El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está diseñando una estrategia integral para reforzar la posición del ejecutivo catalán en el debate sobre la inmigración, uno de los temas que han marcado la agenda política durante la presente legislatura. Conscientes de que formaciones como Junts y Aliança Catalana han situado esta cuestión en el centro de su discurso, desde el gobierno se trabaja en una respuesta que combine rigor jurídico, propuestas concretas y una visión de largo plazo.
La iniciativa se articula a través del Institut d'Estudis d'Autogovern, un organismo adscrito a la conselleria de Presidencia que dirige Albert Dalmau. Este centro ha encargado una serie de análisis que buscan delimitar con precisión el margen de maniobra que posee la Generalitat dentro del actual marco legal español. El objetivo es claro: identificar vías de actuación que permitan a Cataluña desarrollar políticas propias sin entrar en conflicto con las competencias estatales.
Los resultados de esta investigación se han materializado en el número 42 de la Revista Estudios Autonómicos y Federales, que dedica su edición de diciembre exclusivamente al análisis de la cuestión migratoria. En sus páginas se examinan desde la capacidad de la administración catalana para expandir su marco competencial hasta experiencias comparadas con otras comunidades autónomas como Euskadi o Andalucía, que ya han desarrollado modelos propios en esta materia.
Uno de los artículos más destacados, firmado por el catedrático de Derecho Constitucional José María Porras Ramírez, lleva por título "El reparto de competencias en materia de inmigración y extranjería en el Estado autonómico: un proceso inacabado". En él, el experto sostiene que la situación legal actual "no se puede considerar agotada ni definitiva", argumentando que la realidad social exige una adaptación constante a nuevas demandas, tanto de profundización en el autogobierno como de mejora en la eficiencia administrativa.
Entre las propuestas que se barajan en estos estudios figura la creación de un registro o censo previo de trabajadores en situación irregular. Esta medida, defendida por Ferran Camas, catedrático de Derecho Laboral, permitiría a estas personas acceder a programas de formación profesional que mejoren su empleabilidad. La idea busca conciliar el control con la integración, ofreciendo una vía para que quienes ya están en el territorio puedan regularizar su situación a través de la cualificación laboral.
Otra de las iniciativas que cobra fuerza es la constitución de una Agencia Catalana de Migraciones. Markus González Beilfuss, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, aboga por esta estructura en su contribución a la revista. Según el experto, esta agencia "hace quince años que está formalmente adscrita a algún departamento de la Generalitat sin que se haya puesto en marcha", lo que revela una oportunidad perdida durante las últimas décadas. González Beilfuss considera "imprescindible reforzar la estructura administrativa" al servicio de políticas cada vez más transversales y relevantes para la sociedad catalana.
El análisis comparado con otras regiones españolas resulta especialmente revelador. Tanto el País Vasco como Andalucía han desarrollado instrumentos propios que les han permitido ejercer un liderazgo en este ámbito, aunque dentro de las limitaciones competenciales. Cataluña, con mayor peso demográfico y económico, podría aspirar a un rol similar o superior si se dotara de las herramientas adecuadas.
La estrategia de Illa no se limita al ámbito técnico. Desde el gobierno se entiende que la confrontación directa con Junts y Aliança Catalana en el terreno parlamentario, liderada por la consellera Silvia Orriols, debe ir acompañada de una propuesta alternativa sólida. No basta con criticar las posturas de los partidos independentistas y de extrema derecha; es necesario ofrecer un modelo propio que responda a las preocupaciones ciudadanas sin caer en el populismo.
Este enfoque dual —teórico y político— busca desmontar los argumentos de la oposición desde la racionalidad. Mientras Junts y Aliança centran su discurso en la restricción y el control, Illa apuesta por una gestión integral que combine seguridad con integración, competencias con solidaridad. La clave está en demostrar que la Generalitat puede actuar de manera efectiva sin necesidad de esperar a que el gobierno central asuma todas las responsabilidades.
Los estudios también incluyen críticas implícitas a las propuestas de los partidos contrarios. Algunos autores sugieren que no siempre se necesitan más competencias, sino una mejor ejecución de las existentes. Esta lectura cuestiona la retórica de quienes demandan más poder para Cataluña sin haber agotado las vías actuales, un argumento que el gobierno podría utilizar para desactivar las críticas de Junts.
La dimensión jurídica resulta fundamental. El Estado autonómico español distribuye las competencias en extranjería de forma clara a favor del gobierno central, pero deja espacios de colaboración y gestión compartida que las comunidades pueden explotar. La integración social, la formación laboral o la coordinación de servicios locales son ámbitos donde Cataluña podría ampliar su protagonismo sin necesidad de reformas legales complejas.
El reto para Illa es convertir estos análisis académicos en políticas públicas ejecutables. La creación de la agencia, el desarrollo del censo y la mejora de la coordinación interdepartamental requieren voluntad política, recursos presupuestarios y consenso social. En un contexto de gobierno de coalición con ERC, el presidente debe también negociar internamente para asegurar el apoyo a estas medidas.
La jugada estratégica es ambiciosa. Si Illa consolida una alternativa propia en materia migratoria, no solo desactivará a sus rivales políticos, sino que también reforzará el papel de la Generalitat como administración capaz de gestionar problemas complejos. En última instancia, se trata de recuperar la iniciativa en un debate que hasta ahora había estado monopolizado por posturas maximalistas.
El tiempo juega a favor y en contra. La presión social por una gestión efectiva de la inmigración crece, pero las soluciones institucionales requieren procesos lentos. Illa apuesta por la resistencia y la planificación, mientras sus adversarios se benefician del discurso rápido y simplista. La batalla será larga, pero el presidente catalán ha decidido que la mejor defensa es una buena ofensiva bien documentada.