moreno, enfrentó acusaciones relacionadas con supuestas actividades de prospección petrolera ilegal. Aunque los detalles del caso nunca fueron completamente esclarecidos por las autoridades venezolanas, su detención se enmarcó en la creciente suspicacia del régimen hacia actividades económicas de extranjeros en el sector energético, estratégico para la economía del país caribeño.
El cuarto caso corresponde a Ernesto Gorbe, cuya situación resultó particularmente surrealista. Este ciudadano español fue detenido por presuntamente poseer un visado caducado, una infracción administrativa que en ningún sistema jurídico democrático justifica la prisión preventiva prolongada. Su detención evidenció el uso arbitrario del sistema legal venezolano contra nacionales españoles.
El quinto nombre en la lista es Rocío San Miguel, acusada de conspiración contra el Estado venezolano. Su caso se sumó a la larga lista de detenciones de personas consideradas disidentes o críticas del régimen, una práctica que organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado reiteradamente como herramienta de represión política.
Finalmente, Sofía Sahagún permanecía encarcelada bajo la grave acusación de terrorismo, cargo que el Gobierno español también desestimó como infundado. Aunque inicialmente se especuló con que su liberación podría demorarse, finalmente ha sido incluida en el grupo de excarcelados.
La liberación de estos ciudadanos no ha sido un acto aislado, sino el resultado de una estrategia diplomática sostenida por parte del Gobierno de España. Durante los últimos meses, el ministro Albares ha mantenido contactos constantes con sus homólogos venezolanos, mientras que el presidente Sánchez ha elevado el perfil del asunto en foros internacionales. La presión diplomática se combinó con la movilización de las familias, que lograron mantener la atención mediática sobre casos que, de otro modo, podrían haber quedado en el olvido.
Las condiciones de detención de los españoles han sido motivo de preocupación para organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han documentado el deterioro del sistema penitenciario venezolano. Las prisiones para extranjeros en Caracas, donde se presume estuvieron recluidos Basoa y Martínez, están marcadas por el hacinamiento, la escasez de alimentos y la ausencia de atención médica adecuada. La incomunicación a la que fueron sometidos vulneró principios básicos del derecho internacional, incluido el acceso a asistencia consular.
El contexto de estas liberaciones se enmarca en un momento de relajamiento parcial de la tensión diplomática entre España y Venezuela. Aunque Madrid nunca reconoció la legitimidad del segundo mandato de Maduro, ha mantenido canales de comunicación abiertos para proteger los intereses de los ciudadanos españoles. Esta operación humanitaria podría abrir la puerta a futuros entendimientos, aunque las diferencias ideológicas y políticas entre ambos gobiernos siguen siendo profundas.
La reacción del Gobierno español ha sido de cauta satisfacción. En declaraciones a la prensa, el ministro Albares ha agradecido la colaboración de las autoridades venezolanas al tiempo que ha reiterado el compromiso de España con la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el exterior. No obstante, ha evitado calificar la liberación como un gesto político, preferiendo enmarcarla en el ámbito de la cooperación consular.
Para las familias de los liberados, este jueves marca el fin de una pesadilla que duró meses de incertidumbre, temor y lucha incansable. Las redes de apoyo que crearon, con la asistencia de asociaciones de derechos humanos y la comunidad española en Venezuela, fueron fundamentales para mantener vivo el interés por sus casos. Muchas de ellas ya se preparan para el regreso de sus seres queridos, aunque el proceso de reintegración tras un trauma de esta magnitud promete ser complejo.
El caso de los seis españoles en Venezuela no es único. En los últimos años, varios ciudadanos de nacionalidades diferentes han sido detenidos en el país caribeño bajo acusaciones que, según observadores internacionales, responden más a necesidades de propaganda política que a delitos reales. La liberación masiva de este jueves, que incluye también a venezolanos y otros extranjeros, sugiere que el régimen busca desescalar algunos de los conflictos diplomáticos que ha acumulado.
Desde una perspectiva jurídica, estas detenciones han sido cuestionadas por violar garantías procesales básicas. La falta de transparencia en las investigaciones, la negativa a permitir el acceso de abogados y diplomáticos, y la utilización de confesiones obtenidas bajo presión son prácticas que han sido denunciadas por la ONU y otros organismos internacionales. La liberación de los españoles, por tanto, no cierra el debate sobre el estado de derecho en Venezuela, pero sí representa un alivio humanitario concreto.
La operación de este jueves también pone de manifiesto la importancia de la diplomacia discreta en situaciones de crisis. Aunque los detalles de las negociaciones no han trascendido, es evidente que los canales bilaterales funcionaron cuando otros medios de presión pública fracasaron. Esta lección podría ser valiosa para futuras crisis consulares en contextos políticamente sensibles.
Mientras los seis españoles inician su viaje de regreso a casa, la comunidad internacional observa con atención. La liberación de presos políticos y de casos diplomáticamente sensibles es a menudo el primer paso hacia la normalización de relaciones, aunque en el caso venezolano los obstáculos siguen siendo considerables. La crisis económica, la represión política y la masiva emigración continúan definiendo la realidad del país.
Para España, el éxito de esta operación refuerza su credibilidad en la protección de sus ciudadanos en el extranjero. En un mundo cada vez más inestable, la capacidad de un gobierno para gestionar crisis de este tipo se convierte en un indicador de su peso diplomático. La intervención directa del presidente y del ministro de Exteriores ha sido crucial, demostrando que la diplomacia de alto nivel sigue siendo efectiva cuando se aplica con determinación.
El regreso de los seis españoles será recibido con alivio por la sociedad española, pero también debe servir como recordatorio de los riesgos que corren los ciudadanos en contextos autoritarios. Las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores han sido actualizadas en numerosas ocasiones para reflejar la creciente inseguridad en Venezuela, y este caso probablemente lleve a una revisión adicional de las advertencias a los viajeros.
En definitiva, la liberación de José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel representa una victoria diplomática para España y un final feliz para familias que vivieron meses de angustia. Sin embargo, también deja preguntas sobre el futuro de las relaciones con Venezuela y sobre los cientos de personas que siguen privadas de libertad por motivos políticos en el país caribeño. La justicia, en este caso, ha sido parcial e incompleta, pero para estos seis españoles, al menos, la pesadilla ha terminado.