La crisis humanitaria desatada en Badalona tras el desalojo del antiguo Instituto B9 ha dado un giro significativo con la consecución de un acuerdo de emergencia entre entidades sociales y la Generalitat de Catalunya. Este pacto, anunciado este martes, permitirá reubicar a gran parte de las personas afectadas, que desde hace días permanecen en situación de extrema vulnerabilidad bajo el puente de la C-31 y en otros espacios de la ciudad.
El pasado domingo, un grupo de los antiguos residentes del edificio ocupó Can Bofí Vell, una antigua masía que hasta 2024 funcionaba como el único albergue municipal para personas sin hogar en Badalona. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Urbana de Badalona intentó desalojar el inmueble ese mismo día, pero la ocupación ya estaba consolidada, lo que obligará a iniciar un proceso judicial para su desalojo legal. Esta acción policial ha sido criticada por las entidades, que consideran que la respuesta institucional debería haber sido ofrecer alternativas, no más desalojos.
Desde el desalojo del B9, decenas de migrantes han permanecido acampados bajo el puente de la C-31, expuestos a las inclemencias del tiempo y sin acceso a servicios básicos. Han sido seis noches de espera mientras las administraciones y las organizaciones sociales negociaban una solución viable. Las condiciones de vida son precarias: sin agua corriente, sin electricidad y con temperaturas nocturnas que en estas fechas pueden ser muy bajas.
La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha intervenido activamente en el conflicto. En una reunión celebrada esta mañana con representantes de los afectados y el Departament de Drets Socials, la síndica recordó al Ayuntamiento de Badalona la obligación de cumplir con la interlocutoria judicial que exige activar los protocolos y recursos disponibles para acompañar a las personas desalojadas. Esta intervención ha sido crucial para desbloquear la situación.
Giménez-Salinas ha expresado su preocupación por la "falta de colaboración" del consistorio badalonés en la resolución de esta crisis. La reunión ha servido para consensuar una salida residencial de emergencia y un acompañamiento social y jurídico para los afectados, un avance que la síndica ha celebrado públicamente. Su papel ha sido el de mediadora entre las partes, garantizando que se respeten los derechos fundamentales.
El operativo de traslado se ha activado este 23 de diciembre. Dos microbuses se desplazaron hasta Can Bofí Vell durante la mañana para trasladar a la quincena de migrantes que habían ocupado el antiguo albergue. Estas personas han sido realojadas en otros equipamientos, aunque las fuentes no han especificado cuáles. El traslado se ha realizado de forma ordenada y con el apoyo de trabajadores sociales.
El acuerdo alcanzado abarca tanto a los ocupantes de Can Bofí Vell como a las aproximadamente 140 personas que pernoctan bajo el puente de la C-31. Este martes por la tarde, un nuevo dispositivo conjunto de Servicios Sociales municipales, de la Generalitat y de entidades sociales ha comenzado a trabajar en la zona para ofrecer alternativas a quienes aún permanecen en la calle. La operación es compleja y requiere tiempo para identificar necesidades individuales.
El proceso de reubicación se extenderá durante las próximas horas, con el objetivo de que ninguna persona pase la Nochebuena sin techo. Las organizaciones sociales han destacado la urgencia de la situación y la necesidad de coordinación entre administraciones. La fecha cercana a las fiestas navideñas ha aumentado la presión mediática y social para resolver la crisis.
La plataforma Lafede – Justícia Global ha calificado el desalojo del B9 como "una muestra más del aumento de políticas racistas y aporofóbicas" que afectan de manera especialmente grave a la población migrante. Esta valoración pone de manifiesto el debate político que subyace a la crisis. Para estas organizaciones, el desalojo es parte de una tendencia más amplia de criminalización de la pobreza.
La tensión entre el Ayuntamiento de Badalona, dirigido por el Partido Popular, y la Generalitat, en manos de ERC y Junts, ha marcado las negociaciones. El gobierno local ha sido acusado de inacción y de no priorizar la protección de los colectivos más vulnerables. Esta dinámica política ha complicado la gestión de la emergencia.
El caso del B9 no es aislado. Badalona lleva años enfrentando problemas de vivienda social y exclusión residencial, agravados por la crisis económica y la llegada de personas migrantes en busca de oportunidades. El edificio del antiguo instituto había sido ocupado como solución de emergencia ante la falta de alternativas. La ciudad tiene una de las tasas más altas de desahucios de Catalunya.
