El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al incremento salarial pactado para el colectivo de empleados públicos, un acuerdo que beneficiará a más de tres millones de trabajadores de la Administración en toda España. La medida, que ya contaba con el respaldo de los principales sindicatos del sector, establece una subida del 2,5% para el presente ejercicio, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, y un aumento adicional del 1,5% para 2026.
Según ha confirmado el titular de Función Pública, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales contempla una mejora retributiva acumulada del 4% para el bienio 2025-2026. No obstante, esta cifra podría incrementarse hasta el 4,5% si la evolución de los precios en el próximo año alcanza o supera el 1,5%, lo que activaría una cláusula de revisión automática que añadiría medio punto porcentual adicional.
Calendario de pagos y afectados
El acuerdo alcanzado tiene un alcance transversal que abarca todas las administraciones públicas, desde el ámbito estatal hasta los gobiernos autonómicos y locales. En concreto, los trabajadores dependientes del Estado, que suman aproximadamente 540.000 personas, percibirán el incremento del 2,5% directamente en la nómina de diciembre, junto con una paga extraordinaria que compensará los atrasos acumulados durante los once meses anteriores.
El Ministerio de Función Pública ha ofrecido un ejemplo ilustrativo: un empleado público con una retribución mensual bruta de 3.300 euros recibirá en diciembre una cantidad adicional de unos 1.140 euros, correspondientes a la diferencia salarial no percibida entre enero y noviembre. Para el resto de administraciones, el ejecutivo ha abierto la posibilidad de abonar estos atrasos de forma inmediata o bien distribuir el pago hasta 2028, lo que proporciona cierta flexibilidad a las distintas entidades territoriales.
Marco sindical y negociación
La ratificación del Consejo de Ministros llega después de un intenso periodo de negociaciones con los sindicatos mayoritarios del sector. Inicialmente, el acuerdo fue suscrito por UGT y CSIF, mientras que CC OO mantenía ciertas reservas sobre algunos aspectos del pacto. Finalmente, este martes la central obrera ha decidido sumarse al consenso, completando así el respaldo de las tres organizaciones sindicales más representativas.
Desde CC OO han emitido un comunicado en el que confirman su adhesión al acuerdo, aunque remarcan que están "pendientes de poder realizar el acto formal de firma junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública". La organización que lidera Unai Sordo ha manifestado su compromiso de "trabajar para el cumplimiento de los compromisos adquiridos" y ha valorado positivamente el resultado de las negociaciones.
Trámite legislativo y convalidación
La aprobación se ha materializado a través de un real decreto ley, una figura jurídica que permite al Ejecutivo legislar de manera urgente sin necesidad de esperar al trámite parlamentario ordinario. Este mecanismo implica que la norma entrará en vigor de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para este miércoles.
No obstante, el texto deberá someterse a convalidación por parte del Congreso de los Diputados en un plazo de treinta días. Si la Cámara Baja rechazara la medida, el real decreto ley perdería su vigencia. Este escenario no es del todo improbable, dado que la semana pasada la senda fiscal presentada por el Gobierno ya fue rechazada en la Cámara, lo que ha generado cierta incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante sus propuestas económicas sin un respaldo parlamentario mayoritario.
Perspectiva plurianual y objetivos
Más allá del bienio inmediato, el acuerdo establece una hoja de ruta que se extiende hasta 2028, con el objetivo de alcanzar una mejora retributiva acumulada del 11% en cuatro años. Esta previsión a largo plazo pretende recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante los años de crisis y asegurar una mejora salarial sostenible que tenga en cuenta la evolución de la inflación.
La estrategia del Gobierno pasa por desvincular las subidas salariales del sector público de la situación política coyuntural y dotarlas de una mayor predictibilidad, algo que los sindicatos han reclamado reiteradamente en las últimas negociaciones. La inclusión de cláusulas de revisión ligadas al IPC busca garantizar que los aumentos no se vean erosionados por la subida de precios.
Impacto económico y presupuestario
Desde el punto de vista macroeconómico, la medida supone un incremento significativo del gasto público en concepto de retribuciones. Aunque el Ejecutivo no ha desglosado el coste total de la operación, las estimaciones preliminares apuntan a que el impacto presupuestario superará los 3.000 millones de euros solo para el presente ejercicio.
Este aumento del gasto se produce en un contexto de presión sobre las cuentas públicas y después de que el Congreso haya rechazado la senda fiscal presentada por el Ministerio de Hacienda. La oposición ha criticado que el Gobierno mantenga una política de incrementos salariales sin contar con el respaldo parlamentario necesario para sus planteamientos económicos globales.
Reacciones políticas y sindicales
Las formaciones de la oposición han mostrado su desacuerdo con la metodología empleada por el Ejecutivo, considerando que la aprobación mediante real decreto ley es una forma de eludir el debate parlamentario. Desde el Gobierno, sin embargo, defienden que la urgencia de la medida, dada la retroactividad desde enero, justifica el uso de este instrumento legal.
Por su parte, los sindicatos han celebrado el acuerdo, aunque algunos han advertido que seguirán vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La unidad sindical alcanzada, con la incorporación de CC OO en el último momento, refuerza la legitimidad del pacto y dificulta una posible oposición frontal en el Congreso.
Siguientes pasos y calendario
Con la publicación en el BOE de este miércoles, los servicios de personal de las distintas administraciones comenzarán a aplicar el incremento salarial en las nóminas de diciembre. Para los empleados de la Administración General del Estado, el proceso está claramente definido: cobrarán la subida del 2,5% más los atrasos en la próxima paga.
En el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, el calendario podría variar ligeramente según sus capacidades de tesorería y sus sistemas de gestión de nóminas. El Ministerio de Función Pública ha recomendado agilizar los pagos, pero ha concedido la flexibilidad de extenderlos hasta 2028 para aquellas entidades que lo necesiten.
La convalidación parlamentaria, prevista para las próximas semanas, será el siguiente hito clave. El Gobierno confía en poder sumar suficientes apoyos, bien a través de los votos de sus socios parlamentarios bien mediante la abstención de algún grupo de la oposición, aunque la situación política actual hace difícil aventurar el resultado final.
Conclusiones
La aprobación de la subida salarial para los funcionarios representa una medida de calado en la política retributiva del sector público español. Con un alcance de más de tres millones de trabajadores y un impacto económico significativo, el acuerdo refleja la voluntad del Gobierno de mantener su compromiso con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.
No obstante, la tramitación mediante real decreto ley y la necesidad de convalidación parlamentaria introducen un elemento de incertidumbre sobre la definitiva consolidación de la medida. La unidad sindical alcanzada y la retroactividad desde enero son argumentos de peso a favor del Ejecutivo, pero la falta de mayoría estable en el Congreso obligará a negociar intensamente para evitar un nuevo revés legislativo.
El sector público, por su parte, recibe la noticia con cierto alivio, aunque con la prudencia de quienes han visto en el pasado cómo los acuerdos salariales se veían alterados por las vicisitudes políticas. La certeza de cobrar los atrasos antes de final de año y la previsibilidad ofrecida para el bienio 2025-2026 son, en cualquier caso, una buena noticia para millones de hogares españoles.