Una imagen permanece grabada en la memoria de Berta, nombre protegido: una mesa larga en el comedor de un piso de la Verneda, documentos desperdigados, ordenadores portátiles encendidos, jóvenes investigadoras trabajando sin pausa. Al fondo, la puerta de la habitación de Ramón Flecha, reputado catedrático de Sociología de la Universitat de Barcelona. "Observabas a mujeres jóvenes entrando y saliendo... En una ocasión, una de ellas rompió a llorar al descubrir que Flecha mantenía relaciones con otra persona y que ella no era la 'elegida', como creía. Recuerdo cómo las demás la consolaban, repitiéndole que no importaba, que las relaciones abiertas son saludables, que la fidelidad no significa eso... Mientras la pobre chica no podía dejar de llorar".
Este episodio, ocurrido hace años, ilustra un patrón que varias mujeres han descrito: un supuesto colectivo de investigación académica que proclamaba transformar la sociedad mediante la excelencia científica y el compromiso feminista, pero que funcionaría como una maquinaria diseñada para el beneficio exclusivo de su carismático líder, quien presuntamente dispondría sexual, académica y laboralmente de sus miembros.
En julio pasado, nueve mujeres y dos hombres presentaron una denuncia formal ante el rectorado de la UB contra Ramón Flecha, de 73 años, catedrático emérito y fundador del grupo de investigación CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos). Desde entonces, cuatro personas más se han sumado a las acusaciones. Los denunciantes aseguran haber sido víctimas de coerción sexual, abuso de poder, violencia psicológica y explotación laboral durante su etapa como becarias, doctorandas o investigadoras en formación. Los hechos denunciados se extienden durante más de treinta años y podrían afectar a decenas de personas.
La Universitat de Barcelona ha iniciado una investigación independiente, sin precedentes en el sistema universitario español, para determinar si los hechos constituyen delitos perseguibles penalmente o infracciones graves de carácter administrativo. El informe final se hará público en las próximas semanas y, si existen indicios de conductas delictivas, el caso será remitido a la justicia ordinaria.
Durante tres meses, se ha contactado con una treintena de personas vinculadas al caso, incluidas dos de las denunciantes y siete ex miembros de CREA en diferentes períodos. Sus relatos, ofrecidos bajo anonimato por temor a represalias académicas y personales, dibujan un presunto engranaje de captación emocional, dependencia afectiva y subordinación laboral y sexual que, según los testimonios, se sustenta en la figura del catedrático y en el respaldo de sus colaboradores más cercanos, entre ellas destacadas profesoras de la institución.
El mecanismo del poder
Los relatos coinciden en señalar una metodología recurrente. Flecha identificaba a estudiantes brillantes, generalmente mujeres jóvenes con inquietudes sociales, y las reclutaba para su proyecto de investigación. El grupo CREA, fundado en los años 90, se presentaba como una comunidad pionera en investigación feminista y transformación social, lo que atraía a jóvenes comprometidas con estos valores.
Una vez dentro, el catedrático establecía una relación de mentoría intensa que progresivamente se convertía en control. Las becarias debían disponer de su tiempo las 24 horas, asistir a reuniones nocturnas en su domicilio, realizar tareas personales y mantener una lealtad inquebrantable. El límite entre lo profesional y lo personal se desdibujaba hasta desaparecer.
"Era un sistema de dependencia total", relata una ex investigadora. "Flecha controlaba tu tesis, tus publicaciones, tu futuro académico, pero también tu vida afectiva. Te hacía creer que sin él no eras nadie en el mundo universitario". Esta dinámica habría facilitado situaciones de acoso sexual y coerción, donde el rechazo podía significar el fin de la carrera académica.
Historias de silencio y archivos
Esta no es la primera vez que Flecha y CREA enfrentan acusaciones de este tipo. En 2004 y 2016 se presentaron denuncias colectivas que finalmente fueron archivadas por la Fiscalía. Los denunciantes de aquella época consideran que el contexto actual, marcado por el movimiento #MeToo y una mayor sensibilización sobre las desigualdades de género en la academia, podría favorecer que ahora las instituciones actúen con mayor contundencia.
"En aquel momento no existía el mismo respaldo institucional ni social para las víctimas", explica una de las personas que participó en la denuncia de 2016. "La universidad nos dio la espalda y la Fiscalía consideró que no había pruebas suficientes. Muchas de nosotras tuvimos que abandonar la academia".
El grupo CREA, mientras tanto, continuó expandiéndose, obteniendo financiación pública y reconocimiento internacional. Flecha recibió premios y distinciones, como el premio de Sociología del Institut d'Estudis Catalans en 2019, mientras las presuntas víctimas guardaban silencio por miedo a las represalias.
La investigación en marcha
La comisión de investigación creada por la UB está integrada por expertos externos a la universidad, incluidos juristas y especialistas en género. Su mandato es analizar las denuncias, recabar pruebas y determinar responsabilidades. Además de las trece personas que han formalizado su denuncia, la comisión ha tomado declaración a testigos y ha solicitado documentación interna.
El rectorado ha adoptado medidas cautelares, como la prohibición de que Flecha mantenga contacto con estudiantes o personal en formación. Sin embargo, las denunciantes critican que estas medidas llegan tarde y son insuficientes.
"Necesitamos que se reconozca el daño causado y que se establezcan mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir", señala una de las denunciantes actuales. "No se trata solo de castigar al culpable, sino de reformar un sistema que permite que un profesor tenga tanto poder sobre el futuro de sus estudiantes".
Impacto en la comunidad académica
El caso ha generado conmoción en el ámbito universitario catalán y español. Asociaciones de estudiantes y colectivos feministas han organizado movilizaciones exigiendo transparencia y medidas contundentes. La pregunta que muchos se hacen es cómo un profesor pudo mantener supuestamente este comportamiento durante décadas sin que la institución actuara de forma decisiva.
Expertos en derecho universitario señalan que la asimetría de poder entre catedráticos y estudiantes de doctorado es estructural y que faltan protocolos efectivos de protección. "La dependencia económica y académica de las becarias las hace extremadamente vulnerables", explica una profesora de otra universidad catalana que prefiere no ser identificada.
El caso Flecha ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar las relaciones de poder en la academia, establecer límites claros y crear canales seguros para las denuncias sin temor a represalias. Mientras tanto, las presuntas víctimas esperan que esta vez la justicia -académica y penal- actúe con la contundencia que el caso requiere.
La investigación de la UB concluirá en breve, pero las secuelas de estas décadas de presuntos abusos perdurarán. Muchas de las denunciantes han visto interrumpidas sus carreras académicas, sufren secuelas psicológicas y demandan no solo reparación individual, sino un cambio estructural en la universidad. El caso ha devenido en un símbolo de los abusos de poder que pueden ocurrir cuando el talento y el prestigio se convierten en escudo de impunidad.
La comunidad académica espera ahora que la institución demuestre su compromiso con la igualdad y la seguridad de sus miembros más vulnerables. La resolución de este caso marcará un precedente para futuras denuncias en el ámbito universitario español y determinará si las palabras sobre compromiso feminista y excelencia ética se traducen en acciones concretas cuando los acusados son figuras consolidadas del sistema.