El año 2025 ha quedado marcado en el sector financiero europeo por una serie de operaciones corporativas que, lejos de concretarse, han terminado en fracaso. El caso más emblemático ha sido sin duda la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, una maniobra inédita en la banca española desde los años ochenta que ha puesto de manifiesto la creciente resistencia de los gobiernos nacionales ante las concentraciones bancarias.
La operación del BBVA, que buscaba absorber a una entidad de menor tamaño pero con fuerte arraigo nacional, chocó desde el primer momento con la oposición del Ejecutivo español. Esta intervención no se limitó a manifestaciones de desaprobación, sino que se tradujo en la imposición de condiciones adicionales a las ya establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El requisito más controvertido exigía mantener la independencia societaria y de decisión de ambas entidades durante un periodo mínimo de tres años, prorrogable a cinco. Esta cláusula, interpretada por el BBVA como un obstáculo legal, fue contestada en los tribunales, pero finalmente prevaleció.
La complejidad del proceso fue tal que la dirección del BBVA llegó a plantearse seriamente retirar la oferta en varios momentos. Sin embargo, el presidente Carlos Torres optó por mantener la opa hasta su conclusión. El resultado final no pudo ser más desalentador para la entidad vasca: solo consiguieron la aceptación del 25% del capital del Sabadell, muy lejos del umbral necesario para garantizar el éxito de la operación.
Un factor decisivo en este fracaso fueron las expectativas generadas entre los inversores. La posibilidad de una segunda oferta a una valoración superior, en caso de que el BBVA alcanzara entre el 30% y el 50% del capital, infló artificialmente las expectativas de precio. Esta dinámica llevó a muchos accionistas a rechazar la oferta inicial, esperando una mejoría que finalmente nunca llegó.
El fenómeno, sin embargo, no se circunscribe a España. Según datos recopilados por la consultora Dealogic, el volumen de operaciones bancarias frustradas en Europa durante 2025 supera los 30.000 millones de euros. Esta cifra resulta aún más significativa cuando se contrasta con las operaciones que sí han llegado a buen puerto, que suman aproximadamente 35.000 millones. La brecha entre ambas cifras revela un escenario de incertidumbre y resistencia sin precedentes en el sector.
Italia ha sido el otro epicentro de este movimiento de concentraciones fallidas. En el país transalpino, el consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, protagonizó dos intentos de expansión que chocaron frontalmente con la voluntad política. Su primera aproximación, dirigida a la entidad BPM, se encontró con una serie de exigencias por parte del Gobierno de Giorgia Meloni que resultaron inasumibles para el banco: comprometerse a no reducir el ratio préstamos-depósitos de BPM durante cinco años, completar la desinversión en Rusia antes de 2026 y mantener intacta la cartera de financiación de ambas entidades.
Frente a estas condiciones, Orcel, que ya había tenido roces con el Ejecutivo alemán por su interés en el Commerzbank, optó por la retirada estratégica. Su decisión contrasta con la postura de Carlos Torres en el BBVA, marcando dos filosofías diferentes de afrontar la presión gubernamental.
Pero la lista de frustraciones no termina ahí. También en Italia, Mediobanca vio frustrado su intento de adquisición de Banca Generali. Aunque los detalles específicos de esta operación no han trascendido con la misma profusión, su inclusión en el registro de operaciones fallidas confirma la tendencia.
Estos casos comparten un denominador común: la intervención decidida de los gobiernos nacionales para proteger lo que consideran intereses estratégicos. Ya sea preservando la identidad de entidades con arraigo local, como en el caso del Sabadell, o imponiendo condiciones de política industrial, como en Italia, la autoridad política ha recuperado protagonismo en un sector que durante décadas había operado con relativa autonomía.
Paralelamente, las expectativas de los inversores han alcanzado niveles que dificultan el cierre de operaciones. La búsqueda de primas de control cada vez más altas, combinada con la especulación sobre ofertas sucesivas, ha creado un caldo de cultivo propicio para el fracaso. Los accionistas, lejos de aceptar ofertas razonables, prefieren mantener sus posiciones esperando mejores condiciones que, en muchos casos, no materializan.
El resultado de esta doble presión —gubernamental y de mercado— ha sido una oleada de frustraciones que cuestiona el mantra de las fusiones bancarias como vía infalible para crear valor. Durante años, la industria ha operado bajo la premisa de que la concentración genera sinergias, reduce costes mediante cierres de oficinas y permite recortes de plantilla. Sin embargo, la realidad de 2025 demuestra que esta fórmula ya no es automática.
Los banqueros europeos se enfrentan a un nuevo paradigma donde el factor político es tan determinante como el económico. La capacidad de negociar con gobiernos, anticipar sus objeciones y diseñar estructuras que preserven intereses nacionales se ha convertido en una competencia esencial. Aquellos que, como Orcel, saben leer el contexto político y retirarse a tiempo, evitan mayores pérdidas de reputación y recursos. Quienes, como Torres, insisten hasta el final, arriesgan no solo el fracaso, sino también un deterioro en sus relaciones con las autoridades.
La lección para el sector es clara: el escenario regulatorio y político ha cambiado de forma sustancial. Las autoridades de competencia ya no son el único obstáculo a superar. Los gobiernos nacionales, sensibles a la opinión pública y al impacto social de las concentraciones bancarias, han recuperado herramientas de intervención que creían perdidas.
Para los inversores, la conclusión es igualmente evidente. La especulación sobre primas futuras y la resistencia a aceptar ofertas razonables puede resultar contraproducente. En el caso del Sabadell, quienes rechazaron la opa del BBVA esperando una mejor oferta se han quedado con un título cuya valoración ha quedado cuestionada.
El año 2025 probablemente pasará a la historia como el momento en que la banca europea redescubrió los límites de su poder. En un contexto de creciente fragmentación política y social, las grandes operaciones corporativas ya no dependen únicamente de la voluntad de los accionistas y los directivos. La sociedad, a través de sus representantes políticos, ha reclamado un asiento en la mesa de negociación, y su voz resulta determinante.
Este nuevo equilibrio de fuerzas obligará a replantear las estrategias de crecimiento. Las expansiones agresivas, las opas hostiles y las promesas de sinergias millonarias tendrán que sustituirse por aproximaciones más consensuadas, que tengan en cuenta no solo el retorno para los accionistas, sino también el impacto en empleo, en la competencia local y en la estabilidad financiera nacional.
El fracaso de las operaciones de 2025, con sus 30.000 millones de euros en juego, no es un episodio aislado, sino el síntoma de una transformación estructural en la gobernanza del sector financiero europeo. Los bancos que mejor se adapten a este nuevo entorno serán los que prosperen en la década venidera.