Expertos en derechos humanos advierten que esta situación refleja una emergencia social estructural que requiere políticas de largo alcance, más allá de soluciones puntuales. La falta de vivienda pública y la burocracia en el acceso a recursos sociales crean callejones sin salida para muchas personas. Catalunya tiene más de 20.000 personas en lista de espera para vivienda social.
El protocolo de desalojos en Catalunya establece que las administraciones deben garantizar alternativa habitacional cuando se ejecuta un desalojo, especialmente si afecta a personas en situación de vulnerabilidad. La interlocutoria judicial mencionada por la síndica hace referencia precisamente a esta obligación. Sin embargo, su cumplimiento no siempre es efectivo.
Mientras tanto, las entidades sociales continúan trabajando en el terreno. Voluntarios y trabajadores de ONG distribuyen alimentos, ropa y asesoramiento legal a las personas acampadas bajo el puente. Su labor ha sido fundamental para mantener la presión y conseguir el acuerdo. Organizaciones como Cáritas, Cruz Roja y la PAH han estado presentes desde el primer día.
El realojo no resuelve el problema de fondo. Muchas de estas personas carecen de documentación, lo que les impide acceder a prestaciones y empleo formal. La vía administrativa para regularizar su situación es compleja y requiere de asesoría especializada. Sin papeles, no pueden acceder a la sanidad pública ni a ayudas.
La Generalitat ha anunciado que destinará recursos del Fondo de Emergencia Social para hacer frente a esta crisis, aunque no ha concretado cifras. El departamento de Drets Socials se ha comprometido a seguir mediadora en el conflicto. El fondo tiene un presupuesto de 30 millones de euros para 2024.
Para las familias con menores, la situación es aún más dramática. La protección de la infancia es un derecho fundamental que queda comprometido cuando niños y niñas pasan noches al raso en pleno invierno. La ley catalana de infancia obliga a las administraciones a actuar con máxima celeridad.
El Ayuntamiento de Badalona, por su parte, ha mantenido un perfil bajo durante las negociaciones. Fuentes municipales han declarado que están cumpliendo con la legalidad y que la competencia en materia de vivienda social es compartida. El alcalde, Xavier García Albiol, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema.
El plazo para completar el traslado de todas las personas es incierto. Las entidades advierten que el proceso debe ser respetuoso y que cada persona debe ser informada de sus derechos y opciones. No se puede repetir el error de desalojar sin alternativa.
La presión mediática y la movilización ciudadana han sido clave para que la situación no cayera en el olvido. Colectivos de Badalona y de toda Catalunya han organizado concentraciones y recogidas de firmas. Una manifestación multitudinaria recorrió las calles de Badalona el pasado sábado.
El desalojo del B9 ha puesto sobre la mesa la necesidad de una mesa de diálogo permanente sobre políticas de inclusión y vivienda. Las organizaciones sociales exigen que se cree un observatorio para prevenir futuras crisis similares. Propuestas que ya existen en otras ciudades como Barcelona.
Mientras se desarrolla el operativo, las personas afectadas expresan alivio pero también incertidumbre sobre su futuro. "Lo importante es tener un techo, pero después qué pasa", comenta uno de los afectados que prefiere mantener el anonimato. Muchos temen ser trasladados a lugares lejanos de su entorno.
La coordinación entre administraciones sigue siendo el talón de Aquiles. La falta de una estrategia conjunta clara dificulta la respuesta eficaz a emergencias sociales de esta magnitud. Se necesita un protocolo específico para situaciones de desalojo masivo.
El caso ha llegado incluso al Parlament de Catalunya, donde grupos de la oposición han pedido explicaciones al conseller de Drets Socials. Se espera que la cuestión se debata en la próxima sesión plenaria. La CUP y los comunes han registrado una batería de preguntas.
Para el sistema de acogida catalán, esta crisis supone una prueba de fuego. La capacidad de respuesta rápida y efectiva es crucial para mantener la confianza en las instituciones. Catalunya recibe anualmente miles de solicitudes de asilo.
El mensaje de las entidades es claro: no se puede criminalizar la pobreza ni la migración. Las soluciones deben pasar por el diálogo, los recursos y el respeto a los derechos humanos. La ciudadanía badalonesa se ha mostrado solidaria en su mayoría.
Con el acuerdo alcanzado, Badalona da un paso importante, pero queda mucho camino por recorrer. La sostenibilidad de las soluciones dependerá de la voluntad política y de la implicación de toda la sociedad. Este invierno se prevé especialmente duro para las personas sin hogar.